La diputada bonaerense de la UCR + Cambio Federal, Silvina Vaccarezza, celebró el fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restituir las pensiones no contributivas que el organismo había suspendido en los últimos meses. La legisladora monzoísta calificó la resolución como un “límite necesario” ante una medida que, según sostuvo, “solo generó angustia e incertidumbre”.
“La decisión de la ANDIS de reanudar el pago de pensiones no contributivas, aunque es un alivio para miles de familias, no es más que el acatamiento forzado de una orden judicial. Es inaceptable que derechos fundamentales, garantizados por ley, deban ser defendidos en los tribunales”, manifestó Vaccarezza.
En ese marco, la dirigente provincial remarcó que las pensiones por discapacidad “deben ser garantizadas por el Estado y nunca deben ser una variable de ajuste”, mientras sostuvo que la sentencia representa una advertencia clara al Gobierno de Javier Milei respecto de los límites legales y éticos en materia de derechos sociales.
“Celebro que la Justicia haya puesto un límite claro a esta medida, que solo generó angustia e incertidumbre”, expresó la representante de la Cuarta sección, quien además pidió que el Ejecutivo nacional “aplique de manera efectiva las leyes que el Congreso votó con amplia mayoría, entre ellas la Ley de Emergencia en Discapacidad”.
En línea con el debate nacional, Vaccarezza presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto que busca modificar la Ley 10.592 para eliminar el vencimiento del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en casos de diagnósticos permanentes e irreversibles. La iniciativa propone que la provincia de Buenos Aires adopte el mismo criterio que rige a nivel nacional, donde el CUD puede emitirse sin fecha de caducidad.
En ese sentido, la propuesta legislativa busca evitar que las personas con limitaciones definitivas deban someterse periódicamente a nuevos exámenes médicos para acreditar una condición que no puede modificarse. “La actualización automática del CUD no puede seguir recayendo en personas cuyo diagnóstico es definitivo y no tiene posibilidad de mejoría”, explicó la diputada.
Al respecto, Vaccarezza advirtió que la renovación del CUD implica “traslados, costos, demoras y un fuerte desgaste emocional y burocrático para familias que ya atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad”, por lo que insistió en que “el Estado tiene la obligación de simplificar la vida de sus habitantes, no de burocratizarla”.
De aprobarse, esta modificación permitiría otorgar a miles de bonaerenses una certificación definitiva, sin vencimiento, que asegure el acceso constante a prestaciones médicas, transporte, acompañamiento y seguridad social. “El Legislativo tiene la responsabilidad de garantizar que las personas con discapacidad permanente no estén obligadas a atravesar evaluaciones médicas sin sentido, solo para sostener un papel que certifica algo que no va a cambiar”, concluyó.
Por orden judicial, ANDIS deberá restituir las pensiones por discapacidad en todo el país
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) deberá restablecer las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas desde 2024, tras una orden judicial con alcance nacional. La medida se formalizó este miércoles a través de la Resolución 12621/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el interventor del organismo, Alejandro Alberto Vilches.
El fallo, dictado por el Juzgado Federal N° 2 de Catamarca a cargo de Guillermo Díaz Martínez, hizo lugar a una acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo provincial, Dalmacio Mera, en representación de un colectivo de pensionados y ordenó restituir en un plazo de 24 horas todos los pagos interrumpidos hasta dictar una sentencia definitiva.
La decisión judicial, que reconoce un derecho de incidencia colectiva, protege a todos los beneficiarios del país afectados y busca dar respuesta a las demandas de entidades como la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
Es que, los colectivos que impulsan el reclamo denunciaron que las auditorías que realiza el organismo nacional desde agosto del 2024, carecen de criterios públicos y advirtieron sobre múltiples irregularidades en las notificaciones. Asimismo, los denunciantes remarcaron que el decreto 843/2024, que elevó al 66% el umbral de discapacidad necesario para acceder a la pensión, dejó sin cobertura a miles de personas sin ingresos alternativos ni redes de contención.
