Este martes, el Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) expresó su preocupación por el impacto de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei en el sector pesquero, y advirtió que la exclusión del personal embarcado de la Ley de Contrato de Trabajo implica que los marineros queden “fuera de la ley” y pierdan derechos históricos, según planteó el secretario general del gremio, Pablo Trueba.
Es que, en declaraciones a la prensa, Trueba cuestionó que la nueva normativa incorpore el inciso “G” al artículo 2 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que deja a los pescadores fuera de ese marco general y remite su regulación a la Ley de Navegación 20.094 y a los convenios colectivos. A su entender, esta modificación “altera sustancialmente la estructura de protección laboral vigente hasta ahora para los trabajadores marítimos”.
En tanto, el dirigente de pescadores explicó que una de las consecuencias inmediatas es la pérdida de la ultraactividad de los convenios colectivos, lo que implica que, una vez vencidos, dejan de regir hasta que se firme un nuevo acuerdo. De esta manera, se eliminan normas de respaldo y debilitan la posición de los trabajadores ante eventuales conflictos o vacíos regulatorios.
En esa línea, Trueba sostuvo que la medida supone un retroceso histórico para el sector, y afirmó que “se vuelve 60 años atrás, a la regulación de la ley 17.371 dictada por el gobierno de facto de Onganía”. Al mismo tiempo, el gremialista destacó que la relación laboral de los pescadores pasará a regirse exclusivamente por el contrato de ajuste, es decir, acuerdos temporales que finalizan con cada viaje, sin que exista un vínculo permanente entre el tripulante y la empresa.
En ese sentido, Trueba enumeró una serie de derechos que quedarían comprometidos o directamente eliminados bajo el esquema de la reforma laboral, como la ausencia de vacaciones, la falta de protección en caso de enfermedad y la inexistencia de indemnización al finalizar el contrato, y agregó que “lo máximo a lo que se puede aspirar es a que, si se trabaja 180 días con sucesivos contratos de ajuste, el trabajador pueda quedar efectivo”.
Por caso, el titular del Simape también advirtió que la reforma laboral podría modificar estructuralmente la actividad pesquera, al señalar que “se busca convertir a la pesca en una actividad zafrera”. De esta manera, si el trabajador no alcanza la efectivización tras los contratos sucesivos, no contará con salario a la orden y su continuidad dependerá exclusivamente de nuevas contrataciones temporales.
Asimismo, Trueba remarcó que la dotación de explotación quedará en manos del armador, lo que podría alterar las condiciones de trabajo a bordo sin las garantías previas, y consideró que se promueve un proceso de “deslaboralización del trabajo de pescadores” que afecta la estabilidad y la previsibilidad de la actividad.
“En síntesis, la exclusión sorpresiva del personal embarcado de las regulaciones de la ley de contrato de trabajo resulta en una discriminación de un sector de los trabajadores que, en los hechos, acarrea incertidumbre y avizora un incremento de la litigiosidad en busca del resguardo de los derechos”, concluyó Trueba, al fijar la posición del gremio que nuclea a los pescadores frente a la reforma laboral.
La CGT reúne la mesa chica en la previa al debate de la reforma laboral
En medio de los reproches cruzados, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabeza una nueva reunión de mesa chica para evaluar las próximas medidas de fuerza de cara al tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Senadores, el viernes 27 de febrero.
Es que, una rama de sindicatos combativos, liderados por el titular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, salieron lapidarios a pegarle a la central obrera por la “posición dialoguista“ que tomaron frente a la avanzada de la normativa que para ello quita derechos laborales.
“Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados que aquel que enfrentaron los senadores, no es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento”, advirtió el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
En ese contexto, el encuentro de este miércoles está en plena organización, con lugar y hora a definir, dado el escenario convulso en las propias filas sindicales y del peronismo, luego de los legisladores de los gobernadores que dieron los votos para avanzar con la reforma laboral.
En ese marco, desde la central obrera sopesan que hacer ante la aprobación de la ley de “modernización laboral” mileísta, al mismo tiempo que vuelven a advertir que “no hay contexto para una nueva medida de fuerza”, por lo que ratificarán la postura de avanzar por la vía judicial.
“Veremos qué se puede interpretar del malestar en la calle, pero no vamos a gastar recursos en medidas de acción directa”, señalaron desde la mesa de conducción de la central, tras dar por pérdida la batalla en el Congreso, lo que profundiza la fractura dentro del movimiento obrero.
