Este jueves, el fiscal del juzgado federal N°2 de San Nicolás de los Arroyos, Matías Felipe Di Lello, ordenó que el intendente local, Manuel Passaglia, el secretario de Obras Públicas, Darío Gritti, y el presidente del Ente del Agua, Federico Nicolás Agudo, sean citados a indagatoria en el marco de la causa que los investiga como coautores del delito de contaminación del río Paraná.
Es preciso destacar que, los altos funcionarios del municipio de San Nicolás están acusados del delito de infracción a la Ley de Residuos Peligrosos por contaminar con vertidos cloacales el agua del río Paraná que los vecinos del municipio bonaerense utilizan para actividades recreativas, incumpliendo además sus deberes de funcionarios públicos.
Según el documento ingresado en la causa, Passaglia y sus funcionarios públicos de San Nicolás están imputados por “haber contaminado el curso del río Paraná, el Arroyo Ramallo y el Yaguarón mediante el vuelco de efluentes líquidos cloacales sin tratamiento o con tratamientos inadecuados en diferentes puntos de la ciudad desde fecha incierta y hasta la actualidad”.
En este sentido, el fiscal de la causa aclaró que existen “elementos de pruebas suficientes para sospechar que los mencionados han intervenido en la actividad con relevancia penal”, al argumentar que tanto Passaglia como Gritti y Agudo tenían claro que estaban cometiendo un delito cuando decidieron volcar los efluentes líquidos en el río Paraná.
“La Ley Orgánica de Municipalidades fue fundamental en la imputación realizada a los funcionarios nicoleños, ya que establece el principio de responsabilidad de los municipales y además dice que esa responsabilidad alcanza no sólo la faceta civil, sino también su aspecto penal”, explicó el abogado de la asociación civil Foro Medio Ambiental, Fabián Maggi, que denunció en 2020 el vuelco de efluentes cloacales sin el adecuado tratamiento en el frente costero del río Paraná.
Asimismo, Maggi señaló que los delitos se constataron en análisis de laboratorio realizados por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), entre el segundo semestre de 2017 y noviembre de 2022, e indican que durante todo ese período de tiempo los cursos de agua fueron contaminados con “residuos categorizados como peligrosos”.
En la misma línea, Maggi recordó que el informe de la UNL que devela el delito cometido por Passaglia y sus funcionarios en San Nicolás, desató también “otras medidas probatorias a cargo de Prefectura Naval Argentina (PNA) y la División de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina, que determinaron que los parámetros coliformes fecales estaban miles de veces excedidos de la normativa vigente”.
Durante las pericias realizadas en el agua que los vecinos y vecinas de San Nicolás utilizan para recreación, se pudo dar cuenta de todas las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de esa ciudad que tenían hechos una especie de “by pass” ilegales, que desviaban los líquidos para eludir sus responsabilidades y volcarlos sin el tratamiento correspondiente.
“Es preocupante y reprochable lo que hizo Passaglia, porque la provincia de Buenos Aires en la época de la gobernación de Daniel Scioli hizo una inversión muy grande en San Nicolás y construyó las plantas de tratamiento cloacal, pero el municipio nunca las mantuvo”, resaltó el abogado, al mismo tiempo que remarcó que las mismas están en un estado deplorable de conservación y mantenimiento.
En este contexto, al pedido de indagatoria del fiscal de San Nicolás para los funcionarios locales, el representante del Ministerio Publico Fiscal pidió que se dé lugar a una medida cautelar para la protección del ambiente, con el objetivo de que se eliminen las conexiones ilegales y se ponga en condiciones la planta con los permisos ambientales exigidos por la legislación.
