En la antesala de la conmemoración del Día del Maestro, el presidente Javier Milei finalmente vetó la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso el pasado 21 de agosto. La normativa buscaba garantizar fondos específicos para salarios, becas, infraestructura y funcionamiento de las universidades públicas en un contexto de ajuste educativo que mantiene en vilo a la comunidad académica.
Según establece el veto publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial, el importe de gastos necesarios para la sanción de la ley no incluye en sus fundamentos la estimación de las erogaciones presupuestarios y atenta contra el déficit fiscal. “Las supuestas fuentes de financiamiento invocadas carecen de correlación directa con los gastos dispuestos por el proyecto”, puntualizaron.
Con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno debía recomponer al 1. de enero de 2025, según la inflación informada por el INDEC en el período comprendido entre el 1° mayo al 31 de diciembre de 2024, el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional deberá “actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas” desde el 1° de diciembre de 2023 en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período. “Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable”, indicaba el texto.
Frente al veto del Gobierno nacional, desde diversos gremios como ATULP, ADULP, CTERA y CONADU convocaron a un paro de 48 horas para este viernes, al tiempo que llamaron a una marcha federal de la Educación el día en que el Congreso trate la aceptación o no del veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
Entre las primeros cuestionamientos de dirigentes políticos a la medida firmada por Milei, se destacó la del gobernador bonaerense Axel Kicillof. “Vetar la ley es desconocer el orgullo que siente nuestro pueblo por la educación pública, además de atentar contra su futuro y sus posibilidades de progreso”. Asimismo, dirigentes de la Unión Cívica Radical y de Provincias Unidas también repudiaron la medida.
En la antesala de la definición presidencial, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundieron un video institucional en el que pidieron al Gobierno que reglamente la ley sin demoras. El mensaje, de un minuto de duración, reunió al rector Ricardo Gelpi, al vicerrector Emiliano Yacobitti, a los decanos de las 13 facultades y al director del Ciclo Básico Común (CBC).
“Queremos seguir enseñando, queremos seguir aprendiendo dentro de nuestras aulas, con tranquilidad. Queremos que los mejores profesores sigan formando a las próximas generaciones, que puedan quedarse, que puedan seguir enseñando. Porque sin ellos, la universidad no sería la misma”, expresaron las autoridades a través del comunicado.
Los responsables de la UBA también advirtieron que cada vez resulta más frecuente que docentes, investigadores y estudiantes abandonen sus facultades ante la pérdida de poder adquisitivo, producto de la emergencia económica que obliga a los profesionales universitarios a migrar hacia el sector privado e incluso a aceptar ofertas de trabajo en el exterior.
En ese sentido, la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con 58 votos en el Senado de la Nación, establece la actualización mensual por inflación de los fondos para salarios y gastos operativos. La norma también incorpora partidas para infraestructura, becas, carreras estratégicas y fortalecimiento académico, y convoca a negociaciones paritarias para recomponer los sueldos.
La iniciativa también contempla la creación de un fondo inicial de $10.000 millones de pesos, con actualización automática por el IPC, destinado a incentivar el ingreso a carreras estratégicas. “No podemos permitir que se desfinancie la universidad pública, que es motor de inclusión y desarrollo”, remarcaron desde Unión por la Patria (UxP) durante la discusión parlamentaria.
Frente a este escenario, las autoridades de la UBA insistieron en que la nueva norma “no es contra nadie, es a favor de todos” y subrayaron la necesidad de contar con reglas claras que permitan planificar la vida institucional. “La Ley de Financiamiento Universitario es imprescindible para sostener la excelencia de la universidad pública y garantizar que nadie quede afuera”, concluyó la prerrogativa universitaria.
Docentes anticipan un nuevo paro nacional si Milei veta el Financiamiento Universitario
La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció que convocará a un nuevo paro nacional en caso de que el presidente Javier Milei firme el veto a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, según anticiparon, se aplicaría al día siguiente de la publicación del decreto en el Boletín Oficial.
“Es crucial consolidar, visibilizar y ampliar el respaldo de la población, que ya muestra un gran apoyo a la causa”, expresaron los secretarios generales de los gremios adheridos a CONADU, tras participar de una asamblea sindical que analizó los pasos a seguir.
En ese marco, los docentes resolvieron trasladar la propuesta al Frente Sindical Universitario, que la semana pasada ya impulsó dos paros nacionales en reclamo de mejoras salariales. Al mismo tiempo, los representantes gremiales acordaron convocar a una nueva Marcha Federal Universitaria en coincidencia con la sesión parlamentaria que deba tratar un eventual veto.
“La próxima Marcha Federal tiene que presionar para que los diputados y senadores rechacen de forma definitiva el avance del Poder Ejecutivo sobre la voluntad popular que se expresa en el Congreso”, concluyó el secretario general de CONADU, Carlos de Feo.
