La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires y titular del Senado bonaerense, Verónica Magario, lanzó una dura crítica contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por las políticas impulsadas en materia de discapacidad. La autoridad parlamentaria cuestionó tanto el incumplimiento de la Ley de Emergencia como el nuevo proyecto enviado al Congreso que propone modificar el marco normativo vigente.
“Milei pone en riesgo la vida de argentinas y argentinos discapacitados al incumplir la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada y ratificada por los representantes de la sociedad en el Congreso y avalada por la Justicia, que exigió cumplirla”, reclamó Magario.
La vicegobernadora de Axel Kicillof advirtió que la administración libertaria no solo omite la normativa sancionada, sino que además profundiza las restricciones sobre los beneficiarios del sistema en materia de prestaciones sanitarias. En ese marco, la presidenta de la Cámara alta bonaerense puso el foco en la propuesta del oficialismo nacional, que busca aprobar una nueva ley con cambios estructurales en el régimen de pensiones.
“Ahora pretende agravar la condición de vida de las y los discapacitados. Con ‘orgullo libertario’, es cruel con los más débiles”, cuestionó Magario, que además apuntó contra la posible incompatibilidad entre pensión y empleo formal.
La dirigente provincial retomó uno de los principales puntos del proyecto, que elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad pueda trabajar sin perder la asistencia estatal. Al respecto, la exintendenta de La Matanza explicó que la pensión por discapacidad ronda los $378 mil, por lo que funciona como un complemento frente a las limitaciones que enfrentan estas personas para insertarse en el mercado laboral y sostener ingresos en contextos de vulnerabilidad.
“¿Hasta dónde se puede jugar con la vida de los más vulnerables, los jubilados, los niños y los discapacitados? La real “obligación moral” de un Estado no es hablar pavadas diciendo que un crédito a un funcionario “no mata a nadie”. Es asistir a los que no pueden defenderse solos”, fustigó la referente oficialista.
Vale precisar que, en las últimas semanas, el Ejecutivo nacional envió al Congreso un proyecto que modifica de forma sustancial la Ley de Emergencia en Discapacidad N° 27.793, que aún no aplica en su totalidad, pese al fallo de la Justicia que ordena su cumplimiento efectivo. La iniciativa pretende derogar los artículos 5, 6, 9, 14 y 20 de la normativa sancionada en 2025 y redefine los criterios para acceder a la ayuda estatal.
Frente a este escenario, Magario volvió a levantar la voz en relación con el ajuste del Gobierno nacional y convocó a fijar una posición frente al nuevo intento de reforma sobre las políticas públicas. “Quienes creemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que tienen todos los ciudadanos debemos levantar un muro de contención para frenar tanta barbarie. El otro importa”, finalizó.
El Gobierno nacional envió una nueva Ley de Discapacidad al Congreso y busca restringir el beneficio
En medio del litigio judicial por el incumplimiento de la normativa aprobada por el Congreso, el Gobierno nacional envió un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad que introduce cambios de fondo en el sistema. La iniciativa impulsada por la gestión de Milei propone establecer requisitos adicionales y redefine los criterios de acceso a las prestaciones.
El texto oficial plantea la derogación de artículos centrales de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 y establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones. De este modo, los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales bajo un esquema de control más estricto.
Asimismo, la propuesta habilita la suspensión automática de la pensión en caso de incumplimiento y permite aplicar bajas “preventivas”, ante inconsistencias detectadas en los cruces de información entre organismos estatales. El planteo legislativo también fija el monto del beneficio en el 70% del haber mínimo jubilatorio y elimina la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o zona desfavorable.
Finalmente, la presentación libertaria también establece la “incompatibilidad absoluta” con cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. De aprobarse, la norma eliminaría la posibilidad de que una persona con discapacidad acceda a un trabajo registrado sin perder el beneficio, lo que representa uno de los cambios más contundentes respecto a la regulación actual.
