Con la certeza de tener la llave para aprobarle al Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, el Presupuesto 2025, gobernadores dieron a conocer este viernes un pliego de demandas con respecto a la distribución de recursos para darle los votos al Ejecutivo en el Congreso.
Es que, en una semana marcada por tensiones políticas, 18 gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y manifestaron la preocupación por el deterioro de las arcas provinciales tras el paso de la motosierra del presidente Javier Milei.
En efecto, los gobernadores denunciaron una caída real del 12% en los ingresos coparticipables durante los primeros 11 meses de Milei. Además, señalaron que los ingresos no coparticipables, que quedan exclusivamente en manos del Ejecutivo, sostuvieron su nivel, provocando un incremento en la participación del Estado nacional en la distribución total.
Este desequilibrio, según los gobernadores potenció las demandas de las provincias, que reclaman lo que consideran un modelo más justo y alineado con los principios de la Constitución Nacional. Por lo que, luego de una extensa reunión, se consensuó una postura común ante la discusión del Presupuesto 2025 en el Congreso.
De esta manera, los gobernadores pactaron cinco ejes del consenso provincial que apuntan a garantizar una redistribución más justa de los recursos entre Nación y provincias. Entre ellos, se destacan las deudas por cajas previsionales, la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos y la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
En detalle, los gobernadores exigen que el Estado nacional se comprometa a saldar las deudas acumuladas con las provincias por las cajas previsionales no transferidas. Además, se solicitó que se retome el esquema de pagos de anticipos.
Además, los mandatarios reclaman que los ingresos por coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos se compartan entre Nación y provincias, pero sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social.
En lo que respecta a la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los gobernadores subrayan la necesidad de un reparto equitativo y regular de este fondo entre las provincias, que es esencial para afrontar urgencias financieras.
Asimismo, los mandatarios proponen reducir la alícuota de la flamante Agencia de Recaudación Federal (ARCA), ex FIP, que la agencia detrae de la recaudación sin perjudicar los salarios de los trabajadores, mientras solicitan que el Ejecutivo cumpla con los ajustes pendientes de compensación derivados del Consenso Fiscal 2017.
Presupuesto 2025: el Gobierno necesita sí o sí del voto de los gobernadores
Desde Casa Rosada confían que contarán con el favor de los gobernadores, que deben garantizar sus partidas para el año próximo, que es electoral. “Ahora hay que construir una mayoría, y los que tienen interés ahí son los gobernadores”, afirmó una armadora parlamentaria libertaria con respecto al Presupuesto 2025.
En efecto, desde el Ejecutivo creen que el bloque comandado por el rionegrino Miguel Ángel Pichetto, Innovación Federal, donde abrevan el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, su par de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio quienes en un contexto de recorte de fondos, en la antesala de un año electoral, colaborarán con la aprobación del proyecto, por su interés en llevar obras para sus distritos.
No obstante, los gobernadores se verán impactados por el recorte que impone el Presupuesto 2025 a las provincias, por lo que el oficialismo tiene por delante una tarea por lo menos titánica. Si bien La Libertad Avanza introduciría algunos cambios, desde el Ejecutivo anticiparon que hay algunos “innegociables” como el equilibrio fiscal.
De todos modos, de repetirse como con los vetos el apoyo de los gobernadores, el oficialismo aún necesitaría que respalden la “ley de leyes”, los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), hoy fracturada, y la Coalición Cívica, que responden a Elisa “Lilita” Carrió quien ya le declaró la guerra al presidente Javier Milei por sus constantes embestidas a la educación pública.
Es que, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) solo tiene 39 legisladores propios en la Cámara de Diputados, si bien tiene otros aliados firmes como el MID (3), liderada por Oscar Zago, el Bloque Independencia (3), y CREO (1).
De todas maneras, la odisea oficialista en el Parlamento es aún más complicada, ya que de conseguir el apoyo de la oposición dialoguista, la administración libertaria solo alcanzaría los 44 legisladores, por lo que le restaría todavía conseguir el voto afirmativo de unos 85 legisladores para alcanzar los 129 para abrir el debate y tener mayoría para aprobar el proyecto de cálculo de gastos y recursos.
A la complejidad del panorama, no solo se suman las recientes medidas antipáticas del Ejecutivo que distanció al oficialismo de lo que supieron ser sus aliados en la Ley Bases, como el veto a los jubilados con el posterior asado en Olivos o el veto a la Ley de Financiamiento, sino los propios pedidos de la oposición dialoguista durante el tratamiento del Presupuesto 2025.
En concreto, desde el radicalismo, el pichettismo y la bancada de los lilitos ya adelantaron que pedirán durante el tratamiento del Presupuesto 2025 que se mantenga la Ley de Financiamiento Docente aprobada en la gestión del ex presidente Néstor Kirchner, la cual signa un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sistema educativo, algo que desde el Ejecutivo no están dispuestos a rescindir.
Uno por uno las condiciones de los gobernadores para apoyar el Presupuesto 2025
- Deudas por cajas previsionales: exigen que el Estado nacional se comprometa a saldar las deudas acumuladas con las provincias por las cajas previsionales no transferidas. Además, se solicitó que se retome el esquema de pagos de anticipos.
- Coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos: reclaman que estos ingresos se compartan entre Nación y provincias, pero sin comprometer el financiamiento del sistema de seguridad social.
- Distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN): subrayan la necesidad de un reparto equitativo y regular de este fondo entre las provincias, que es esencial para afrontar urgencias financieras.
- Limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP): proponen reducir la alícuota que la agencia detrae de la recaudación sin perjudicar los salarios de los trabajadores.
- Compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017: piden que el gobierno nacional cumpla con los ajustes pendientes de compensación derivados de este acuerdo.
