jueves, julio 7, 2022

Úrsula Bahillo: piden juicio político para juez que desestimó las denuncias de la joven

La Defensoría del Pueblo bonaerense consideró que hubo "negligencia e incumplimiento de sus deberes" ante las advertencias contra el femicida.

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La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió el juicio político para el juez de Paz Letrado de la ciudad bonaerense de Rojas, Luciano Callegari, al considerar que mostró "negligencia e incumplimiento de sus deberes" ante las denuncias formuladas contra el acusado de matar a Úrsula Bahillo en febrero pasado.

“El juez no defendió a la víctima, demoró dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, sostuvo el titular del organismo, Guido Lorenzino.

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Úrsula, de 18 años, fue asesinada luego de denunciar varias veces a su expareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos.

“El pedido de jury a Callegari se basa en que dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género", indicaron desde la Defensoria.

Además, se considera que "mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material, aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral".

A su vez, el organismo considera que el juez "aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor".

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Ante este escenario, el pedido de juicio político fue formulado por considerar que Callegari tuvo "un mal desempeño e incumplimiento de deberes", ya que "no tomó contacto con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección".

Tampoco tomó ninguna medida ante la desobediencia del acusado ni requirió información a su lugar de trabajo, que hubiera mostrado las denuncias por violencia que ya tenía, e incumplió el deber de juzgar con perspectiva de género, de administrar justicia sin el uso de estereotipos y prejuicios, agregaron desde la Defensoría. 

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