En las últimas horas, la comisión de Producción y Comercio Interior de la Cámara de Diputados bonaerense despachó un proyecto ingresado por la legisladora Fernanda Bevilacqua que busca promover la fabricación, reconversión y desarrollo de vehículos eléctricos y autopartes en la provincia de Buenos Aires, con el objetivo de incentivar la transición hacia un modelo de transporte más sustentable y con menor impacto ambiental.
En ese sentido, la diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, celebró la iniciativa que se centra en la creación de un régimen de promoción industrial que fomente la investigación, la inversión y la generación de empleo en el sector, que también impulsa la modernización tecnológica y la reducción de emisiones contaminantes.
“Vamos hacia una Provincia más sustentable. Es importante que la región impulse una transformación productiva basada en energías verdes, poniendo el foco no sólo en cuidar el ambiente sino también en potenciar la producción con tecnologías sustentables e innovadoras, y hoy dimos un paso hacia ese camino”, escribió la secretaria de la comisión de Producción y Comercio Interior.
En tanto, el texto que se aprobó en la comisión establece la creación del Régimen de Promoción de la Industria de Vehículos Eléctricos, que regirá en todo el territorio provincial durante diez años desde su promulgación, y se enmarcará en las políticas estratégicas del Poder Ejecutivo bonaerense que comprende a todas las actividades relacionadas con el diseño, la construcción, el ensamble, la fabricación de componentes y el desarrollo de autopartes para automóviles, motos, camiones y otros medios de transporte con propulsión eléctrica.
En ese sentido, el escrito que aún aguarda el despacho en otras comisiones de Diputados, enfatiza que podrán acceder a los beneficios de la ley las personas humanas o jurídicas radicadas en la provincia de Buenos Aires cuya actividad principal esté vinculada con la producción o reconversión de vehículos eléctricos.

Al mismo tiempo, los interesados deberán inscribirse en un registro especial que será administrado por la autoridad de aplicación, la cual podrá celebrar convenios con municipios que adhieran al régimen, con el fin de facilitar la inscripción y descentralizar la implementación del programa, una articulación que apunta a que cada distrito pueda sumarse al desarrollo de un sector industrial emergente con alto potencial de crecimiento.
Entre las medidas centrales, el proyecto prevé la estabilidad fiscal por diez años para las empresas que se sumen al régimen, la creación de incentivos tributarios que incluyen una desgravación del 60% en el impuesto a los Ingresos Brutos y la posibilidad de acceder a bonos de crédito fiscal equivalentes al 20% de las contribuciones patronales efectivamente pagadas. Estos bonos podrán utilizarse para cancelar tributos provinciales, como los impuestos de sellos o inmobiliarios, aunque quedan excluidas de este beneficio las deudas anteriores a la incorporación al régimen.
Otro de los puntos destacados es la creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Construcción de Vehículos Eléctricos (FoConVE), que se integrará con recursos del presupuesto provincial, donaciones y aportes de organismos nacionales e internacionales. Este fondo financiará proyectos de investigación y desarrollo, capacitación de recursos humanos y programas de reconversión de vehículos oficiales a propulsión eléctrica, y sus recursos se destinarán prioritariamente a universidades, pymes, centros tecnológicos y nuevos emprendimientos radicados en distritos de menor desarrollo relativo.
La iniciativa de Bevilacqua también contempla líneas de crédito específicas, tanto para la instalación o ampliación de plantas productivas como para la adquisición de vehículos eléctricos por parte de particulares o entidades, que serán coordinadas por la autoridad de aplicación junto con bancos públicos y privados, buscando estimular la demanda y facilitar el acceso a tecnologías limpias. De esta manera, la ley apunta a generar un círculo virtuoso entre producción, innovación y consumo responsable.

En los fundamentos, la legisladora subraya que el cambio de paradigma en el transporte es una necesidad global frente al avance del cambio climático y la contaminación urbana, y que la provincia de Buenos Aires necesita una nueva política de movilidad sostenible que promueva la investigación y el desarrollo tecnológico, genere empleo y favorezca la preservación del ambiente.
El proyecto también crea una comisión de Seguimiento integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de ambas cámaras legislativas, que tendrá a su cargo la evaluación periódica del cumplimiento de la ley, la supervisión de los fondos y la propuesta de acciones para mejorar la infraestructura y los procedimientos, al tiempo que deberá elaborar informes públicos y remitirlos anualmente a la Legislatura, garantizando transparencia en la aplicación del régimen.
En los fundamentos, la autora sostiene que los vehículos eléctricos son una herramienta eficaz para reducir el uso de combustibles fósiles y el smog en las grandes ciudades, a la vez que impulsan el desarrollo de energías renovables y nuevas cadenas productivas, y destaca además que la Argentina, al igual que países como Noruega, Alemania o Estados Unidos, debe avanzar en el cambio hacia un transporte público y privado de bajas emisiones, que genere beneficios económicos, ambientales y sociales para la población bonaerense.





