Este martes, más de 1700 organizaciones sociales, de derechos humanos, gremiales, estudiantiles y políticas enviaron cartas a organismos internacionales para denunciar el protocolo antipiquetes presentado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se probará por primera vez en las movilizaciones de Unidad Piquetera de este miércoles 20 de diciembre.
En ese sentido, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) comunicaron que las presentaciones, dirigidas a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), también contienen el acompañamiento de más de 15 mil firmas a título personal, que se pueden visualizar en este link.
De esta manera, la denuncia señala que el protocolo antipiquetes de Bullrich fija “pautas de actuación policial y estatal que van en contra del derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social”, reconocidos en normas locales, nacionales e internacionales.
Asimismo, los documentos señalaron que el protocolo antipiquetes de Bullrich “habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta”, mientras que también “contiene disposiciones para recabar información, criminalizar, perseguir y estigmatizar” a los dirigentes políticos, sociales y sindicales.
Por ese motivo, los organismos de derechos humanos dieron cuenta de que el lanzamiento del protocolo antipiquetes llegó justo después de los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, que consideraron “tendrá un serio impacto en los sectores sociales más vulnerables de nuestro país”.
En ese sentido, las cartas criticaron que el objetivo de Bullrich es “desincentivar, al punto de suprimir, cualquier posibilidad de manifestación pública y reclamos al Gobierno por parte de las personas afectadas por las recientes decisiones en materia económica”.
De esta manera, los organismos de derechos humanos solicitaron “a la ONU y a la CIDH que manifiesten públicamente y ante el Estado argentino la preocupación por este protocolo, el cual también afecta los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de quienes ejerzan el derecho a la protesta”.
Es preciso mencionar que, el escrito también pide a los organismos de derechos humanos internacionales que exijan al Estado argentino que derogue el protocolo antipiquetes y que se garantice el derecho a la protesta, la integridad personal y la seguridad de quienes se manifiestan.
