Tras el últimatum que Axel Kicillof le envió a la Legislatura, el Senado bonaerense tendrá en la tarde de este jueves una sesión ordinaria para tratar, entre otras cosas, el proyecto de ley enviado por Gobernación para autorizar un endeudamiento por hasta USD 1.045 millones y para suspender las millonarias deudas que acarrean los intendentes en concepto del Fondo Covid.
Esta mañana, el Gobernador enfatizó acerca de la “imperiosa” necesidad de que la Legislatura trate la “ley corta”, que se utilizará para refinanciar la deuda tomada por la exmandataria María Eugenia Vidal. Rápida de reflejos, la titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, llamó a una sesión para este jueves a las 16 horas con el objetivo de, principalmente, darle media sanción a esa propuesta.
Por eso, el plato fuerte de la sesión será la normativa que Kicillof presentó en mayo, que autoriza a que el Gobierno se endeude por hasta USD 1.045 millones, el mismo monto que pidió en el Presupuesto 2024 que terminó cayendo en saco roto por el bloqueo de la oposición. Asimismo, también suspende las deudas de $7.100 millones que contrajeron los municipios, permite que el Tesoro General emita letras por hasta USD 250 millones y prorroga una serie de emergencias hasta diciembre de 2026.
En ese sentido, el papel de la oposición será vital ya que ellos aún tienen la llave que Kicillof necesita para sancionar su ley, dado que los pedidos de endeudamiento ameritan los votos de los dos tercios del recinto. Teniendo en cuenta que a partir de diciembre habrá un nuevo esquema legislativo que favorecerá al oficialismo, los sectores desertores del Gobierno pujan para que la discusión presupuestaria ocurra antes de fin de año.
La semana pasada, legisladores nacionales y provinciales del radicalismo se reunieron en La Plata a modo de presionar a Kicillof para que presente el Presupuesto. En aquel cónclave, un fantasma revoloteaba por el aire del salón 9 del Palacio Legislativo: el Gobernador planea tratar su pedido de endeudamiento antes de diciembre para no tener que debatir la Ley de Leyes. Una hipótesis que, a priori, comenzó a tomar fuerza este lunes con la convocatoria de la sesión del Senado.
Según pudo saber Diputados Bonaerenses, el PRO y los dos senadores radicales del bloque Somos Buenos Aires están dispuestos a sentarse a debatir con el peronismo para negociar la letra chica del endeudamiento como así también del Presupuesto 2026, que Kicillof debía enviar antes del 31 de agosto. No obstante, los deseos de conversar no significaría que esté garantizado el apoyo en el recinto.
En los números, el peronismo necesita llegar a los dos tercios en ambos recintos: 31 votos en el Senado y 61 en Diputados. En la Cámara alta el oficialismo requiere 10 manos más, mientras que en la baja, de 34. Descontando el apoyo de los tradicionales aliados libertarios dialoguistas (3 en Senado y 9 en Diputados), el radicalismo figura como un árbitro en este partido y por ahora está lejos de pitar a favor de Kicillof, por lo menos si es que no se escuchan sus reclamos. A eso, se le suma el peso que tendrá la opinión de los intendentes boina blanca, que influirá en la postura que tendrá el bloque del Partido Centenario.
Dado que el Gobierno provincial atraviesa su segundo año consecutivo sin Presupuesto, debido a la falta de consensos con otros sectores del arco político, desde la oposición quieren dejar atrás la imagen de la última sesión del 2024 y que esta vez sí se sancione la Ley de Leyes. En este contexto, lo que suceda este jueves con el pedido de endeudamiento de Kicillof será una especie de termómetro para pronosticar la temperatura que tendrá la pelea por la ley de gastos y recursos del periodo entrante.
“Tiene que haber un acuerdo de las dos Cámaras, con Presupuesto, con la Fiscal Impositiva, con informes de ejecución presupuestaria, que sepamos cuánto están gastando, cuánto están recaudando, cuánto necesitan. Tiene que ser con todos los cargos que están vencidos, que sin eso la provincia no puede funcionar. En un sistema republicano debe haber acuerdo de la oposición y no mandatos extendidos que terminan dependiendo del Ejecutivo. Hay un montón de cosas que faltan para que esto salga”, adelantó un senador radical en diálogo con este medio.
