La diputada bonaerense de Fuerza Patria, Sofía Vannelli, presentó un proyecto de ley para crear la Agencia de Administración de Bienes del Estado de la Provincia de Buenos Aires, un organismo descentralizado que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda, y tendría como objetivo agrupar la información, administración y control de los inmuebles y muebles registrables que integran el patrimonio de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa de Vannelli contempla la creación de un Registro de Bienes del Estado, que concentraría la información sobre las propiedades provinciales y permitiría conocer su existencia, ubicación, condiciones de uso y destino. Para conformar esa base de datos, las distintas jurisdicciones y entidades alcanzadas por la norma deberían informar los inmuebles de propiedad del Ejecutivo provincial que tengan bajo su órbita, junto con sus condiciones de utilización y el personal afectado a ellos.
Según explicó la diputada del Frente Renovador en los fundamentos, el escrito busca contribuir a una “mejor administración, inventario, registración y defensa de los bienes del Estado Provincial”, bajo la premisa de que los inmuebles y los derechos sobre ellos constituyen activos que deben gestionarse de manera integrada con el resto de los recursos públicos. En ese sentido, la legisladora sostuvo que en la actualidad existe una multiplicidad de normas que regulan la administración y disposición de las construcciones, lo que configura un esquema fragmentado que no se ajusta a las necesidades actuales y futuras de tales edificios.
De esta manera, la agencia tendría entre sus objetivos la ejecución de políticas y procedimientos vinculados con la administración y disposición de los inmuebles provinciales, la gestión de la información patrimonial y la coordinación de la actividad inmobiliaria de las distintas jurisdicciones estatales. Además, el organismo tendría a su cargo el control permanente de los edificios y podría intervenir en operaciones de adquisición, enajenación, locación, asignación o transferencia de uso, de acuerdo con las autorizaciones previstas por la normativa vigente.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la posibilidad de asignar y reasignar inmuebles entre organismos públicos. En los articulados, Vannelli le otorga a la agencia la administración de las propiedades que hayan sido desafectadas de su uso, declaradas innecesarias o que no tengan destino, mientras que aquellos edificios asignados a un servicio determinado continuarían bajo la administración y custodia del organismo correspondiente. Una vez que ese uso finalizara, deberían regresar a la órbita del organismo.
Por caso, la iniciativa también prevé mecanismos para detectar las propiedades que no estén siendo utilizadas de manera adecuada, y le da a la agencia la potestad para desafectar predios que se encuentren en uso o concesionados cuando, luego de una fiscalización, se determine que existe falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o innecesariedad. Además, se plantea la creación de un Servicio de Auditoría de Inmuebles encargado de relevar y verificar su estado de mantenimiento, ocupación, custodia, conservación y uso racional.
“Existe una dispersión de inmuebles en distintas jurisdicciones del Estado Provincial que imposibilita su disposición y administración integral por el Poder Ejecutivo, por lo que veo necesario contar con una herramienta de administración de los mismos que posibilite disponer de los mismos de manera ágil y dinámica para la formulación de los diversos planes, programas y proyectos difundidos por sus diversas jurisdicciones”, explicó Vannelli respecto del escrito.
Para la diputada de Fuerza Patria, la centralización de la información de los inmuebles del Estado le permitiría a la provincia de Buenos Aires mejorar la protección del patrimonio público. Por eso, la referente del Frente Renovador advierte que “la dispersión de la información de las edificaciones existentes contribuye a que los mismos sean mal administrados, usurpados, desviados de sus fines o simplemente ignorados”, una situación que, según sostiene, perjudica al patrimonio de los bonaerenses.
Vannelli busca recuperar inmuebles para destinarlos a proyectos de interés público
Otro de los objetivos planteados por la legisladora bonaerense oriunda de Vicente López está relacionado con el aprovechamiento de los espacios físicos que ya pertenecen al Estado. En concreto, el proyecto propone avanzar en programas de racionalización de los espacios dentro de los edificios provinciales para mejorar su utilización y las condiciones de trabajo del personal, además de contemplar eventualmente el uso de tierras públicas para la construcción de nuevos edificios.
La propuesta también establece que los inmuebles estatales que circunstancialmente no tengan un destino útil podrían ser concedidos en uso precario y gratuito a organismos públicos o a instituciones privadas legalmente constituidas, siempre que sean destinados al desarrollo de actividades de interés general. Asimismo, los bienes desafectados podrían ser transferidos o enajenados, previa autorización conforme a la normativa vigente, para constituir emprendimientos de interés público destinados al desarrollo y la inclusión social.
En cuanto a la administración de las propiedades que actualmente tienen contratos vigentes, el proyecto establece que esos acuerdos mantendrán su vigencia hasta su finalización, aunque no podrán ser renovados o prorrogados por los organismos que actualmente tienen a su cargo los inmuebles. A partir de ese momento, la facultad de administrar esos contratos pasaría a la nueva agencia.
El proyecto también establece cómo se distribuirían los recursos obtenidos a partir de la administración de los inmuebles, al señalar que los ingresos provenientes de la enajenación, locaciones, asignaciones, transferencias de uso u otros derechos sobre las propiedades se repartirían en un 70% para la jurisdicción o entidad que tenga la custodia efectiva del inmueble y un 30% para el Tesoro provincial. Los fondos que no fueran utilizados al cierre de cada ejercicio podrían trasladarse a ejercicios posteriores.
Por último, el proyecto de ley propone que, cuando las operaciones se realicen mediante fideicomisos o convenios urbanísticos con los municipios donde se encuentran las propiedades estatales, el mayor valor obtenido a partir de cambios de zonificación, indicadores urbanísticos u otros acuerdos puede destinarse a obras contratadas por Provincia o los municipios. Entre los destinos mencionados figuran la urbanización, construcción de viviendas, provisión de servicios básicos, mejoramiento de escuelas y hospitales, obras viales y otros proyectos de desarrollo social, económico, ambiental o urbano en la jurisdicción donde se encuentre la propiedad.
