La diputada bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Retamoso, presentó en la Legislatura bonaerense dos proyectos para repudiar el accionar del Gobierno provincial y crear una comisión que investigue el caso de los 24 policías cesanteados, acusados de usar recursos estatales para beneficiar la candidatura del excomisario y actual candidato libertario por la Tercera sección, Maximiliano Bondarenko.
La diputada bullrichista acusó al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Seguridad, Javier Alonso, de promover maniobras de espionaje ilegal, persecución política y abuso de poder contra miembros de la Policía Bonaerense señalados por organizar una “confabulación política”. “En la provincia pasan cosas que creíamos del pasado. El espionaje ilegal, las persecuciones políticas y el abuso del poder no son ‘errores’ ni ‘excesos’: son métodos”, cuestionó Retamoso.
A través de una publicación en redes sociales, la candidata legislativa por la Tercera sección precisó que el primero de sus proyectos apunta a “repudiar el accionar vergonzoso” de la gestión kicillofista, mientras que el otro propone crear una comisión que investigue a fondo el caso y “saque a la luz cada maniobra y cada responsable”. “Cuando el poder se usa contra la gente, hay que enfrentarlo con todas las herramientas de la democracia”, fustigó la legisladora.
En ese marco, el proyecto de declaración de Retamoso rechaza “enérgicamente” el accionar del Ejecutivo bonaerense, al que acusa de realizar espionaje político ilegal, aplicar sanciones arbitrarias y ejercer persecución institucional contra efectivos de la Policía Bonaerense, en violación de garantías como el debido proceso, la privacidad de datos y la libertad de pensamiento y asociación.
En paralelo, el proyecto de ley propone la creación de una comisión bicameral integrada por siete diputados y siete senadores, designados por los distintos bloques legislativos, para investigar los hechos vinculados al apartamiento de los 24 policías cesanteados.
La ofensiva política de Retamoso se da en el contexto del giro que tomó la causa judicial por el desplazamiento de los policías bonaerenses vinculados a Bondarenko. En ese marco, el fiscal Álvaro Garganta investiga si el comisario mayor Manuel Ortiz Valenzuela y otros agentes fueron víctimas de espionaje ilegal, luego de que una “denuncia anónima” sirviera como base para iniciar sumarios y aplicar sanciones.
Al respecto, fuentes judiciales informaron que se enviarán oficios a organismos públicos, empresas privadas y Google para identificar desde qué accesos se obtuvo información patrimonial y judicial de Ortiz Valenzuela. La principal hipótesis apunta a una posible violación de la Ley de Datos Personales o a investigaciones hechas sin orden judicial.
Frente a ese escenario, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó públicamente a los efectivos y presentó una denuncia contra Alonso, Asuntos Internos y Kicillof por “persecución ilegal” y “espionaje”. Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense insisten en que los policías cesanteados cometieron “irregularidades graves” y que las sanciones están justificadas.
Alonso cruzó a Bullrich por su injerencia en el caso Bondarenko
Este lunes, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, cuestionó a su par de la Nación, Patricia Bullrich, por intervenir en el sumario administrativo contra los 24 policías bonaerenses acusados de realizar actividades partidarias durante su horario laboral, y aseguró que se trató de una acción que viola la normativa vigente.
En ese sentido, el funcionario de Axel Kicillof señaló que los efectivos de la Policía Bonaerense habrían convertido dependencias policiales en “células militantes” de La Libertad Avanza, y que la causa se mueve, además de en la delegación de Asuntos Internos, en la Justicia.
En tanto, Alonso detalló que la Auditoría General de Asuntos Internos recibió una denuncia con pruebas como capturas de pantalla, audios y videos que demostrarían que los agentes elaboraban pedidos de informes con membrete partidario dirigidos a autoridades municipales y provinciales, utilizando información sensible y rompiendo las reglas de las fuerzas.
En ese momento, el titular del ministerio de Seguridad bonaerense cuestionó que Bullrich se involucre “tanto” en un procedimiento interno de la provincia de Buenos Aires, y recordó que las propias reformas impulsadas por Nación en las leyes orgánicas de las fuerzas federales mantienen la prohibición de realizar actividades políticas dentro de la policía.
