El Gobierno de Javier Milei incorporó a su gabinete a Rodrigo Sbarra, un exfuncionario de la gestión de Mauricio Macri, quien en años recientes enfrentó una investigación judicial por presunto lavado de dinero a partir de un sobre que dejó en su despacho con 10 mil dólares en efectivo.
La actual administración nacional oficializó el nombramiento de Sbarra, como subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, que depende de la Vicejefatura de Gabinete bajo la dirección de Guillermo Francos.
Esta disposición del gobierno de Milei desató una fuerte polémica debido al historial del flamante funcionario nacional y los antecedentes que lo acompañan desde su paso por la gestión de Juntos por el Cambio (JxC), donde ocupó varios cargos de importancia en el área de Producción hasta diciembre de 2019.
En enero de 2020, el entonces ministro Matías Kulfas denunció ante la Justicia el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en el despacho que había pertenecido a Sbarra, en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo, donde cumplió funciones como secretario de Coordinación.
El sobre contenía, además del dinero, el correo electrónico de una persona que trabajaba en el barrio cerrado de Nordelta, lo que generó sospechas sobre su procedencia. La denuncia derivó en una causa judicial bajo la instrucción del juez Julián Ercolini y la investigación del fiscal Gerardo Pollicita por lavado de dinero.
Al principio, la hipótesis en la causa planteó que el sobre podría estar relacionado con un soborno. Sin embargo, la declaración de una empleada de Nordelta sugirió otra posibilidad, ya que la mujer aseguró que Sbarra había adquirido un lote en esa zona.
Con esta nueva información, la investigación tomó otro rumbo y se enfocó en evaluar si existía un posible caso de lavado de dinero. Para profundizar en los detalles financieros, el fiscal solicitó una revisión exhaustiva de los movimientos económicos de Sbarra.
A raíz de la pesquisa, en febrero de 2020 el juez Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Sbarra y decretó la inhibición de sus bienes. Durante el proceso, el exfuncionario nacional defendió su posición al afirmar que las autoridades de aquel momento habían “plantado” el sobre para involucrarlo.
Sin embargo, su versión perdió peso cuando una exsecretaria suya reconoció su letra en la inscripción manuscrita del sobre. Además, la misma empleada de Nordelta confirmó que Sbarra había comprado un terreno cuyo valor se estimaba en 180 mil dólares.
Lavado de dinero: Las inconsistencias de Sbarra en sus declaraciones patrimoniales
El terreno que adquirió el exfuncionario de Macri no aparecía en sus declaraciones patrimoniales. No obstante, en estos documentos sí figuraba una deuda con su padre, José Alberto Sbarra, empresario inmobiliario en Miami, registrada por un monto similar al precio de la propiedad. Este dato incrementó las sospechas en torno a los activos del exfuncionario, por lo que los investigadores continuaron revisando sus declaraciones juradas para determinar si hubo o no lavado de dinero.
Durante esta revisión, los investigadores encontraron varios bienes que generaron más dudas: un automóvil, una propiedad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y dos terrenos en Navarro, una localidad de la provincia de Buenos Aires. En uno de estos terrenos, Sbarra construyó una casa de grandes dimensiones que tampoco figuraba con claridad en su patrimonio declarado.
Tras observar estas inconsistencias, el fiscal Pollicita incorporó información proporcionada por varias agencias nacionales: la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) —actualmente conocida como ARCA—, la Oficina Anticorrupción (OA) y el Banco Central, además de registros bancarios que aportaron más detalles sobre los movimientos financieros de Sbarra.
En agosto de 2020, luego de un recurso presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Sala II de la Cámara Federal ordenó la inhibición de bienes de Clarisa Camacci, esposa de Sbarra. En el fallo, los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia resumieron las pruebas acumuladas durante la investigación y señalaron que Sbarra no había declarado con precisión sus activos.
También indicaron que, mientras ocupaba un cargo público, Sbarra omitió registrar la compra del lote en Nordelta y no documentó de forma clara el origen de los fondos que permitieron esa adquisición. Por último, el fallo incluyó la omisión de las mejoras realizadas en los terrenos de Navarro, que tampoco aparecían en sus declaraciones patrimoniales.
