El diputado bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Romo, salió con los tapones de punta a cruzar a la oposición por criticar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, que reforma la Ley de Inteligencia Nacional, y modifica de manera sustancial el funcionamiento de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
“Ya que los kukitas y sus socios de Corea del Centro salieron a instalar una fake news sobre la que SIDE iba a secuestrar gente, les dejo la información de verdad”, escribió a través de sus redes sociales el titular de la bancada violeta en la Cámara baja bonaerense y militante de las Fuerzas del Cielo, agrupación que lidera el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Según Romo, la SIDE solo podrá aprehender en tres circunstancias: en el marco de una operación de inteligencia, con el objetivo de proteger la propia operación, bienes o personal; en la comisión flagrante de un delito, un delito que esta pasando en el momento; en el marco de una operación conjunta con la Justicia, donde expresamente el Poder Judicial pida la aprehensión de una persona sospechada de cometer un delito.
“La SIDE está realizando un operativo para determinar si hay o no espías iraníes en un departamento, supongamos en el piso 4 departamento A de un edificio. Si en el medio del operativo, una persona que vive en el departamento B del piso 4 quiere bajar a buscar una pizza que pidió por Rappi, el agente de inteligencia puede ‘aprehenderlo’“, explicó Romo.
No obstante, el libertario dio otro ejemplo: “Si un agente encuentra a un narco vendiendo merca lo puede aprehender, no detener porque la SIDE no puede detener gente. En este caso, se tiene que dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad para que luego de la aprehensión, lo detengan y lo lleven a la comisaría dando aviso a un juez para que se cumplan todas las garantías constitucionales”.
“En ningún momento hay secuestros sin aviso ni nada de las fantasías que se inventan los zurdos y sus cómplices de la oposición de Corea del Centro, por último, y no por ello menos importante, los únicos agendes de la SIDE que están habilitados a aprehender a otra persona por alguna de estas 3 razones, son los que estén expresamente autorizados para estar llevando a cabo la misión encomendada”, concluyó el legislador.
Vale precisar que, las aclaraciones del legislador violeta vinieron luego de que dirigentes de la oposición pusieron el grito en el cielo con el DNU n° 941/2025 que dispone, entre otros puntos, que la Agencia de Seguridad Nacional, que pasará a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, redefina sus funciones para orientarlas a la identificación y análisis preventivo de amenazas, al mismo tiempo que habilita que todas las actividades revistan carácter encubierto por su “sensibilidad estratégica”.
Además, el decreto amplio el concepto de contrainteligencia, incluyendo medidas pasivas obligatorias en todo el sector público. Así, los cambios dotan de mayor centralización a la SIDE que coordina en las sombras el asesor presidencial, Santiago Caputo, que concentrará la aprobación y control de los presupuestos de inteligencia como también la supervisión de gastos reservados.
Por caso, el diputado bonaerense del FIT-U, Christian “Chipi” Castillo, reclamo que el nuevo decreto sea anulado por el Congreso nacional, tras advertir que la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado implica “un salto en el espionaje a opositores políticos y periodistas, y en la legalización de un Estado policial”.
“Gestapo para todos y todas, cuanto más detenidamente se lee el DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional, más evidente se vuelve su gravedad, como lo advirtió Alejandro Esteban “Topo” Rodríguez, el alcance del decreto es muchísimo más amplio y peligroso, no se limita a los organismos de inteligencia: involucra a todo el sector público nacional”, escribió el jefe de la bancada de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro.
En ese marco, los diputados nacionales del interbloque Unidos elevaron este viernes un reclamo a los titulares de ambas Cámaras para “la urgente regularización y conformación” de la comisión Bicameral permanente de Trámite Legislativo y de la Comisión Especial Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia para analizar en el corto plazo la validez del DNU de la SIDE.
Por su parte, el ex diputado nacional, Leopoldo Moreau, advirtió que la modificación de la Ley de Inteligencia Internacional, viola expresamente la Constitución Nacional. “Significa la creación de una “policía secreta” y clausura la posibilidad de la conducción civil de la inteligencia militar, es la segunda vez que Milei dicta un DNU para modificar la estructura y las normas que rigen el sistema de Inteligencia”, señaló.
Además, el ex legislador que ocupo la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso Nacional, organismo encargado de supervisar e investigar a la SIDE desde el Poder Legislativo, agregó: “En este caso, pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.
Romo defendió la reestructuración de la SIDE: todos los detalles de la nueva normativa
Uno de los ejes centrales de la norma es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), áreas de inteligencia de las fuerzas armadas, policiales, de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines.
De esta manera, el nuevo espacio funcionará bajo la conducción de la Secretaría de Inteligencia de Estado, con el objetivo de coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica. El Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de actuar con rapidez y recurrió al mecanismo constitucional del DNU ante la imposibilidad de esperar el trámite legislativo ordinario.
En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN) que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional con el apoyo de organismos públicos, entre los que figuran los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Seguridad Nacional, el Registro Nacional de las Personas, la Dirección Nacional de Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.
Otro cambio clave es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. El DNU crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), como organismo descentralizado en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros, que será la autoridad nacional en materia de protección del ciberespacio, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos.
A su vez, la norma establece el ordenamiento de la inteligencia militar. El DNU dispone la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transfiere sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de eliminar una superposición histórica y mejorar la eficiencia del sistema.
En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos que integran el sistema.
Por último, el DNU habilita además de manera expresa a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del Secretario de Inteligencia, y establece que todas las actividades de inteligencia revisten carácter encubierto por su sensibilidad estratégica.
