La comisión de Igualdad Real de Trato, Oportunidad y Discapacidad del Senado bonaerense aprobó este jueves un proyecto de repudio a la quita de subsidios al sistema de transporte gratuito para personas con discapacidad, trasplantadas y menores de edad con enfermedades oncológicas, que implementó el Gobierno nacional.
Es que, a fines de mayo, la administración nacional oficializó la quita de los subsidios que el Estado le otorgaba a las empresas de transporte por la entrega de pasajes gratuitos de larga distancia para grupos vulnerables, por lo que, a partir de julio, los privados tuvieron que hacerse cargo de la totalidad del beneficio.
Al respecto, la senadora bonaerense del bloque Hechos – UCR Identidad y titular del cuerpo parlamentario, Natalia Quintana, advirtió que la medida del Gobierno de Javier Milei “genera incertidumbre” respecto de la continuidad de este derecho, garantizado en diferentes leyes nacionales.
Para la legisladora, la eliminación actual del sistema compensatorio, sin mecanismos alternativos equivalentes, sin subsidio directo al usuario, sin fondos sustitutivos, sin régimen transitorio y sin herramientas reforzadas de control, genera riesgo de debilitamiento práctico del sistema de gratuidad.
“Las consecuencias de una medida de estas características recaen inevitablemente sobre quienes poseen menor capacidad económica y mayor dependencia estructural del transporte interjuridisccional para acceder a tratamiento médicos, controles sanitarios, rehabilitación, entre otros”, advirtió Quintana.
La senadora bonaerense señaló además que la disposición de la administración nacional impacta de manera particular sobre las provincias del interior argentino y profundiza desigualdades territoriales, sociales y económicas incompatibles con el mandato constitucional de igualdad real de oportunidades.
Vale recordar que, la medida fue dispuesta por la Secretaría de Transporte mediante la resolución 28/2026 y dejó sin efecto el régimen de compensaciones económicas que regía para las empresas alcanzadas por la Ley 22.431, que instituye el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, la Ley 26.928, que creó el Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas, y la norma 27.674, que institucionalizó el Régimen de Protección Integral para niños, niñas y adolescentes con cáncer.
De esta manera, la administración miléista eliminó un esquema que regía en todo el país desde el 2018, a través del cual el Estado cubría parcialmente el costo de los pasajes de larga distancia gratuitos que debían otorgar las compañías de transporte automotor interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno libertario alegó que el sistema de compensaciones “perdió sentido” luego de la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio bajo supervisión estatal.
Ante esta situación, Quintana resaltó que “el acceso al transporte constituye una condición indispensable para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales: salud, rehabilitación, educación, trabajo, tratamiento médico, autonomía personal, entre otros”. “La gratuidad del transporte no es un privilegio sino una herramienta concreta de igualdad real de oportunidades”, concluyó.
De la jornada legislativa participó la vicepresidenta de la comisión María Rosa Martínez (Fuerza Patria); el secretario Matías De Urraza (La Libertad Avanza); y las integrantes Nerina Neumann (UCR) y Sabrina Bastida (Fuerza Patria).
En tanto, de manera virtual dieron el presente los legisladores María Luz Bambaci (La Libertad Avanza), Pedro Borgini (Fuerza Patria), Ayelén Durán (Fuerza Patria), Mónica Macha (Fuerza Patria), Guillermo Montenegro (PRO), Malena Galmarini (Fuerza Patria), María Emilia Subiza (Hechos) y Juan Manuel Rico Zini (PRO).
