Durante la última reunión de la comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado bonaerense, el legislador de Unión y Libertad, Sergio Vargas, defendió el avance de su proyecto para autorizar a los municipios por el término de seis meses a reasignar fondos provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural hacia obras de drenaje pluvial y equipamiento de infraestructura hídrica, frente a la llegada de “El Niño”.
La iniciativa del senador dialoguista, que obtuvo moción de preferencia durante la última sesión ordinaria de la Cámara alta, permite que los municipios bonaerenses destinen hasta el 100% de los recursos que reciben para el mantenimiento de la red vial rural a trabajos orientados a mitigar los efectos que podría provocar el fenómeno climático que mantiene en alerta a buena parte del interior de la provincia.
“No estamos creando ningún fondo especial, sino que se trata de una partida que ya viene asignada por la Ley 10.559. Es una medida provisoria ante este fenómeno meteorológico y busca que los intendentes puedan contar con esta facultad”, explicó Vargas, frente a los integrantes del cuerpo parlamentario.
Según especificó el impulsor de la propuesta, la medida apunta a que los jefes comunales puedan disponer durante 180 días del 12% de la coparticipación del Inmobiliario Rural para afrontar una eventual emergencia hídrica, con la posibilidad de destinar esos recursos a canalizaciones, zanjas u otras obras civiles menores.
“Teniendo en cuenta que los intendentes son los que tienen esta inmediatez, conocen su territorio, conocen su distrito y van a saber perfectamente en qué prioridad de obra esa pequeña suma va a ser aplicada”, sostuvo Vargas.
Durante la discusión de los pormenores del proyecto, el legislador de la Sexta sección aclaró que la reasignación de los recursos constituye una “facultad” y no una obligación para los distritos, por lo que cada representante local podrá decidir si utiliza los fondos para atender la emergencia o mantiene su destino original para los caminos rurales, muchos de los cuales sufrieron severos daños a raíz de las vicisitudes climáticas de los últimos meses.
De acuerdo con la legislación actual, los fondos recaudados por el Impuesto Inmobiliario Rural se distribuyen en un 65% para el Ejecutivo provincial, un 12% para el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% para el Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y el 20% restante para los municipios, en concepto de retribución por la administración del tributo.
“Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores. Si no flexibilizamos con urgencia el uso de estos recursos, nuestra red vial rural desaparecerá bajo el agua”, advierte el proyecto de Unión y Libertad, que también lleva la firma de la legisladora Silvana Ventura.
Frente a este escenario, el planteo de Vargas pone el foco en que la inminente llegada de “El Niño” no constituye una simple conjetura meteorológica, sino una “amenaza” que puede llegar a paralizar la matriz productiva bonaerense y dejar aislados a miles de vecinos.
En rigor, el fenómeno climático de “El Niño” se caracteriza por temperaturas inusualmente cálidas en las aguas superficiales de las zonas central y oriental del océano Pacífico. Cuando esto ocurre, en el país pueden registrarse elevados niveles de precipitaciones en la región pampeana y el centro-oeste, que pueden provocar anegamientos e inundaciones en distintas zonas.
La posible llegada del fenómeno climático también encendió las alarmas en otros bloques de la Legislatura bonaerense. En las últimas semanas, senadores del bloque Hechos impulsaron un proyecto para reclamar la realización y finalización de obras hídricas, la transferencia de fondos nacionales destinados a infraestructura y una estrategia de prevención coordinada entre las provincias ante la posibilidad de “El Niño” hacia fines de 2026.
Por su parte, el Ejecutivo bonaerense anunció semanas atrás la creación de una mesa interministerial con vínculo directo con los intendentes , con el objetivo de coordinar acciones de prevención, planificación y respuesta frente al fenómeno climático.
