Durante la segunda sesión ordinaria del año, el Senado bonaerense convirtió en ley la prórroga por 18 meses de la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas de la provincia de Buenos Aires, con posibilidad de ser extendida un año más luego de que termine ese plazo.
De esta manera, la prórroga de emergencia de empresas recuperadas y la declaración de interés provincial aprobada este miércoles contempla la asistencia para las cooperativas que se vieron afectadas por las crisis económicas, otorga facilidades financieras, y suspende la ejecución de sentencia de desalojos y los cortes de servicios públicos.
“Es muy importante la ley en esta coyuntura. Las empresas recuperadas crecieron fuertemente durante la emergencia económica de 2001, la mayoría de las 400 empresas recuperadas a nivel nacional se encuentran en territorio bonaerense. Son mayoritariamente empresas productivas, que han tenido por finalidad garantizar la continuidad laboral y productiva de los trabajadores”, detalló la senadora de Unión por la Patria, María Rosa Martínez durante la sesión.
Es preciso recordar que, la prórroga de emergencia de empresas recuperadas fue impulsada en abril de 2022 por la diputada con mandato cumplido del Movimiento Evita, Patricia Cubría, y la misma estipulaba un plazo de dos años. Con ese período ya cumplido, este miércoles el bloque de Unión por la Patria logró extenderla por 18 meses, con posibilidad para ampliarlo por un año más.
Vale mencionar que, la iniciativa original del bloque de Unión por la Patria contemplaba un período de cinco años para extender la prórroga de emergencia de empresas recuperadas, no obstante el interbloque de Juntos puso reparos a la extensión del plazo y el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados acontecido hace algunas semanas arrojó un dictamen de mayoría y otro de minoría.
En detalle, el PRO acompañó la iniciativa, pero exigió que la prórroga de la emergencia de empresas recuperadas sea por un año, con posibilidad de prórroga por el mismo lapso de tiempo, y que sólo puedan acceder quienes se encuentren inscriptos en el Registro Público Provincial de Cooperativas.
Por su parte, el dictamen de mayoría de Unión por la Patria contemplaba que la prórroga de la emergencia de empresas recuperadas sea por cuatro años, pero sólo contó con el acompañamiento del bloque libertario dialoguista Unión Renovación y Fe liderado por Gustavo Cuervo.
Finalmente, en la reunión de Labor Parlamentaria previa a la sesión en la Cámara de Diputados del pasado jueves, el peronismo tuvo que ceder y acordó con la oposición que la prórroga de emergencia de empresas recuperadas sea por 18 meses, con opción a extenderse un año más.
“Entendiendo que el trabajo es un eje estratégico de derechos, en las empresas recuperadas se ha restituido la producción en rubros como textiles, curtiembres, gráficos, de la sanidad. Es una obligación del Estado contemplar a este sector productivo y realizar todas las medidas que atiendan a resolver los problemas que tienen”, valoró la senadora Martínez.
Horas antes de la sesión de este miércoles, el bloque de Senadores Unión por la Patria se reunió con trabajadores de empresas recuperadas. “Estuvieron el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Andrés Reveles y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato: nos competimos a conformar una mesa de trabajo para laburar de conjunto”, precisó el legislador del Frente Grande, Federico Fagioli.
Por último, Unión por la Patria realizó una concesión al bloque libertario de Sergio Vargas, al resignar del sobre tablas dos proyectos de autoría de las senadoras Amira Curi y Sofía Vanelli, que declaran la adhesión a las universidades y a la marcha federal, que protestó en contra del recorte a las casas de altos estudios.
De este modo, el espacio de Sergio Vargas se distanció de la posición “moderada” que tomó la bancada de diputados libertarios dialoguistas de Unión Renovación y Fe, que mediante un comunicado salió a recordar la “obligación irrenunciable del Estado” de “proveer, financiar y supervisar la educación”, lo que se interpretó como un respaldo a la marcha federal.
