Esta semana, la diputada bonaerense de la UCR + Cambio Federal, Belén Malaisi, manifestó su preocupación por el cierre de la planta de Tía Maruca en el municipio de Chascomús, donde 27 trabajadores quedaron sin empleo luego de que la empresa comunicara de manera repentina el cese de actividades.
De esta manera, el escrito que lleva la firma de Malaisi busca acompañar a los empleados y reclamar la intervención de las autoridades laborales ante una situación que calificó como “de extrema gravedad social y económica”, ya que el caso se inscribe en un escenario de creciente conflictividad laboral en el sector alimenticio, con suspensiones y despidos en distintas fábricas bonaerenses.
Es preciso mencionar que, el cierre de la fábrica se produjo el pasado 25 de septiembre, cuando el jefe de Recursos Humanos de la empresa Tía Maruca reunió al personal en una asamblea improvisada y les informó que, por falta de ventas y deudas acumuladas, la planta debía cerrar ese mismo día.
La noticia tomó por sorpresa a los trabajadores, que hasta ese momento desarrollaban una jornada laboral normal. Sin telegramas formales ni comunicación oficial, los 27 trabajadores de la planta quedaron sin empleo, sin certezas sobre su futuro y con salarios y aguinaldos atrasados luego de prestar sus servicios a la compañía perteneciente a la firma Argensun Foods, que había sido una fuente de empleo clave en Chascomús durante más de dos décadas.
Desde entonces, los empleados permanecen a la espera de una definición y denuncian que la empresa no muestra intenciones de reabrir. Si bien el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino para garantizar el pago parcial de los haberes adeudados, aún no hay certezas sobre la continuidad laboral.
Por caso, la próxima audiencia entre las partes está fijada para el 9 de octubre en la sede ministerial de Chascomús. Mientras tanto, el establecimiento permanece cerrado y los trabajadores denuncian intentos de vaciamiento, ya que el día posterior al cierre de Tía Maruca detectaron camiones que retiraban materia prima de la planta.
En ese sentido, Malaisi destacó que la situación no afecta solo a los empleados directos de Tía Maruca, sino también a sus familias y a toda la economía local de Chascomús. “Son 27 familias que hoy no saben si van a poder poner un plato de comida en la mesa, mientras una empresa multinacional elige desentenderse de sus responsabilidades”, expresó la legisladora, que pidió la presencia activa del Estado provincial para evitar el desmantelamiento de la planta y preservar los puestos de trabajo.
En el escrito, Malaisi advirtió que el conflicto de Tía Maruca no es un hecho aislado, sino parte de una tendencia más amplia de cierres fabriles que se da hace varios meses en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Es que, se registraron despidos en Georgalos (San Fernando), Lipo (Lanús), Molino Río de la Plata (Esteban Echeverría) y Mondelez Pacheco, todos casos vinculados a la caída del consumo interno y al encarecimiento de los costos de producción.
Ahora, el Ministerio de Trabajo dispuso una medida precautoria que impide retirar insumos o maquinaria del predio hasta que se realice la audiencia, en un intento por evitar un vaciamiento que deje sin herramientas de negociación a los trabajadores. No obstante, la empresa rechazó hasta ahora las propuestas de mediación ofrecidas por la cartera laboral, lo que alimenta la preocupación de los gremios. Desde el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) destacaron el acompañamiento de la comunidad y denunciaron que la patronal pretende pagar las indemnizaciones en cuotas, muy por debajo de lo que establece la ley.
Tía Maruca: una historia marcada por la inestabilidad
Es preciso mencionar que, la planta de Tía Maruca, conocida por sus galletitas y talitas, había sido adquirida en 2024 por Argensun Foods, un grupo agroindustrial que produce y exporta semillas y frutos secos. Un año antes, la firma ya había cerrado su planta en San Juan, donde trabajaban 300 operarios, alegando problemas de costos y caída del consumo.
Ahora en Chascomús la compañía argumenta dificultades similares, aunque los empleados sostienen que detrás hay una estrategia de traslado de producción y reducción de personal. “No hubo una sola reunión en la que se hablara de reabrir. Todo indica que quieren cerrar definitivamente”, afirmó la delegada sindical Marcia Landa.
El impacto económico y social del cierre es significativo. En una ciudad de apenas 42 mil habitantes, la pérdida de casi treinta empleos industriales implica menos ingresos circulando, menor consumo en los comercios de barrio y un golpe directo al entramado productivo local. “No es fácil conseguir otro trabajo a los 40 o 50 años en una localidad chica. Esta fábrica era el sustento de muchas familias”, lamentó uno de los trabajadores con más de dos décadas de antigüedad. Por su parte, la CGT Regional Chascomús expresó su solidaridad y pidió una “respuesta urgente” de las autoridades provinciales.
