Este martes, el Gobierno nacional de Javier Milei quedó nuevamente enfrentado con los sectores que reclaman la puesta en marcha de la asistencia prevista por ley. Es que, trabajadores de la salud pediátrica, organizaciones universitarias y colectivos vinculados a la discapacidad se unieron para movilizar hacia Plaza de Mayo y reclamar la aplicación efectiva de las normas que los protegen.
Cabe recordar que, la protesta de los tres sectores exige la entrada en vigencia de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Emergencia en Discapacidad que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas formalmente, pero su ejecución quedó suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, que argumenta la falta de financiamiento.
Es preciso mencionar que, los gremios universitarios, las asambleas del Hospital Garrahan y agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad señalaron que la decisión del Ejecutivo implica un desconocimiento del mandato legislativo, ya que las normas fueron tratadas, votadas y ratificadas tras los vetos presidenciales. La concentración se realizará en Plaza de Mayo a las 16 horas, donde será leído un documento conjunto.
Desde las organizaciones que nuclean al sector de la discapacidad se informó que la manifestación será la continuidad de las acciones iniciadas el viernes pasado frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde no fueron recibidos por las autoridades. “Nos cerraron las puertas. No nos quisieron atender”, denunció Rocío Librandi, integrante del Frente de Lucha Tribuna Disca y prestadora en el sistema de atención, al remarcar que la medida busca visibilizar “la violencia institucional con la cual se maneja el Gobierno”.
En tanto, la ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como referencia, fue aprobada en respuesta a la crítica situación del sistema público de atención infantil y a la crisis en las residencias de salud. Su aplicación quedó en suspenso al igual que la ley de Financiamiento Universitario, que establece la actualización automática de los gastos de funcionamiento y la recomposición salarial del personal docente y no docente.
En tanto, las distintas organizaciones que nuclean a los trabajadores universitarios remarcan que la falta de actualización presupuestaria afecta la continuidad de actividades básicas, al tiempo que aseguran que la decisión oficial agrava el deterioro salarial del personal, mientras el sector de discapacidad advierte que la postergación de la aplicación de la ley implica la continuidad de demoras en pagos y precarización de prestadores esenciales para la atención de niños, niñas y adultos con dependencia permanente.
En este contexto, el reclamo conjunto fue organizado para visibilizar que los tres sectores se encuentran en una situación similar, ya que lograron que el Congreso sancione las leyes, pero su ejecución quedó frenada por decisión administrativa. Librandi explicó que lograron mediante la “movilización popular arrancarle al Gobierno las leyes de Emergencia Pediátrica, de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, y ahora estamos a la espera de que las normas puedan ser aplicadas”.
Además del paro en el Garrahan, las universidades también anunciaron medidas de fuerza con protestas que iniciaron este martes y continuarán mañana a través de distintas federaciones docentes. Las movilizaciones incluyen radios abiertas y mesas de difusión para informar el alcance de las suspensiones dispuestas por el Poder Ejecutivo, ya que los gremios remarcan que la falta de ejecución implica, en los hechos, un vaciamiento de las leyes y el desconocimiento del proceso legislativo.
Desde las agrupaciones de discapacidad insisten en que la situación impacta directamente en las familias, que dependen de las prestaciones para garantizar terapias, cuidados domiciliarios, acompañamiento terapéutico y traslados. Según expresaron las organizaciones convocantes, el Gobierno “promulga, pero suspende”, lo que obliga a sostener un estado de movilización permanente.
El Gobierno se enfrenta a salud, universidades y discapacitados
La suspensión de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica fue instrumentada mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados este martes en el Boletín Oficial. Allí se promulgó la Ley N° 27.795, que crea un nuevo régimen presupuestario para las universidades públicas, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria pediátrica, aunque ambas quedaron sin aplicación “hasta que el Congreso especifique la fuente de los recursos”.
Cabe señalar que, la normativa universitaria prevé la actualización automática de los gastos de funcionamiento en base al Índice de Precios al Consumidor y ordena la recomposición salarial de docentes y no docentes. Sin embargo, el Gobierno argumentó que el impacto presupuestario sería de $1,06 billones en 2025, y resolvió suspender su ejecución.
En tanto, la ley de emergencia en pediatría establece una asignación prioritaria de recursos para hospitales públicos de atención infantil, medicamentos, infraestructura, personal y residencias médicas, con un costo estimado de $196.270 millones. Según el decreto, esa cifra supera ampliamente las partidas disponibles en el Ministerio de Salud.
El Ejecutivo fundamentó su decisión en que los textos aprobados “no detallan la fuente de financiamiento”, y dispuso que las leyes quedarán postergadas hasta que el presupuesto nacional incorpore las partidas necesarias, replicando el criterio utilizado un mes atrás con la ley de Emergencia en Discapacidad.
