El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, pidió este jueves la prisión preventiva para cuatro exintegrantes del directorio de Vicentin y para el actual presidente de la agroexportadora, Omar Scarel.
En sus argumentos, Moreno sostuvo que la empresa realizó una serie de artilugios ilegales antes y después de caer en default el 4 de diciembre de 2019 aunque la defensa de los exdirectivos de Vicentin negó los cargos por los que se acusa a los empresarios.
Además, el abogado Jorge Ilharrescondo pidió a la Justicia la “prescripción en la investigación de la imputación de balances falsos en 2017 y 2018″ que realizó la empresa Vicentin.
Durante la audiencia, Moreno desplegó más pruebas al señalar que el “engaño” que protagonizaron los exdirectivos de Vicentin se basaba en “falsear información y ocupar cargos de prestigio”.
Uno de los directivos más complicados en esta causa es el actual presidente de Vicentin quien, según el fiscal, figura en varias escuchas telefónicas en las que se traslucen sus intenciones de acomodar números de las sociedades vinculantes, simular cambios de directorios y hasta adulterar trámites judiciales.
Esta causa penal llega a esta instancia de imputaciones y posibles detenciones tras más de un año de investigación. Sin embargo, es un mal momento para la empresa, ya que en diciembre próximo Vicentin tiene que presentar una propuesta de pago a los acreedores y avanzar en la posible venta de activos.
La firma concursada, que enfrenta una deuda de USD 1573 millones, debía presentar una propuesta para los acreedores el 3 de septiembre pasado, pero al no llegar con los plazos pidió tres meses más de tiempo, algo que avaló el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini.
La causa penal contra los ex y actuales directivos de Vicentin se inició en julio pasado, luego de que varios acreedores presentaran una denuncia, con la representación del abogado Gustavo Feldman a la que se sumaron los bancos extranjeros, que reclaman una acreencia de USD 530 millones.
Los bancos acreedores son el IFC (Corporación Financiera Internacional, del Grupo Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole a los que se suma como querellante en Rosario, el Banco Macro.
El juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso, dispuso como fecha límite el 20 de noviembre para que la firma Vicentin presente un plan de negocios y la propuesta de pago a sus acreedores, a la vez que fijó una serie de pautas para el mismo.
