Imputan a los dueños de las 48 tarjetas de débito del caso Chocolate Rigau

La Justicia imputo por "asociación ilícita y defraudación a la administración pública" a los dueños de las 48 tarjetas de débito del caso Chocolate Rigau.

La Justicia imputó este martes por “asociación ilícita y defraudación a la administración pública” a un concejal reelecto de Unión por la Patria, Facundo Albini, y a los dueños de las 48 tarjetas de débito con las que fue detenido el puntero del Partido Justicialista (PJ), Julio “Chocolate” Rigau.

En ese sentido, con la decisión de la fiscal Betina Lacki,el estatus legal de los 48 empleados de la Legislatura Bonaerense dueños de las tarjetas de débito, fue modificado. Hasta este martes, figuraban como testigos a imputados de un delito, pudiendo ser llamados a indagatoria, pero ahora incluso podrían quedar detenidos mientras se sustancie el proceso.

Además, según las nuevas actuaciones del caso, el padre del concejal del PJ, Claudio Albini, quien fue jefe del área de Personal de la Cámara de Diputados provincial, sería, según la fiscalía a cargo del caso Chocolate Rigau, el jefe de la organización que se encargaría de defraudar al Estado con el cobro indebido de fondos de la Legislatura bonaerense.

Es preciso señalar que, el edil que pertenece al Frente Renovador e integró la lista del candidato a intendente de La Plata, Julio Alak, está considerado como integrante de la banda. Esta situación lo coloca en la posibilidad de ser beneficiado, en caso de que pidan su detención, con un arresto domiciliario.

Vale recordar que, el caso Chocolate Rigau se inició el pasado 9 de septiembre, cuando el puntero político fue denunciado mientras realizaba una serie de extracciones de dinero por un tiempo llamativamente prolongado en un cajero automático ubicado en la ciudad de La Plata.

Durante la investigación, se descubrió que Chocolate Rigau, un electricista y puntero vinculado al PJ, tenía un total de 48 tarjetas de débito con sus respectivas claves anotadas, cada una a nombre de una persona distinta, todas vinculadas a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

Así, la sospecha que nutre a la causa que se investiga en la actualidad, es que había personas contratadas para cobrar salarios de $580.000, en algunos casos sin cumplir funciones, y entregaban las tarjetas a Chocolate Rigau para que extrajera el dinero que se utilizaba, presuntamente, para financiar actividades políticas.

En ese contexto, la semana pasada, los dueños de las tarjetas de débito que “administraba” Chocolate Rigau presentaron ante la Justicia penal un pedido de eximición de prisión en la causa que investiga el presunto fraude contra en la maniobra que hacía el puntero del PJ.

En concreto, el defensor oficial de 43 de los 48 propietarios de los plásticos que le secuestraron al dirigente peronista había hecho el planteo ante el juez de Garantías, Guillermo Atencio, ya que temía que ordenaran una detención a partir de los datos que había accedido Lacki, con el peritaje al télefono del puntero del PJ.

No obstante, el juez rechazó el pedido alegando que el presunto delito que se les imputa a los empleados de la Legislatura Bonaerense no habilita la permanencia en libertad mientras se desarrolla el período de investigación, al mismo tiempo que, presume que podrían eludir el accionar judicial.

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