En un cierre de año marcado por tensiones políticas, los senadores nacionales recibirán en enero próximo un medio aguinaldo que ronda los 2,5 millones de pesos en bruto, un beneficio conocido como “Dieta 13”, que se activó tras una votación en abril pasado. La medida, que busca compensar a los legisladores por la ausencia de aguinaldo, ocurre mientras se discute si continuará o no el congelamiento de haberes establecido hasta el 31 de diciembre de 2024.
El sistema salarial del Senado fue modificado en abril por consenso entre oficialismo y oposición. Desde entonces, las dietas se componen de 2.500 módulos, un adicional de 1.000 por gastos de representación y otros 500 por desarraigo. Además, los legisladores incorporaron la llamada “Dieta 13” destinada a suplir el medio aguinaldo.
A excepción de cuatro senadores que no perciben el desarraigo, la gran mayoría recibe el monto completo, que desde abril supera los $7 millones en bruto. Una particularidad del Cuerpo la representa Alicia Kirchner, quien, al asumir como legisladora, optó por mantener su jubilación y no percibe haberes por su trabajo en el Senado.
En julio, un incremento del 6,6% atado a los haberes de los senadores y destinado también a empleados legislativos desató críticas. Para descomprimir la situación, los legisladores aprobaron unánimemente congelar sus dietas hasta fin de año.
Sin embargo, este congelamiento no eliminó la presión interna: los gremios legislativos, como la Asociación del Personal Legislativo (APL), encabezada por Norberto Di Próspero, lograron en noviembre cerrar una paritaria alineada con la del Ejecutivo nacional, con un aumento acumulado del 6,13% entre septiembre y diciembre, aunque esta suba no alcanzó a los senadores.
El Senado debate el valor del módulo
La llegada de 2025 pone en el centro del debate la actualización del valor del módulo, actualmente fijado en $2.225,25. Mientras que una parte de los legisladores sostiene que el congelamiento debe mantenerse, excluyendo los últimos aumentos, otra posición más realista asume que el nuevo valor impactará en sus dietas, llevándolas a superar los 9 millones de pesos en bruto.
Para evitar esto, algunos senadores sugirieron que la titular de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel, extienda por su cuenta el congelamiento, aunque esta decisión podría intensificar las críticas hacia su figura, ya cuestionada por otras medidas tanto por propios como ajenos.
En paralelo, el esquema modificado del Impuesto a las Ganancias, aprobado recientemente junto con el paquete fiscal, agrega mayor tensión al asunto. Este nuevo sistema alcanza todos los conceptos salariales, incluyendo los módulos de representación y desarraigo, y varios legisladores reconocieron que en noviembre percibieron menos ingresos respecto a octubre debido a las retenciones impositivas.
Más allá de las discusiones coyunturales, el debate sobre las dietas legislativas y el financiamiento político se repite año tras año en el Congreso, generando una constante tensión con la ciudadanía. Aunque los haberes de los senadores han perdido poder adquisitivo con el tiempo, esta no es una problemática exclusiva de la actual gestión nacional.
Sin embargo, la percepción pública no solo se centra en los montos, sino también en la calidad legislativa. Las críticas internas -y externas- apuntan a la falta de conocimiento técnico de muchos senadores, quienes son superados en experiencia y dominio del reglamento por múltiples asesores y personal administrativo del Congreso.
En este contexto, tanto el Senado como la Cámara de Diputados enfrentan un panorama complejo, donde las tensiones internas, las críticas externas y las recurrentes controversias salariales delinean un cierre de año que promete extenderse como una constante durante 2025. Mientras tanto, el cobro de la “Dieta 13” en enero no hace más que sumar combustible al clima político enrarecido que envuelve al Congreso.
