En medio de la polémica por la liberación de presos en la provincia que generó este lunes los primeros pedidos de juicios políticos, desde el bloque de senadores de Juntos por el Cambio reclamaron reactivar los Jurados de Enjuiciamiento a Magistrados por medio de videoconferencia.
Se trata de un proyecto de ley presentado por los legisladores, Juan Pablo Allan y Nidia Moirano, que busca adaptar el procedimiento judicial a las nuevas circunstancias producto del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
“Lo que está pasando es que muchos familiares o las propias víctimas realizan denuncias contra los jueces que sacan a presos de manera indiscriminada, pero esas denuncian no llegan a nada porque no está funcionando el sistema de enjuiciamiento”, explicó Allan.
Junto a la senadora @NidiaMoirano presentamos un proyecto de reforma de la Ley que regula el Juicio Político a Jueces y Fiscales permitiendo que los mismos se puedan hacer remotamente mientras dura la emergencia. Todas las Instituciones de la Provincia deben seguir funcionando. pic.twitter.com/ztbSt8GyOY
— Juan Pablo Allan (@jpabloallan) May 4, 2020
En este sentido, el senador agregó que “el Consejo de la Magistratura, la Legislatura o la misma Suprema Corte de Justicia, son ámbitos que están funcionando a través de las nuevas tecnologías”. ”Pretendemos que acá ocurra lo mismo”, sentenció.
Sucede que, la semana pasada el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, instruyó a la oficina de Atención a las Víctimas, para que le dé impulso a juicio político a los jueces que liberen delincuentes sin darle vista a las víctimas.
De hecho, este lunes los diputados de Massa en la Legislatura bonaerense, iniciaron los pedidos de jury. Uno de ellos, fue oficializado contra el juez del Departamento Judicial de Bahía Blanca, Claudio Brun.
⚖️ Diputado presentó pedido de jury contra el juez Brun y pidió “terminar con el salga, salga”
Nota completa acá ? @pablogarate @SergioMassa @FrenteRenovador https://t.co/QllwFCVwMW
— Diputados Bonaerenses (@dipbonaerenses) May 4, 2020
La presentación oficial estuvo a cargo del diputado del Frente de Todos, Pablo Garate, luego de que Brun haya otorgado la libertad domiciliaria a un detenido que violó y dejó embarazada a una joven con retraso madurativo.
Se trata de la primera denuncia electrónica que recibe la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y funcionarios bonaerenses, medida que fue publicada hoy en el Boletín Oficial.
Presentamos un proyecto para reformar la Ley de Jurado de Enjuiciamiento, para magistrados y funcionarios, que establece la posibilidad de realizar las audiencias de forma remota. Seguimos trabajando para que los mecanismos de la justicia funcionen en un contexto de pandemia pic.twitter.com/Sa4c1tVbJk
— Nidia Moirano (@NidiaMoirano) May 4, 2020
En tanto, desde Juntos por el Cambio remarcaron que existen distintos elementos tecnológicos que posibilitan el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento sin alterar sus pilares básicos.
En este sentido, los legisladores subrayaron “la necesidad de modernizar la Ley 13.661, tutelando la voluntad inviolable de las y los conjueces, incorporando herramientas digitales que permitirán reactivar el funcionamiento del Jurado”.
⚖️ #Magistrados dicen que la amenaza de #JuicioPolítico “afecta la independencia judicial” – Diputados Bonaerenses
Los detalles acá ? @AAJEP_Ejecucion @pablogarate @donofriojorgehttps://t.co/AAwWoqkpXm
— Diputados Bonaerenses (@dipbonaerenses) May 4, 2020
Por otro lado, desde la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal (Aajep) salieron advertir que están siendo “presionados” y que “afecta la independencia judicial”.
A través de un comunicado de prensa difundido esta mañana, la Aajep pidió que se respeten "las decisiones judiciales vinculadas a morigerar las prisiones preventivas de presos que conformen los grupos de riesgo ante la pandemia del coronavirus".
“Soportar en este contexto de crisis, juicios políticos masivos e impulso de reformas legislativas tendientes a legitimar esos procesos, constituye sin dudas una afectación directa a la independencia judicial”, denunciaron.