El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) denunció que el gobierno de Javier Milei avanza con el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), pese a que el Congreso rechazó el decreto que disponía su disolución. El gremio declaró el estado de alerta y acusó a la administración libertaria de impulsar un vaciamiento.
La organización sindical sostuvo que el nuevo organigrama que impulsa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, elimina la ejecución directa de obras y tareas operativas. En ese sentido, el sindicato vial advirtió que ese rediseño reduce a Vialidad a un mero ente de planificación, control y fiscalización de concesiones privadas.
Además, el STVyARA explicó que este proceso configura un “retiro explícito del Estado, con consecuencias directas sobre millones de usuarios”, y consideró que el Gobierno nacional avanza sin debate público, hacia una transformación estructural del organismo.
Desde el sindicato aseguraron que el nuevo modelo reemplaza el esquema actual por uno sin subsidios y con mayor participación privada en la construcción, la administración y el mantenimiento de los corredores. En esa misma línea, los representantes gremiales afirmaron que la decisión consolida el retiro del Estado en la construcción, mantenimiento y conservación de la red vial nacional.
Frente a este escenario, el sindicato intimó formalmente a Sturzenegger y al secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, para abstenerse de adoptar cualquier medida orientada a la disolución de Vialidad Nacional, organismo que el gremio definió como histórico y estratégico para el desarrollo federal.
En tanto, la secretaria general del STVyARA, Graciela Aleñá, cuestionó la decisión oficial y apuntó contra el Ejecutivo. “La Justicia y el Congreso dijeron que no podía destruir la DNV, avanzan igual a través de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza”, afirmó la dirigente, al tiempo que confirmó movilizaciones en Rosario y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Vale precisar que el conflicto se desarrolla en paralelo al llamado a licitación pública nacional e internacional para concesionar la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones, una medida que autorizó el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, y abarca más de 2.500 kilómetros de rutas en la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
No obstante, un informe reciente publicado por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) advirtió que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. Por caso, el documento también indicó que las víctimas fatales aumentaron un 14% interanual hasta alcanzar las 4.369 muertes.
Vialidad Nacional enfrenta críticas por el estado de las rutas bonaerenses
El Gobierno nacional avanzó con la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas en el marco de la Red Federal de Concesiones, una decisión que impacta directamente en el esquema de Vialidad Nacional en la provincia de Buenos Aires. La medida incluye trazas clave como las rutas 3, 5 y 205, en un contexto de fuertes cuestionamientos por el estado de la infraestructura vial.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, formalizó el llamado a licitación y fijó el 7 de mayo como fecha límite para la presentación de ofertas. En ese marco, el Ejecutivo libertario defendió el modelo de obra pública por peaje y sostuvo que la iniciativa busca reemplazar un sistema con subsidios por otro con mayor participación privada.
Sin embargo, una serie de informes técnicos advierten que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, una situación que afecta de lleno a Vialidad. En la provincia de Buenos Aires, distintos relevamientos señalaron que la mitad de las rutas presenta deterioro, en paralelo a la caída del 82% en la inversión en el territorio bonaerense.
Por último, el secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), Fabián Catanzaro, salió a cuestionar el alcance del esquema y alertó por las consecuencias. “No harán más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años”, señaló el dirigente, y advirtió que ese modelo “no colaboraría a mejorar las condiciones de la infraestructura”, afirmó.
