En las últimas horas, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) encendió una polémica en la costa bonaerense luego de que aplicara una tasa vial del 3% en General Madariaga, una carga impositiva que solo rige en Pinamar y que no existe en el distrito de 23 mil habitantes.
Resulta que, la reciente apertura de la YPF en el cruce de rutas 74 y 11, en General Madariaga, sorprendió a todos no solo por sus innovadoras instalaciones, sino porque los precios de las naftas estaban más caros en comparaciones a las estaciones del centro de la ciudad, precisamente un 3% más alto.
“Esta situación genera una preocupación legítima. El precio final que pagan nuestros vecinos no debería incluir ningún concepto vinculado a una tasa municipal inexistente”, señalaron autoridades madariaguense.
Según aportaron medios locales, los precios de esta nueva sede se debe a las quejas de los concesionarios de YPF en Pinamar, que llegaron a los oídos del presidente de la entidad petrolera, Horacio Marín. Durante la reapertura de una estación móvil local, los pinamarenses aseguraron que sus ventas cayeron drásticamente ya que los turistas viajaban a Madariaga para cargar nafta con precios más bajos.
Desde Puerto Madero, los altos mandos de YPF habrían ordenado esta medida para equiparar los precios con esta flamante estación en la entrada de Madariaga. Desde la intendencia que conduce el radical Esteban Santoro, exigieron si la diferencia recaudada se destinará a Pinamar o formará parte de la ganancia de la nueva estación.
“El tema no es menor, desde los medios porteños constantemente se hace hincapié en que la carga impositiva es por culpa de los municipios en su mayor medida, cuando no es así en la realidad”, subrayaron desde Madariaga.
En efecto, pese a la creencia popular sobre que el precio de la nafta corresponde a la municipalidad, más del 90% de la carga tributaria proviene de impuestos nacionales y provinciales: 65–70% de Nación, 25-30% de las provincias y solo 5–10% de los municipios.
El proyecto de la Legislatura bonaerense que hizo ruido en YPF
En noviembre, la diputada bonaerense del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, cruzó a las empresas petroleras por las críticas que le llovieron debido a su proyecto de ley para obligar a las expendedoras de combustibles a anunciar las subas de las tarifas con 72 horas de antelación.
“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios“, reclamó la diputada bonaerense.
En rigor, la iniciativa fue aprobada por mayoría en comisión luego de que YPF dejara de informar los aumentos de precios en las estaciones de servicio y generó una inmediata reacción en el sector energético, que advierten que la medida podría derivar en efectos contraproducentes como el desabastecimiento o una reducción en la competencia entre marcas.
De esta manera, el proyecto propone establecer que las petroleras y empresas abastecedoras informen toda modificación en los precios de venta con una antelación mínima de 72 horas corridas, y las estaciones de servicio publiciten los cambios con 48 horas de anticipación en cartelería visible, surtidores y medios digitales oficiales.
Por caso, las sanciones previstas en el proyecto de Rasquetti por incumplimiento a la medida van desde multas equivalentes de 5.000 a 150.000 litros de nafta súper para las petroleras, entre $7,2 millones y $215 millones a valores actuales, e incluso contemplan la suspensión temporaria de la habilitación comercial en caso de reincidencia.
