En medio del conflicto entre el Gobierno y las instituciones universitarias, la Universidad de Buenos Aires (UBA) publicó un informe que revela que el ajuste que la administración de Javier Milei aplica sobre las altas casas de estudio nacionales es equivalente a los beneficios impositivos que le otorga a los sectores más ricos.
A horas de votarse en el Senado el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, bajo riesgo de un nuevo veto por parte del Gobierno nacional, la comparativa realizada por el Centro de Estudios para la Recuperación de Argentina (Centro RA) de la Facultad de Económicas de la UBA, “evidencia que la inversión en educación superior y ciencia queda relegada ante los intereses de los sectores más ricos”
El esfuerzo fiscal previsto en la actualización de recursos del sistema universitario, es similar al que se realiza para el blanqueo y beneficio de los sectores más ricos del país, el cual se le otorga un 0,14%. Esto también suma a que, queda por debajo del derivado del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego que es de un 0,22%.
Ese porcentaje, representa para las casas de altos estudios, la posibilidad de financiar sus gastos de funcionamiento, así como también el de “hospitales, la actualización de los fondos de ciencia y técnica y la recomposición salarial de docentes y no docentes”, según precisa el informe de la UBA. “El impacto en las cuentas fiscales luce mucho menos oneroso al compararlo con algunas directrices recientes, tanto por decisión como por omisión”, indicó el estudio.
El relevamiento de la UBA indica que la reciente reforma fiscal incluye una fuerte reducción de los impuestos al patrimonio sobre aquellos sectores con mayor riqueza en la sociedad. La modificación del mínimo no imponible y las alícuotas correspondientes a la fórmula del impuesto a los bienes personales, se traduce en una caída en la percepción de ingresos pública de aproximadamente 0,14% puntos del PBI, lo mismo que requiere la actualización de los recursos del sistema universitario.
En cuanto a los Bienes Personales, el Gobierno introdujo un incremento del mínimo no imponible a $100 millones y una reducción de las alícuotas para quienes tributan el impuesto. El informe estima que la caída de recaudación por bienes personales sería de aproximadamente un 25% pasando de representar un 0,52% de PBI a un 0,38%.
Luego del informe de la UBA, qué sucede con la Ley de Financiamiento Universitario
Según la propuesta legislativa que se votará este próximo jueves, los fondos destinados para las casas de estudio del nivel superior deben incrementarse este año de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzando la suba de todos los conceptos, y en particular, contemplando los incrementos a los salarios del personal universitario.
Los profesores y trabajadores no docentes universitarios, arrancaron el segundo semestre con huelgas y protestas, percibieron desde diciembre de 2023 un aumento del 80,4%, mientras que la inflación acumulada fue del 134,6% ciento hasta el 31 de julio pasado. De acuerdo a la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC), el incremento debería llegar al 30,1% sobre los salarios de julio para poder recuperar lo perdido.
Si bien el proyecto de ley, impulsado por el radicalismo, ya cuenta con media sanción de Diputados, pero la administración nacional ya anticipó que en caso de aprobarse lo vetará de la misma manera que hizo el presidente Javier Milei la semana pasada con el aumento a las jubilaciones aprobado por el Congreso. Las razones detrás del rechazo del Ejecutivo a este aumento de fondos universitarios radica en su impacto fiscal y en el déficit, que el Gobierno resguarda celosamente.
“Recomponer los créditos y los salarios universitarios, de ningún modo desafía ni pone en riesgo el equilibrio en las cuentas públicas. Con salarios universitarios por debajo de la evolución del resto del sector público, no parece haber un limitante considerando un esquema de restricción presupuestaria”, señaló Julián Leone, magister en Economía, docente de la UBA y uno de los investigadores del Centro RA.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, señaló que “las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado” y con las cuentas públicas “en orden”. Por caso, la distribución de los costos y los recursos se está realizando de manera desigual, como ocurre con otras erogaciones del Estado que cayeron en términos reales, como sucede con las partidas para las jubilaciones.
El informe del equipo de investigación de la UBA concluye que “las recientes reformas fiscales subrayan la necesidad urgente de revaluar y priorizar el financiamiento de las universidades”, que es “una inversión estratégica para el país, vital para la formación profesional y el progreso social”.
