Este miércoles, senadoras bonaerenses de Unión por la Patria, arremetieron contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la anulación de la condena de 25 años de prisión a Justo Ilarraz, un excura acusado de abusar sexualmente de menores, bajo el argumento de que los delitos “ya prescribieron”.
Es preciso mencionar que, la resolución judicial coincidió con las restricciones impuestas a Cristina Kirchner en el marco del cumplimiento de la prisión domiciliaria ordenada por el Tribunal Oral Federal N°2, lo que derivó en cuestionamientos por el doble estándar del Máximo Tribunal.
La primera en pronunciarse al respecto fue Teresa García, presidenta del bloque de senadores bonaerenses de Unión por la Patria, que expresó su repudio al señalar que “los abusos sobre niños no prescriben”. “Imagino que TN y La Nación harán notas a esos padres para preguntarles si están de acuerdo con que los Supremos perdonaran el abuso a menores”, escribió, en alusión directa al fallo de los magistrados de la Corte Suprema.
En la misma línea, la senadora bonaerense del peronismo, Laura Clark, apuntó contra lo que definió como “el partido judicial de Javier Milei, Mauricio Macri y Héctor Magnetto”, al sostener que “tienen una Corte Suprema que condena por indicios a una expresidenta pero absuelve abusadores de niños”.
En el mismo mensaje, la legisladora bonaerense por la Segunda sección electoral agregó: “Cristina Kirchner tiene que pedir permiso para recibir visitas pero diputados nacionales van a tomar mates con Alfredo Astiz y se sacan fotos”.
Por su parte, la propia Cristina Kirchner se manifestó públicamente respecto de nulidad a la sentencia del excura, y recordó que en 2024 el papa Francisco había expulsado al sacerdote Justo Ilarraz de la Iglesia, mientras que “ayer, por unanimidad, la Corte Suprema de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz anuló su condena de 25 años de prisión y lo sobreseyó”. “Sin palabras”, sentenció en su publicación.
Es que, la Corte Suprema resolvió anular la condena contra el expárroco de la ciudad de Mendoza, quien había sido hallado culpable en instancias anteriores por abuso sexual agravado en perjuicio de menores. El fallo, unánime, se basó en supuestas fallas procesales y desató una ola de indignación en organismos de derechos humanos y sectores políticos.
En paralelo, se conoció que Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la condena de la causa Vialidad, debió solicitar autorización judicial para recibir la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El contraste entre la rigidez aplicada a la exmandataria y el beneficio concedido al sacerdote condenado generó fuertes reacciones.
Por eso, las senadoras bonaerenses del peronismo cuestionaron lo que consideran una “doble vara” del Poder Judicial. En particular, advirtieron sobre el funcionamiento de la Corte Suprema en contextos de persecución política y la impunidad en casos de delitos sexuales, lo que, aseguran, vulnera los derechos de las víctimas y refuerza la crisis de legitimidad del máximo tribunal.
A la par de los pronunciamientos públicos, se prevé que senadoras de Unión por la Patria impulsen iniciativas en repudio al fallo y para exigir una reforma judicial que garantice imparcialidad, respeto a los tratados internacionales sobre los derechos de los niños y coherencia en las decisiones del máximo tribunal.
Justo Ilarraz, el cura que exculpó la Corte y desató las críticas de las senadoras bonaerenses
Es preciso mencionar que, el excura Justo José Ilarraz fue sobreseído por la Corte Suprema luego de haber sido condenado en 2018 a 25 años de prisión por abusar sexualmente de al menos siete menores en el Seminario Arquidiocesano de Paraná, Entre Ríos, durante los años 1985 y 1993. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces Rosatti, Rosenkrantz, y Lorenzetti, que consideraron que la acción penal había prescripto.
Ilarraz ocupaba entonces el rol de formador de seminaristas, y las víctimas eran niños y adolescentes que cursaban sus estudios religiosos en la institución. Las denuncias indicaron que el sacerdote utilizaba su posición de poder y autoridad espiritual para someter a los menores durante años. Sin embargo, y pese a la gravedad de los hechos y a que la condena había sido confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, la Corte dejó sin efecto la sentencia.
La resolución del máximo tribunal se basó en que los delitos habían prescripto antes de que las denuncias fueran formalizadas, aunque las víctimas y sus representantes legales argumentaron que se trataba de crímenes imprescriptibles. El fallo generó un amplio rechazo, tanto en el ámbito político como en sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos y de la infancia.
Por su parte, en 2024 el papa Francisco había expulsado a Ilarraz del estado clerical, un hecho que ratificó la veracidad y gravedad de las denuncias. Ahora, la decisión de la Corte Suprema fue recibida con indignación por muchas de las víctimas, que advirtieron que este tipo de fallos desprotege a los sobrevivientes de abusos y desalienta las denuncias, especialmente en casos en los que los agresores pertenecen a estructuras de poder institucional como la Iglesia.
