La reforma de la Ley de Glaciares obtuvo dictamen favorable en el Senado de la Nación y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, en las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo. El avance se concretó tras el debate en comisiones y confirmó la decisión del gobierno de Javier Milei de acelerar el trámite parlamentario de la iniciativa.
El proyecto ingresó a la Cámara alta, luego de la convocatoria formal a extraordinarias y avanzó con rapidez desde su envío, que se produjo el 15 de diciembre. En ese marco, el oficialismo encarnado en La Libertad Avanza (LLA), impulsó el tratamiento con el objetivo de llegar al recinto antes del cierre del período especial de sesiones.
Durante el debate en comisiones, gobernadores de provincias con fuerte presencia minera, como San Juan y Catamarca, expusieron sus argumentos y pusieron el foco en la necesidad de compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo y la generación de empleo.
Desde el sector empresario, representantes vinculados a la minería respaldaron la reforma y reclamaron al Gobierno reglas más claras. En ese sentido, los expositores señalaron que el esquema vigente genera incertidumbre y condiciona las inversiones en distintas regiones del país.
En las antípodas, las organizaciones ambientalistas y científicas cuestionaron el proyecto libertario y advirtieron sobre un posible retroceso en materia de protección ambiental. Los referentes del sector alertaron que la reforma podría vulnerar el espíritu de la ley original y abrir la puerta a conflictos constitucionales.
Frente a este escenario, la Oficina del Presidente de la Nación justificó la iniciativa a través de un comunicado oficial, donde sostuvo que la modificación busca ordenar el esquema de competencias provinciales sobre los recursos naturales y despejar conflictos normativos vigentes.
La reforma habilita a cada jurisdicción a definir el alcance de las áreas protegidas y evaluar la posibilidad de permitir actividades económicas en determinadas zonas periglaciales. En tanto, el texto también introduce una serie de cambios respecto de los criterios de protección establecidos por la normativa actual.
Vale precisar que la ley vigente obliga al Estado nacional y a las provincias a resguardar los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos. Bajo esa premisa, la norma sancionada en 2010 durante la presidencia de Cristina Kirchner, fija restricciones estrictas a la actividad productiva cuando existe riesgo ambiental.
El Senado repite el esquema de la Ley de Glaciares
La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional avanzó con la firma del dictamen en el Senado, aunque el oficialismo resolvió postergar su tratamiento en el recinto hasta el 10 de febrero. La decisión replicó la estrategia legislativa aplicada en otros proyectos sensibles, como ocurrió con la Ley de Glaciares, con el objetivo de ordenar el debate y evitar traspiés parlamentarios.
La senadora libertaria y titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Patricia Bullrich, confirmó que el dictamen quedó abierto a modificaciones, tras una ronda de consultas con distintos bloques y actores sectoriales. En ese marco, el oficialismo optó por concentrar la sesión extraordinaria del 26 de diciembre en el Presupuesto 2026 y en el proyecto de Inocencia Fiscal, ambos con mayor consenso previo.
Durante las reuniones informativas, las comisiones recibieron a representantes de plataformas digitales y de sectores empresariales, que respaldaron la iniciativa, y a trabajadores de distintos rubros, que expresaron un rechazo contundente. En tanto, los principales cuestionamientos apuntaron al impacto de la reforma sobre los derechos laborales, en particular por la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos.
En paralelo al avance parlamentario, la Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo junto a sindicatos, organizaciones sociales y estudiantiles. La central obrera advirtió que el proyecto profundiza la precarización laboral y no descartó convocar a un nuevo paro nacional, en caso de que el Senado avance con la iniciativa en febrero.
