Ante la ola de casos de pintadas sobre tiroteos y alumnos que llevan armas, senadores bonaerenses de la oposición presentaron proyectos para pedirle al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que brinde explicaciones sobre las medidas orientadas a paliar la violencia en las aulas, informe acerca la existencia de un protocolo para estas situaciones y detalle la gravedad de las denuncias acerca de las amenazas escolares.
En primer lugar, la senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, ingresó un proyecto donde solicita al Ejecutivo provincial que fortalezca las acciones de prevención y abordaje de este tipo de hechos, con el objetivo de garantizar entornos escolares seguros para alumnos, docentes, auxiliares y familias.
“No podemos naturalizar este tipo de amenazas ni relativizar hechos que alteran la paz escolar y generan temor real en toda la comunidad educativa. La escuela tiene que ser un ámbito de formación, contención y convivencia, no un espacio atravesado por el miedo y la incertidumbre”, apuntó la oriunda de General Villegas.
En ese marco, Balaudo expresó su preocupación y le reclamó acciones a la administración de Kicillof a fin de garantizar ámbitos escolares seguros, respetuosos y orientados al proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, la legisladora libertaria advirtió que estas conductas no pueden ser tomadas como simples bromas o expresiones aisladas, ya que producen conmoción institucional, obligan a activar protocolos preventivos y afectan de manera directa la vida cotidiana de los establecimientos.
“La convivencia escolar no constituye una cuestión accesoria dentro del sistema educativo, sino una condición indispensable para asegurar el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje en un marco de respeto, orden y seguridad”, señaló Balaudo en los considerandos de la iniciativa.
En ese sentido, la senadora bonaerense advirtió que, en la actualidad, son muchos los docentes que desarrollan su tarea en contextos de agresión verbal, hostigamiento, menosprecio, amenazas e incluso hasta violencia física en la provincia de Buenos Aires.
“La gravedad del problema exige responsabilidad, intervención temprana y una mirada integral. Hace falta fortalecer herramientas de prevención y acompañamiento, con participación de las autoridades educativas, los equipos profesionales y las áreas competentes en niñez y salud mental”, puntualizó Balaudo.
Por último, la autora del proyecto consideró que “no puede hablarse de educación de calidad cuando la figura docente carece de respaldo, protección o autoridad“. “El ordenamiento jurídico vigente proporciona bases suficientes para afirmar que la convivencia escolar, la protección de los alumnos frente al acoso, el resguardo de la autoridad pedagógica y el respeto por la libertad de enseñar constituyen obligaciones concretas del sistema educativo”, cerró Balaudo.
Leguizamón también presentó su proyecto contra las amenazas escolares de tiroteos
En tanto, el titular de la bancada de HECHOS – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, también se hizo eco de las numerosas denuncias sobre las amenazas de tiroteos en las escuelas, y elevó un pedido de informes para que el Gobierno “explique qué hizo, qué protocolo activó y qué medidas tomó“.
En concreto, Leguizamón pide saber si se activó un protocolo específico de seguridad, si existe un sistema de alerta temprana para detectar este tipo de amenazas, las medidas que se implementaron y las capacitaciones obligatorias a equipos educativos orientadas a estos casos.
Además, el senador opositor quiere saber cuántas denuncias, reportes o actuaciones administrativas y/o judiciales se registraron desde el 1 de marzo hasta la fecha. “Las amenazas en escuelas de La Plata y la Provincia exigen respuestas concretas. Las familias necesitan certeza, no silencio”, recriminó Leguizamón.
“Cuando está en juego la seguridad de la comunidad educativa, no puede haber respuestas improvisadas ni información fragmentada. El Estado debe dar certezas, prevención y protocolos claros”, sentenció el oriundo de La Plata.
Según datos del Ministerio Público Fiscal, en los últimos días se radicaron más de 1.000 denuncias en toda la provincia acerca de pintadas o mensajes relacionados con un posible tiroteo escolar, como así también de fotos de alumnos con armas de fuego. En el informe, se menciona que La Plata tuvo 90 reportes, Moreno alrededor de 70 y La Matanza por arriba de los 200.
Ante la gravedad de la situación, el martes los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) mantuvieron una reunión con los representantes de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y del Ministerio de Seguridad bonaerense para exigir medidas frente a las amenazas de tiroteo en las escuelas. “El abordaje del impacto de la cultura digital en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, tanto en la vida cotidiana como en las aulas, es una responsabilidad social que excede a las escuelas”, sentenciaron los sindicalistas.
