En las últimas horas, el municipio de General San Martín declaró en emergencia a las micro, pequeñas y medianas empresas y creó un Comité de Crisis para monitorear el impacto de la crisis económica sobre la actividad comercial e industrial del distrito, a través de una ordenanza impulsada por el intendente Fernando Moreira (Fuerza Patria) que fue aprobada este jueves por el Concejo Deliberante con los votos de los ediles oficialistas y el rechazo de los bloques del PRO y La Libertad Avanza.
De acuerdo a lo que explicó el jefe comunal, la medida amplía el alcance del Plan de Alivio Fiscal que General San Martín ya había puesto en marcha para las pymes, que contempla una reducción de la tasa de Seguridad e Higiene y elimina el costo de las nuevas habilitaciones y permisos para comercios y fábricas, mientras que la declaración de emergencia incorpora además medidas vinculadas con las deudas que mantienen las empresas con el municipio.
En ese marco, la ordenanza que lleva la firma de Moreira y obtuvo el respaldo del Concejo Deliberante establece la suspensión de las acciones judiciales que se encuentran en curso contra empresas que registren deudas, por lo que la Municipalidad desiste temporalmente de avanzar con esos cobros, al tiempo que dispone la suspensión del inicio de nuevos juicios por el mismo motivo.
En tanto, uno de los principales puntos de la ordenanza es la conformación de un Comité de Crisis integrado por representantes del municipio, de las cámaras empresarias, de los sindicatos y de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que tendrá como función analizar los efectos de la crisis sobre la economía del distrito y proponer acciones para abordar de manera temprana los problemas derivados de la caída de la actividad.
Al presentar el proyecto ante el Concejo Deliberante, Moreira sostuvo que General San Martín atraviesa un escenario especialmente complejo para su entramado productivo, y afirmó que el distrito registra “cifras críticas en cierre de empresas, desempleo y capacidad industrial utilizada”, que según señaló actualmente es inferior al 50%.
“Pese al escenario adverso, quiero destacar la capacidad de resistencia del empresariado y de los trabajadores, y reafirmar el compromiso del municipio para acompañar al sector productivo, mientras se espera una salida política a la crisis”, sostuvo el intendente que estableció la emergencia de las pymes hasta el 31 de diciembre.
Por otra parte, desde el Ejecutivo de General San Martín anunciaron que continuará vigente el programa “Compre Local”, a través del cual la administración pública municipal prioriza la contratación de empresas radicadas en su territorio. “Sabemos que la situación es más que apremiante, por eso seguirá este programa, con el que la Municipalidad prioriza el empleo sanmartinense”, señaló el Moreira.
La crisis de las pymes excede a San Martín y alcanza a todo el país
Es preciso mencionar que, la situación de General San Martín se enmarca en una caída más amplia del número de empresas empleadoras en la Argentina. Según datos del Sistema de Riesgos del Trabajo (SRT), entre noviembre de 2023 y marzo de 2026 se registró una baja neta de 26.448 empresas, mientras que solamente durante el primer trimestre de este año desaparecieron 3.840 firmas y 2.011 de esas bajas se produjeron en marzo. Del total acumulado, el 98% correspondió a pequeñas y medianas empresas.
El impacto también se observa específicamente en la industria manufacturera, un sector particularmente relevante para un distrito como San Martín. Es que, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado sobre datos de la SRT y actualizado hasta mayo de 2026, registró una reducción de 4.020 industrias manufactureras respecto de noviembre de 2023, al pasar de 49.622 a 45.602 unidades productivas con trabajadores registrados, mientras que en el mismo período se perdieron 97.312 puestos de trabajo industriales registrados.
El deterioro también se refleja en el nivel de utilización de las fábricas: en junio de 2026 la capacidad instalada de la industria manufacturera se ubicó en 59,1%, lo que significa que alrededor de cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar. En un relevamiento de 180 casos de cierres, suspensiones de líneas, despidos o suspensiones registrado durante 2026, las pymes representaron el 54,4% de los casos, mientras que los sectores más afectados fueron alimentos y agroindustria, la industria metalúrgica y automotriz y el sector textil, calzado y cueros.
