En las últimas horas, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires declaró el estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en el partido de 9 de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII de la ciudad de Necochea a raíz de las pérdidas de cosechas producto de las inundaciones, una medida que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.
La decisión fue adoptada a partir de la evaluación realizada por el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, liderado por Javier Rodríguez, que analizó información meteorológica, imágenes satelitales y relevamientos efectuados en territorio, mientras que la situación también fue evaluada por las respectivas comisiones locales de Emergencia Agropecuaria y posteriormente por la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires.
En ese marco, la Comisión provincial recomendó avanzar con la declaración de la emergencia agropecuaria durante su reunión ordinaria N° 277, realizada el pasado 25 de junio, luego de considerar las afectaciones registradas en las explotaciones rurales de las zonas involucradas de 9 de Julio y Necochea.
Según los fundamentos de la medida, las inundaciones generaron una situación crítica para las explotaciones agropecuarias de las dos ciudades a las que alcanza la norma, con consecuencias sobre la producción y la capacidad productiva de los establecimientos, en un fenómeno considerado extraordinario y con un impacto específico sobre quienes tienen a la actividad campestre como principal fuente de producción.
De esta manera, la declaración habilita una serie de beneficios tributarios y crediticios para los productores rurales comprendidos en la medida, entre ellos la posibilidad de acceder a una exención del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo con el nivel de afectación determinado para cada explotación.
En los casos alcanzados por la declaración de Desastre Agropecuario, la exención del Inmobiliario Rural se aplicará en proporción al porcentaje de afectación de la explotación, mientras que, quienes se encuentren bajo el régimen de Emergencia Agropecuaria, también podrán acceder a beneficios sobre ese impuesto, de acuerdo con lo establecido por la ley que creó la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario.
Para instrumentar estas medidas, el decreto contempla la intervención de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) en lo referido a los beneficios tributarios, mientras que el Banco de la Provincia de Buenos Aires tendrá a su cargo la efectivización de los beneficios crediticios previstos por la legislación de emergencia agropecuaria.
Por su parte, los productores cuyas explotaciones estén comprendidas en las zonas declaradas deberán presentar las correspondientes declaraciones juradas dentro de un plazo máximo de diez días desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
Es que, la medida alcanza exclusivamente a quienes desarrollen la explotación agropecuaria como actividad principal y cuyos establecimientos se encuentren ubicados dentro de las zonas específicamente incluidas en la declaración, por lo que en 9 de Julio comprende a todo el partido, mientras que en Necochea se limita a las circunscripciones II, III, IV y XII.
La decisión se suma a otras declaraciones y prórrogas de emergencia agropecuaria adoptadas durante 2026 frente a las consecuencias de las inundaciones en distintos distritos bonaerenses. En ese contexto, durante enero la Provincia había extendido el régimen vigente para zonas rurales de Coronel Suárez y Guaminí, mientras que también había avanzado con medidas similares en otros distritos del interior provincial.
Productores de 9 de Julio reclaman por el mal estado de los caminos rurales
Cabe mencionar que, la situación de los caminos rurales también generó reclamos por parte de los productores de 9 de Julio. Es que, este año la Sociedad Rural local presentó ante el Honorable Concejo Deliberante un proyecto para hacerse cargo de la administración y el mantenimiento de la red vial del partido, ante el deterioro de los caminos y la falta de respuestas.
La iniciativa propone destinar el 85% de lo recaudado por el municipio en concepto de tasa vial y el 100% de los fondos provinciales asignados al distrito para obras. Según explicó el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio, Hugo Enriquez, el proyecto contempla la creación de una comisión de trabajo integrada por productores y con un gerente técnico elegido por concurso, que definiría los fondos y la ejecución de las obras hidráulicas y viales del partido.
La propuesta surgió de un trabajo de cinco meses en el que la entidad recopiló información sobre experiencias similares implementadas en municipios como Trenque Lauquen y Benito Juárez, para luego adaptar esas iniciativas a las necesidades de 9 de Julio. “Tras mucho debate, pusimos lo que creímos conveniente y se lo estamos entregando a los presidentes de bloque del Consejo Deliberante y enviándolo al Ejecutivo para ponerlo al tanto. Esperamos que esto camine y se haga realidad”, sostuvo Enriquez.
