El Gobierno nacional resolvió retener de manera transitoria los subsidios a empresas de colectivos en las que detectó irregularidades y ordenó auditar todo el sistema de transporte. La decisión del Ejecutivo de Javier Milei elevó la tensión en el sector y sumó un nuevo factor de presión a la negociación salarial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
La Secretaría de Transporte de la Nación, confirmó que la medida se aplicará mientras avanza una auditoría integral, aunque el organismo evitó precisar qué empresas quedarán alcanzadas por la suspensión de fondos. La cartera nacional aclaró que el proceso apunta a revisar el esquema de compensaciones vigente y corregir desvíos detectados en los registros operativos.
El anuncio se conoció en la antesala de una reunión paritaria clave entre las cámaras empresarias y el sindicato de choferes. La negociación salarial se desarrollará en un contexto de fuerte incertidumbre, con la amenaza latente de medidas de fuerza que podrían afectar el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Desde el ámbito gremial, los dirigentes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) siguieron de cerca el avance de las auditorías y evaluaron el impacto que la retención de subsidios podría tener en la operatoria diaria de las empresas. En ese marco, el sindicato advirtió que cualquier alteración en el flujo de fondos nacionales podría trasladarse al funcionamiento del servicio y sumar nuevas tensiones a la discusión salarial.
La Casa Rosada instruyó a la Dirección de Fondos Fiduciarios para iniciar de forma inmediata una auditoría integral del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y de los parámetros operativos. El relevamiento abarcará a todas las empresas del sistema y no se limitará a la firma Metropol, denunciada por las cámaras empresarias en las últimas semanas.
Según precisaron desde Transporte, el proceso se complementará con informes de Nación Servicios S.A. y de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a partir del análisis de datos y de fiscalizaciones presenciales en las unidades. El Gobierno nacional explicó que el objetivo consiste en implementar correcciones para evitar futuras irregularidades en el esquema de compensaciones.
Vale recordar que la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por cuatro cámaras empresarias, que apuntaron contra el Grupo Metropol y la empresa Sargento Cabral por presuntas maniobras en la rendición de pasajes. El trasfondo del conflicto se vincula con el cambio en la metodología de cálculo de los subsidios, que dejó de basarse en la oferta del servicio y pasó a tomar como referencia la demanda registrada por el sistema SUBE.
Además, la decisión del Ejecutivo se inscribe en un recambio reciente dentro de la conducción del área de Transporte. La administración libertaria formalizó la salida de Luis Pierrini de la Secretaría y designó al arquitecto Fernando Herrmann como nuevo titular del organismo, en el marco de una reorganización más amplia del sistema.
Transporte y la UTA enfrentan una audiencia decisiva, en medio de la amenaza de paro
La negociación entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte entrará en una instancia decisiva este viernes, con una audiencia convocada desde las 11 en la Secretaría de Trabajo. El encuentro llegará tras varios intentos fallidos y con la advertencia del gremio de avanzar con un nuevo paro de colectivos si no aparece una propuesta salarial superadora.
El reclamo apunta a elevar el salario básico del sector por encima de los $1.550.000, frente a un piso actual de $1.370.000 más adicionales. Desde las cámaras empresarias sostienen que el monto solicitado resulta inviable sin un refuerzo de subsidios o una actualización de tarifas, en un escenario atravesado por mayores controles y auditorías impulsadas por el Gobierno nacional.
Luego del último encuentro sin avances, la UTA difundió un comunicado en el que advirtió sobre la situación económica de los trabajadores del sector y cuestionó la falta de respuestas concretas. En ese marco, el sindicato que lidera Roberto Fernández, señaló que las empresas conocían el pedido salarial y lo consideraron viable, aunque alegaron no contar con los fondos necesarios para afrontarlo.
El proceso paritario se desarrolla en un contexto de cambios recientes dentro del área de Transporte, con nuevas autoridades y una agenda enfocada en la revisión del esquema de subsidios. Este escenario agregó incertidumbre a las conversaciones y dejó al viernes como fecha límite, con la posibilidad de que el gremio anuncie medidas de fuerza si la audiencia vuelve a cerrar sin acuerdo.
