El Ministerio de Seguridad Nacional estableció el Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), una nueva herramienta destinada a reforzar la vigilancia en los traslados de hinchas hacia y desde los estadios. La medida se oficializó mediante una resolución publicada este 13 de marzo en el Boletín Oficial, donde el Gobierno nacional detalló los alcances de la iniciativa orientada a prevenir incidentes vinculados a espectáculos deportivos.
La resolución habilita a las autoridades de seguridad a realizar controles preventivos en rutas nacionales y accesos interurbanos cuando existan desplazamientos hacia partidos u otros eventos deportivos. En ese marco, los agentes podrán interceptar vehículos, instalar retenes y aplicar dispositivos de fiscalización para detectar situaciones que representen riesgos para la seguridad pública durante los traslados de parcialidades.
Según consta en la resolución, diversas fiscalizaciones detectaron la presencia de armas de fuego, armas blancas de gran tamaño, estupefacientes y personas en estado de intoxicación alcohólica durante traslados organizados hacia estadios. Las autoridades consideraron que esas situaciones representan un riesgo para la seguridad pública y pueden afectar el desarrollo normal de los encuentros deportivos.
En ese contexto, la cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, dispuso que el PROFERED funcione bajo la órbita de la Unidad de Coordinación de Traslados Interjurisdiccionales de la Dirección de Seguridad en Eventos Deportivos, dependiente de la Secretaría de Seguridad Nacional.
Por caso, la iniciativa de la administración libertaria apunta a centralizar la planificación y ejecución de los traslados de hinchas que atraviesan distintas jurisdicciones durante los partidos. De este modo, la política de prevención se amplía más allá de los estadios y abarcará rutas, terminales de transporte, aeropuertos y pasos fronterizos vinculados al movimiento de simpatizantes.
Asimismo, el programa federal pretende promover la articulación entre los agentes nacionales, provinciales y municipales para abordar los riesgos asociados a concentraciones masivas vinculadas al deporte. Incluso, la iniciativa también prevé la participación de actores de la sociedad civil y de las instituciones deportivas en la gestión de los dispositivos de prevención.
Entre los aspectos operativos del nuevo esquema, la resolución establece que los organismos intervinientes podrán impedir el ingreso o traslado de objetos que representen un riesgo para la seguridad, aun cuando su portación no constituya delito. El texto menciona herramientas, mástiles u otros elementos que, en determinadas circunstancias, podrían utilizarse para provocar incidentes durante eventos deportivos.
Finalmente, la norma también asigna responsabilidades específicas a los clubes participantes en los operativos de traslado de hinchas. En particular, el jefe de seguridad de cada institución deberá informar de manera previa la cantidad aproximada de personas que viajarán en ómnibus hacia los estadios, un dato que permitirá planificar los controles y distribuir recursos de seguridad en rutas y accesos donde se realicen los operativos.
Seguridad impulsa un consejo federal para detectar y prevenir delitos económicos
En paralelo a la creación del Programa Federal de Control en Ruta para Eventos Deportivos (PROFERED), el Gobierno libertario avanzó con otra iniciativa en materia de seguridad y coordinación institucional. A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad oficializó la creación del Consejo Federal de Delitos Económicos, orientado a fortalecer la prevención e investigación de este tipo de criminalidad en todo el país.
La medida quedó formalizada mediante la Resolución 230/2026, firmada por la cartera que conduce Alejandra Monteoliva. Según establece la normativa, el nuevo organismo funcionará en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
El texto oficial señala que el consejo tendrá como misión generar un espacio de coordinación interjurisdiccional para la prevención e investigación de los delitos económicos. En ese marco, el organismo nacional deberá asistir en la detección de distintas modalidades de criminalidad económica que se registren en el territorio argentino.
Entre las funciones previstas, el consejo también deberá recolectar y sistematizar información sobre estos delitos a partir de fuentes abiertas y de datos aportados por las fuerzas federales, las policías provinciales y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Además, el nuevo ente regulador elaborará indicadores y producirá informes periódicos destinados a orientar el trabajo de las áreas involucradas en la investigación de estos ilícitos.
