La gobernadora María Eugenia Vidal resolvió aplazar seis meses la resolución que les prohibía a los intendentes bonaerenses cobrar en las boletas de luz tasas ajenas al servicio eléctrico. La medida, debía entrar en vigencia el 1° de enero.
Aunque la iniciativa se da a conocer ahora, surgió como parte de los acuerdos para la aprobación del Presupuesto 2019, a principios de diciembre. La resolución original, aprobada el 8 de mayo pasado, establecía que las facturas de luz no podían contener conceptos “ajenos a la prestación del servicio de energía eléctrica”.
Esto afectaba directamente a los alcaldes, que durante años fueron incorporando en las boletas tasas municipales de distinta índole, aprovechando el alto porcentaje de cobrabilidad que les aseguraba.
Por esta vía, se sostienen mutuales, sepelios y emergencias médicas, cuya cobrabilidad no podían asegurar de otra forma. Tras la polvareda que generó la medida, el Oceba resolvió a fines de junio postergar su aplicación hasta el 1° de enero y ahora lo estiró hasta julio.
“El cumplimiento de la medida implica para los municipios modificaciones en sus sistemas de recaudación y cobro y, para los distribuidores municipales, la adaptación de sus sistemas de facturación”, aseguró el organismo de control.
Cabe destacar, que la decisión tiene un trasfondo político: fue un pedido unánime de intendentes del oficialismo y de la oposición, ante el panorama que presentaba la negociación del Presupuesto 2019.
Aquejados por el recorte de fondos coparticipables (como el Sojero) y ante el posible traslado de subsidios a sus distritos, los jefes comunales pidieron entonces mantener el cobro de tasas en las facturas de servicios, aduciendo que la prohibición les haría desplomar la recaudación.
La prohibición, ahora prorrogada, se había establecido originalmente en el marco de la decisión del gobierno de Vidal de eliminar los impuestos provinciales que gravaban el consumo eléctrico, como un gesto hacia los usuarios que reclamaban por los constantes “tarifazos”.
