En las últimas horas, la vicepresidenta Victoria Villarruel recibió en su despacho del Senado a la jueza María Verónica Michelli, candidata al Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, y le transmitió su respaldo político e institucional en medio de la ofensiva impulsada por el presidente Javier Milei para retirar su pliego. El encuentro se realizó en el Palacio Legislativo y se extendió durante casi una hora, en un contexto de creciente tensión entre la Casa Rosada y la titular de la Cámara alta.
Según dejaron trascender desde el entorno de Villarruel, la reunión ocurrió mientras el Gobierno nacional intentaba frenar una candidatura que ya cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos. El pliego de Michelli obtuvo nueve firmas de senadores de La Libertad Avanza, el PRO, la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales, lo que la dejó en condiciones reglamentarias de ser tratada por el pleno del Senado.
Desde el despacho de Villarruel remarcaron que la vicepresidenta no está dispuesta a desconocer el procedimiento parlamentario. “Victoria respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado”, señalaron fuentes cercanas a la titular de la Cámara alta.
Cabe mencionar que la definición que surgió del círculo cercano de la Vicepresidenta fue interpretada como una nueva señal política relevante, ya que si bien no implica un respaldo activo para garantizar la aprobación de la magistrada, sí deja en claro que Villarruel no acompañará iniciativas destinadas a alterar el trámite parlamentario una vez que el expediente avanzó en comisión y obtuvo las adhesiones necesarias para llegar al recinto.
La controversia se profundizó luego de que la Casa Rosada decidiera impulsar el retiro de la candidatura luego de que se diera a conocer que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La determinación abrió una discusión política e institucional sobre los alcances de la facultad presidencial para retirar un pliego cuando el proceso legislativo ya se encuentra avanzado.
El conflicto expuso diferencias dentro del propio oficialismo, ya que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, le comunicó al presidente Milei que no respaldará el retiro del pliego y planteó una “objeción de conciencia” respecto de esa decisión, e incluso puso a disposición su renuncia a la conducción de la bancada oficialista.
No obstante, desde la Presidencia del Senado buscaron despegar la reunión de Villarruel con Michelli de la postura asumida por Bullrich. Es que, fuentes cercanas a la vicepresidenta sostuvieron que el encuentro no debe interpretarse como una acción coordinada entre ambas dirigentes, cuyas relaciones políticas han estado marcadas por acuerdos circunstanciales y diferencias importantes.
Entre esos desacuerdos se encuentra la conformación de las comisiones permanentes del Senado. Mientras Bullrich promueve una integración que reduciría la representación del peronismo, Villarruel opta por preservar determinados equilibrios políticos dentro de la Cámara, al punto de evitar firmar la conformación de algunas de las principales comisiones legislativas.
Desde el entorno de la vicepresidenta también destacaron los antecedentes profesionales de Michelli, ya que la magistrada es egresada de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), integra el Poder Judicial desde hace más de tres décadas y desde 2009 se desempeña como secretaria de Cámara en el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata. Además, la letrada cuenta con especializaciones en derecho penal y acceso a la justicia realizadas en la Argentina y en el exterior.
“Michelli es una jueza de trayectoria intachable. Villarruel recibió a muchos jueces y camaristas que pasaron por la Comisión de Acuerdos y tuvieron dictamen para ser llevados al recinto. Este caso tiene características distintas, pero está en el mismo sentido que otros encuentros similares”, explicaron cerca de la vicepresidenta. En ese marco, el Senado se prepara para una definición que podría convertirse en un nuevo foco de conflicto entre la Cámara alta y la Casa Rosada, en una discusión que excede el caso puntual de la magistrada y que involucra el alcance de las atribuciones presidenciales y la autonomía parlamentaria.
