A través de un escrito, el Gobierno nacional le solicitó a la jueza estadounidense Loretta Preska que revoque su decisión de habilitar el acceso a comunicaciones privadas de actuales y exfuncionarios en el marco del juicio por la expropiación de YPF. El planteo judicial incluye a figuras de alto perfil como el actual ministro de Economía, Luis Caputo, y su antecesor en el cargo, Sergio Massa.
La presentación se enmarca en el litigio que enfrenta al Estado argentino con los fondos Burford Capital y Eton Park. En ese contexto, los demandantes buscan obtener mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y otras formas de intercambio digital entre quienes participaron en decisiones centrales relacionadas con la estatización de la petrolera.
En su defensa, el Estado argentino aclaró que no dispone de los dispositivos desde los cuales se habrían originado las comunicaciones solicitadas. De acuerdo con la Procuración del Tesoro, los teléfonos y computadoras pertenecen a los funcionarios a título personal, por lo tanto, la actual conducción nacional no está en condiciones de localizarlos ni de garantizar su entrega.
“El fallo interfiere con cuestiones de confidencialidad y soberanía institucional”, advirtió el equipo jurídico del Estado en el escrito remitido a Preska. Además de Caputo y Massa, el pedido incluye a otros altos funcionarios y exfuncionarios, lo que generó preocupación dentro del Ejecutivo que encabeza Javier Milei por el alcance potencial de la medida.
Según indicó la Procuración del Tesoro, el nuevo pedido de Discovery incorporado por los fondos demandantes contiene material que el Gobierno considera “sensible” y de carácter estratégico. A raíz de esto, las autoridades nacionales advirtieron que la decisión de la jueza Preska constituye un avance sin precedentes sobre las instituciones de un país soberano.
En simultáneo, la administración libertaria presentó un segundo escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. En este caso, el planteo apunta a impedir la intervención de Republican Action for Argentina (RA4ARG), una organización no gubernamental que solicitó participar en el juicio como tercero interesado y sostiene que tanto el Estado argentino como los fondos demandantes habrían intentado ocultar información clave durante el desarrollo del proceso judicial.
En su respuesta, la representación legal del país ratificó la voluntad de colaborar con la Justicia estadounidense y respaldó la posibilidad de que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas al ingreso del Grupo Eskenazi a YPF, ocurrido durante los gobiernos kirchneristas. “El Gobierno toma con seriedad todas las denuncias de corrupción y está abierto a colaborar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, afirmaron los abogados que representan a la Argentina.
El ingreso del Grupo Eskenazi, ocurrido en los años previos a la estatización de la empresa, constituye uno de los puntos más controversiales del juicio. Según la defensa argentina, si se comprueba que los empresarios involucrados ocultaron pruebas o falsearon declaraciones, se podría solicitar la nulidad del fallo de Preska, que condenó al país a pagar más de 16.000 millones de dólares por la estatización realizada en 2012. Frente a esa decisión, el Estado presentó una apelación que continúa su curso ante la instancia superior.
YPF: Preska ordenó la entrega de chats
En el marco del juicio por la expropiación de YPF, Preska, ordenó la entrega de chats, correos electrónicos, así como de otro tipo de comunicaciones entre las gestiones del gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández, entre los funcionarios.
Según explicaron los fondos Burford y Eton Park, demandantes contra la Argentina por la expropiación de YPF, con estas medidas buscan demostrar que el Banco Central (BCRA), el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Energía Argentina (ENARSA) funcionan como un “alter ego” del Estado argentino.
Es decir que, estos organismos no tienen independencia operativa y legal, actúan como una extensión del propio Estado, y por lo tanto sirven como activos a expropiar para pagar la indemnización de USD 16.100 millones, más intereses, por la expropiación de YPF. Vale recordar que, esta información ya había sido parte de la evidencia en el juicio, tras el fallo de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar dicha suma.
Según Maril, no se trata de entregar todos los teléfonos o chats completos, sino de hacer búsquedas específicas con palabras clave, como “YPF” o “Aerolíneas Argentinas”, para identificar comunicaciones relevantes. Entre los funcionarios alcanzados se encuentran, además de Caputo y Massa, el asesor Santiago Caputo; el exsecretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; el exdirector de Aduanas, Guillermo Michel, y el exsecretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein.