Durante la reunión de la semana pasada, el radicalismo expuso varias de las exigencias que tendrá a la hora de analizar el Presupuesto 2026, y uno de ellas está fuertemente vinculado al pedido de endeudamiento que se debatirá este jueves. Esa normativa de 34 páginas enviada por Kicillof, establece que el 8% de la deuda total irá destinado para los municipios, un número muy alejado del 16% que reclamaba la oposición en 2024.
Otro de los focos que tendrá la conversación del Presupuesto 2026 será el pedido de cargos en la Suprema Corte bonaerense, que actualmente tiene cuatro vacantes, y en el Banco Provincia, que tiene prorrogados los mandatos del directorio. Ambas jurisdicciones son del interés del radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza. “Con el argumento de que pareciera que la discusión de cargos es algo que está mal, el Gobernador se escuda en eso y sigue gestionando como él quiere”, se quejó en el mitin el titular de los diputados de UCR+Cambio Federal, Diego Garciarena.
Desde la UCR plantean que el Presupuesto 2026 debe incluir varias problemáticas que, según evalúan, no son atendidas por Gobernación. Una de ellas es el panorama del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), que viene registrando desde hace varios meses una ola de críticas de afiliados y de profesionales de la salud sobre los recortes en las prestaciones y la tardanza en los turnos.
Punto por punto, qué dice el endeudamiento de Kicillof que será tratado en el Senado
La historia del pedido de endeudamiento de Kicillof se remonta a mayo cuando, a espaldas del Gobernador y en medido de la fuerte trifulca peronista, La Cámpora se alió con el radicalismo y presentó un proyecto en conjunto para el Ejecutivo provincial condone la deuda de $7.900 millones que los municipios mantienen en concepto del Fondo Covid y del “Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales”, creado en 2023 para ayudar a los intendentes con el pago de una asignación no remunerativa extraordinaria para los estatales.
Si bien todo indicaba a que el proyecto iba a ser tratado en sesión, Kicillof apuró la redacción de una normativa que envió al Senado bonaerense para suspender estas deudas de los municipios a cambio de que la Legislatura autorice un endeudamiento por hasta USD 1.045 millones. Como resultado, el debate legislativa que anhelaba el camporismo y el radicalismo se cayó como pieza de dominó.
En ese sentido, la discusión por las deudas de los municipios será retomada este jueves en el Senado bonaerense, con un dato clave que no hay que dejar pasar por alto. Mientras que el proyecto el proyecto de endeudamiento que envió el Gobernador menciona que los pasivos de los intendentes sean suspendidas, La Cámpora y el radicalismo piden que sean perdonadas.
Una de los principales es la creación de un Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal, un pozo cuyo dinero será utilizado por los municipios que adhieran a la medida, y que no podrán financiar gastos corrientes con el saldo otorgado. Este fondo estaría compuesto por el 8% de la toma total de deuda y se distribuiría según el Coeficiente Único de Distribución (CUD).
Durante las negociaciones del Presupuesto 2025, uno de los puntos en pugna era el porcentaje que recibirían los municipios del endeudamiento. En aquella ocasión Kicillof propuso el 7% y la oposición pedía el 16%, finalmente el Gobernador cedió y dejó un 10% como número final, pero la normativa cayó. Ahora, el dueño de calle 6 vuelve a la carga con la toma de deuda, pero ahora con una oferta del 8%.
Además, la normativa tiene un artículo con el que el Gobierno bonaerense queda en condiciones de autorizar a la Tesorería General provincial a emitir letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta U$S 250.000.000 en el ejercicio financiero 2025.
También, el proyecto de Kicillof que ingresó esta tarde al Senado bonaerense, prorroga las emergencias en materia penitenciaria, de seguridad pública, de infraestructura, hábitat, vivienda, servicios públicos y energéticos a partir del 1 de abril de 2024 y hasta el 31 de diciembre de 2026.
