En las últimas horas, el fiscal Gerardo Pollicita pidió que el jefe de la organización social y piquetera Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y otras 17 personas cercanas al ex funcionario nacional, vayan a juicio oral por presunta extorsión a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, y defraudar de esa manera al Estado en el manejo de los fondos públicos.
Según dejaron trascender, Pollicita presentó un dictamen de 279 páginas en el que considera que una parte de la investigación contra el líder del Polo Obrero está cerrada, y por ese motivo le solicitó al juez federal Sebastián Casanello que la causa sea elevada a juicio oral y público.
Es preciso mencionar que, la acusación contra Belliboni es principalmente por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas coactivas y extorsión, puntualmente a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, programa que el jefe del Polo Obrero dirigía cuando era funcionario del Gobierno nacional de Alberto Fernández, en el ex Ministerio de Desarrollo Social.
Para el fiscal a cargo de la causa, los 17 imputados, entre los que hay dos integrantes de la organización Barrios de Pie, instauraron entre junio de 2020 y marzo de 2024 “una matriz delictiva para extorsionar y coaccionar a personas con alta vulnerabilidad social y económica”.
Además de de Belliboni, considerado por el fiscal como el organizador de la “estructura delictiva”, también fueron acusados los referentes del Polo Obrero Jeremías Cantero, Gianna Puppo y Elizabeth del Carmen Palma, junto a María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti y Gustavo Vásquez.
“Defraudaron al Estado con la presentación de facturas apócrifas que les permitieron el desvío de fondos públicos por casi 50 millones de pesos”, señaló Pollicita en el dictamen elevado este lunes, en el que solicita un juicio oral y público para el jefe del Polo Obrero.
En tanto, la acusación que tiene a Belliboni como principal objetivo, señala que a febrero de 2024 el Polo Obrero tenía el manejo de 65 mil planes sociales correspondientes al Potenciar Trabajo, a quienes les sustraían una parte del dinero público.
El dictamen señaló que esa maniobra “les permitió a los líderes del Polo Obrero obtener importantes sumas de dinero, siendo que la recaudación esperada solamente para el período comprendido entre agosto de 2023 y febrero de 2024 era mayor a 313 millones de pesos”.
Por caso, la Fiscalía sostuvo que, a través del ex Ministerio de Desarrollo Social, el Polo Obrero recibió fondos para proyectos de formación laboral de las personas beneficiarias del Potenciar Trabajo, pero fueron desviados “en beneficio propio mediante el uso de más de un centenar de facturas apócrifas, simulando que se trataban de gastos vinculados a la implementación de la política social señalada”.
En esta línea de investigación, referida a los fondos para proyectos de formación laboral, el Ministerio Público Fiscal también imputó a Emilio Pérsico, que durante la administración de Alberto Fernández tenía a su cargo la Secretaría de Economía Social.
A criterio de los investigadores, el plan delictivo “sólo fue posible gracias a la connivencia de los funcionarios públicos, quienes durante los años en que se desarrolló la maniobra fraudulenta entregaron los fondos en procesos plagados de irregularidades y omitiendo deliberadamente realizar controles sobre su destino real”.
Por último, el fiscal pidió que se profundice la investigación respecto de otras personas por las mismas conductas, y por asociación ilícita y lavado de dinero, que se suma a la solicitud de la Oficina Anticorrupción y la organización Poder Ciudadano, querellantes en el caso que investiga a Belliboni, que ya habían pedido a fines del año pasado que el jefe del Polo Obrero sea elevado a juicio oral.
El historial de la causa judicial que envuelve a Belliboni
En julio del año pasado, la Justicia federal procesó al ex funcionario nacional y líder del Polo Obrero por el delito de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional”, al haber recolectado las pruebas suficientes para demostrar que el puntero político piquetero desvió parte de los 360 millones de pesos que recibió su organización y la cooperativa El Resplandor Limitado.
Según la información que pudo recabar el juez Casanello, el líder del Polo Obrero y la cooperativa El Resplandor Limitado desviaron fondos públicos hacia una red de empresas, que habrían utilizado el dinero para “justificar gastos inexistentes con facturas truchas y ocultar así el destino final” de las transferencias realizadas por Belliboni desde el ex ministerio de Desarrollo Social.
Luego de las rondas de indagatorias, Casanello y el fiscal Pollicita reunieron varias pruebas que demostrarían que Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero utilizaron parte de los fondos que recibieron como unidad de gestión del Potenciar Trabajo para financiar al Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda.
En tanto, Casanello sostiene que, además de Belliboni, hay otros 16 dirigentes del Polo Obrero también procesados por la Justicia que actuaron en complicidad del líder de la organización piquetera y extorsionaron a beneficiarios de planes sociales para obtener más fondos y desviarlos hacia el partido de izquierda.
Así, el Juez sostiene que para lograr este objetivo, el Partido Obrero utilizó una serie de empresas “truchas” para justificar la utilización de la plata que le deba Desarrollo Social en el marco del programa Potenciar Trabajo, que son la imprenta Rumbos, Coxtex, Ricoprint y Carlos Osvaldo Monfrini, proveedor de handies.
“Se asentó falsamente la compra de productos para justificar los desembolsos realizados, sino también los cheques que fueron posteriormente entregados a empresas distintas de las formalmente consignadas en las rendiciones de gastos, para concretar el desvío postulado”, afirmó el Casanello, que probó que alrededor de 40 millones de pesos fueron a este grupo de firmas.
