viernes, abril 19, 2024

Susana González: “Hay que debatir el perfil criminológico que queremos para la justicia”

La diputada valoró la exposición del ministro de Justicia, Julio Alak, en la Cámara baja, analizó los desafíos legislativos que quedaron sobre la mesa y plantó posición política. “La seguridad se debe trabajar sí o sí con la inclusión social”, afirmó.

Nuestro Gobierno entiende que al delito no se lo combate con más penas sino con más inclusión social y un trabajo racional y responsable sobre el plan de criminalidad”. Con esa firme posición política la diputada Susana González cierra el balance del paso virtual del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, por la Cámara baja bonaerense.

Tal como relató Diputados Bonaerenses, el funcionario expuso y respondió preguntas por cerca de tres horas en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penitenciarios. Alak hizo un repaso de la “herencia”, dio detalles del programa de infraestructura, de la respuesta ante la pandemia, y adelantó los primeros trazos del plan para atender la crisis humanitaria que viven los penales de la provincia.

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El ministro fue muy claro sobre el estado de situación en que asumió la cartera en cuanto a la sanción que tenía la provincia por la superpoblación y el pantallazo que dio sobre la huelga de hambre de diciembre fue angustiante, pero rápidamente junto al Gobernador pudieron darle una solución”, analizó González sobre el primer tramo de exposición de Alak.

Si bien el ministro cuidó los modos, los números fueron contundentes: Alak dijo recibió un sistema con 51.725 internos y 24.000 plazas, una superpoblación del 120%, 8 meses de deuda con proveedores de alimentos y medicamentos por  $1.830 millones, y que durante el gobierno de María Eugenia Vidal “se sumaron 16.000 internos”, a un ritmo de 360 por mes.

 

 

Sobre el plan de salida para la emergencia en las cárceles Alak se apoyó en el lanzamiento del programa “Más trabajo, menos reincidencia” al que pidió darle “formato legislativo”, en la reactivación del Patronato de Liberados y en la reforma del Código Procesal Penal sobre la bregó por “comenzar a encontrar consensos”.

 

CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LEY DE VÍCTIMAS

 

Se trata de una deuda de la Legislatura que tuvo exposición por el incansable reclamo de las víctimas de delitos que tiene por lo menos una década en la provincia. Sin embargo, los cambios o “reforma modesta” que tienen en mente la cartera de Justicia no sólo que tiene que ver con el lugar que se le da a este colectivo sino que se extiende, por caso, a la morigeración de las penas para delitos que no tienen víctimas.

La política criminal debe contemplar la situación la crisis de las cárceles. No se puede sumar 360 personas por mes durante 4 años (por la gestión de Vidal) sin tener en cuenta la cantidad de plazas disponibles. Es una irresponsabilidad. Hay muchas personas que no cometieron delitos daños a víctimas, sino que por el contrario ellos son sus propias víctimas”, argumentó González.

 

 

De acuerdo a los datos que expuso el propio Alak ante los legisladores, “lo ideal es que la prisión preventiva no supere el 20% y actualmente estamos en 50%, es decir que tenemos 19.700 internos que no sabemos si son culpables o no y muchos que cometieron delitos sin víctimas, alrededor de 5.8000”.

Otra de las definiciones que dejó el funcionario fue el acompañamiento al debate de una Ley de Víctimas. “El ministro pidió trabajar entre todos, ya que desde la oposición presentaron un proyecto pese a que en cuatro años no avanzaron en el tema teniendo las mayorías en las Cámara para hacerlas”, cuestionó la diputada que forma parte de la mesa chica del intendente Mario Secco.

La intención es conformar una comisión de diputados con presencia de la mayoría y primera minoría para empezar a moldear acuerdos. “Le solicité a Alak que los bloques minoritarios también puedan estar representados porque si no tendrían voz ni voto”, agregó González.

 

MÁS TRABAJO MENOS REINCIDENCIA

 

“El programa Más trabajo menos reincidencia propone una articulación entre ministerios, se usará un sistema para saber qué cantidad de presos hay por municipio, para que podamos trabajar previamente la vuelta a casa de los reos que van a cumplir con su condena. La idea es que se puedan incluir en una cooperativa, aprender un oficio o capacitarse, y estará financiado por la Provincia y la Nación”, evaluó González.

Efectivamente, su implementación no generará erogaciones para los intendentes en medio de la crisis del coronavirus. Nos permite delinear de antemano la salida laboral de los municipios, y trabajar tanto con los presos como para cuidar a las víctimas, algo que no se podía hacer”, añadió la legisladora de Ensenada.

 

 

En esa línea, González explicó que la intervención del Ministerio de Producción “hace posible generar un perfil productivo del reo”. “En nuestro caso tenemos el Astillero Río Santiago, el Puerto, el Polo Petroquímico. Queremos que cuando salgan de la cárcel tengan ingreso a una empresa o cooperativa, porque actualmente la persona que sale de la cárcel más allá de perfeccionarse en el delito no tiene ninguna ayuda laboral”, ejemplificó.

Renglón seguido González buscó exponer “la doble vara” de algunos discursos. “Nos quejamos de la reincidencia pero cuando salen los corremos a la esquina a que venga droga, haga un escruche o nos vuelva a robar. Este proyecto necesita la mancumunión de todos los actores pero más de los municipios que siempre se tiene que hacer cargo de los jóvenes o reos que vuelven, me parece que tiene una gran proyección”, redondeó.

 

COSTOS POLÍTICOS

 

Consultada por el atraso de estas discusiones centrales para poner en pie políticas de Estado y la responsabilidad de la clase política, González afirmó que “hace muchos años hay temas que no se quieren tratar, como el perfil criminológico que se quiere para la justicia”.

 

 

“Las morigeraciones de las penas son temas que no venden pero este Gobierno tiene la profunda convicción que hay que asumir los costos de los debate que reclama la sociedad. Se tiene terminar con el discurso berreta y pendular que tanto daño hace”, dijo.

Y lo llevó al plano nacional. “Es necesarios dar debates como la contribución a las grandes fortunas o la intervención y probable expropiación de la cerealera Vicentín. Los Gobiernos que quieren tomar los pedidos de la sociedad tienen un costo político”, cerró la legisladora.

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