Entrada la madrugada de este miércoles el Senado de la Nación convirtió en ley el aborto legal en Argentina con 38 votos en favor, 29 en contra, 1 abstención y 4 ausentes en una sesión maratónica.
La brecha entre quienes apoyaron el derecho de las mujeres a acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y quienes pretendían mantener la práctica en la clandestinidad fue mayor a la esperada.
"Resulta aprobado", dijo entre aplausos la presidenta del cuerpo, Cristina Fernández de Kirchner, a las 4.12 de la madrugada luego de una jornada de intensas discusiones e intercambios.
La amplitud del respaldo a la ley, que la Campaña por el Derecho al Aborto reclama hace 15 años, estaba fuera de los cálculos más optimistas al comienzo de la sesión, y se fue construyendo con el correr de las horas.
Tras más de dos años de debate parlamentario y casi medio siglo de lucha del feminismo, el Senado dio un paso fundamental para ponerle fin a la clandestinidad y aprobó el proyecto de IVE.
Desde el oficialismo, los senadores a favor de la legalización acordaron con el Gobierno algunos cambios al proyecto que se plasmarán en la reglamentación y así evitaron que el proyecto debiese volver a Diputados.
La mayoría de los votos positivos fue aportada por senadoras, en un apoyo transversal, de todo el espectro partidario, que cristalizó lo que sucedió con el proyecto desde que comenzó su trámite parlamentario este año en la Cámara de Diputados.
Estas modificaciones posibilitaron el voto positivo de los senadores por Río Negro, Alberto Weretilneck y por Entre Ríos, Edgardo Kueider, que habían pedido ajustes en el texto durante el debate en comisiones.
“Hoy va a ser una bisagra en Argentina”, detalló Anabel Fernández Sagasti en su cierre, en el que recordó que hubo pioneras antes y habrá nuevas luchas a continuación.
La mendocina sostuvo que “a sociedad no va a ser la misma, el Estado no va a ser el mismo porque ya no nos va a empujar más a la clandestinidad y además habremos conquistado el poder de decidir".
"Ahora con los debates nos enteramos que nuestras madres abortaban, que nuestras madres abortaron. Y que gracias al debate dejaron la soledad", hiló, al retomar qué impacto tuvo el debate social y el trámite parlamentario de 2018.
“Esta ampliación de derechos es imparable”, afirmó el senador opositor Martín Lousteau al fundamentar su voto afirmativo y pedir a los que dudaban del voto que meditaran.
También el radical desarticuló el argumento de la inconstitucionalidad al marcar que es una “iniciativa perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto, como Suecia, y a la de un país como Irlanda, que lo prohíbe”.
En tanto, el formoseño Luis Naidenoff advirtió que podría decir “vengo a representar a mi conciencia” pero que no quería refugiarse en eso, porque sería traicionarse a sí mismo.
“La esencia de la república es la representación”, detalló, y habló en nombre de ciudadanas y ciudadanas en un debate sobre “el rol del Estado ante la realidad” y no dogmas.
“Son cien años de un Estado no resuelve, dejando hacer”, subrayó Naidenoff y añadió: "Si de ampliación de derechos se trata, solo hay dos parámetros: la libertad y la igualdad. Es necesario romper en serio con desigualdades".
Por su parte, el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sostuvo que no se puede pensar que si no salía la ley “no va a haber más abortos en la Argentina”.
“Los abortos van a seguir existiendo para un sector social con garantías y para otro con un serio riesgo de vida. Lo que estamos haciendo es poniendo igualdad social entre mujeres”, destacó.
Los celestes, que anunciaron que llevarán la ley ante la justicia por considerarla “inconstitucional”, debieron hacer frente a tres ausencias: la del senador por La Rioja, Carlos Menem, la de José Alperovich y la del puntano Adolfo Rodríguez Saá.
También se ausentó al momento de la votación la riojana Clara Vega. Sin embargo, de haber estado presentes, no se hubiese torcido la votación, ni siquiera hubieran logrado forzar el desempate de Cristina Fernández de Kirchner.
Desde un palco siguieron los discursos el jefe de bloque de los diputados, Máximo Kirchner, el presidente de ese cuerpo Sergio Massa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta y la viceministra de Salud, Carla Vizzotti.
También dieron el presente la asesora presidencial Dora Barrancos; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, que fue la redactora del proyecto del Gobierno consensuado con senadores y diputados, y Malena Galmarini, presidenta de AySA.
El proyecto
La iniciativa aprobada esta madrugada legaliza el aborto hasta la semana 14 inclusive y dispone que fuera de ese plazo se pueda acceder, a través de las causales que contempla hoy en día el aborto no punible. Esto es si el embarazo fuere resultado de una violación o si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
Además, da un tiempo máximo de 10 días corridos para que la persona gestante acceda a un aborto seguro tras solicitarlo en los servicios de salud. El proyecto también dispone la atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso, así como el acceso a información sobre métodos de anticoncepción.
En su paso por la Cámara de Diputados la iniciativa oficial sufrió una serie de cambios en torno a la objeción de conciencia. Si bien el texto no habilitó la objeción de conciencia institucional, como reclamaba el sector celeste, se permitió que una institución médica pueda excusarse de realizar la práctica en caso de que la totalidad de sus profesionales estén inscriptos como objetores.
En la redacción original se obligaba a que al menos un profesional de la nómina estuviera disponible para realizar las prácticas de aborto en caso de que una paciente lo solicitase. Tras los cambios, la institución podrá negarse pero deberá hacerse cargo de la derivación de las pacientes de forma inmediata y sin dilaciones, a partir de convenios previamente estipulados con otros efectores de salud.
Ahora, las obras sociales y prepagas deben incorporar la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, que quedará incluida en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y en el Plan Médico Obligatorio (PMO) con cobertura total.
El proyecto contempla también las modificaciones pertinentes al Código Penal. Despenaliza la práctica realizada con consentimiento de la mujer o persona gestante hasta la semana 14 inclusive y fuera de ese plazo, siempre que se cumplen las causales correspondientes y establece penas de tres meses a un año e “inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena” a la autoridad de un establecimiento de salud, profesional o personal de la salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados.
En tanto, la iniciativa también fija una pena de “tres meses a un año” a la persona gestante que, luego de la semana 14 “y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” y aclara que “podrá eximirse la pena cuando las circunstancias hicieren excusable la conducta. La tentativa de la persona gestante no es punible”.
