Pese a que el peronismo logró aprobar en la Cámara de Diputados una tanda de proyectos para hacerle frente al flagelo del endeudamiento familiar, el bloque de Fuerza Patria no reunió los consensos necesarios para alcanzar una votación unánime, dado que algunos bloques de la “oposición dura” optaron por abstenerse y hasta rechazar las iniciativas para proteger a los bonaerenses de las presiones y desventajas financieras durante los cobros de deuda.
Aunque se podrían haberse dado las condiciones de tener una foto de unidad parlamentaria en pos de hacerle frente a un problema que excede ideologías, finalmente Diputados terminó definiendo por mayoría simple la media sanción de las cuatro leyes oficialistas, que abarcan temáticas como la contratación de créditos, el acceso a información clara, la regulación de la publicidad, la prohibición de prácticas engañosas, la prevención y el impulso de la educación financiera.
La votación terminó decantándose con 52 votos a favor, 39 voluntades peronistas, 5 de Unión y Libertad, 3 de UCR – Unión Cívica Radical, 3 de Nuevos Aires y 2 del Frente de Izquierda. En tanto, los 30 rechazos se repartieron en 17 de La Libertad Avanza, los 11 del PRO y los 2 de Derecha Popular. Los 3 alfiles de la Coalición Cívica y los 3 de UCR + Cambio Federal se abstuvieron. Tanto los libertarios Jazmín Carrizo y Oscar Liberman, como los dos miembros de Hechos, Manuel Passaglia y Ignacio Mateucci, estuvieron ausentes.
Entre las principales razones que esgrimió la oposición, varios bloques desertores del gobernador Axel Kicillof cuestionaron el tratamiento express en comisiones de los proyectos. El viernes pasado, el oficialismo apuró un plenario de cuerpos parlamentarios y en una cuestión de horas unificó una tanda de 11 iniciativas en cuatro leyes. Durante ese debate, el PRO y la UCR habían advertido acerca de que el análisis de los textos requería más tiempo, pero optaron por abstenerse para no obstaculizar sus caminos. En tanto, La Libertad Avanza directamente lo había rechazado, algo que replicó en el recinto.
El principal cuestionamiento provino de los exbloques cambiemitas, que marcaron los proyectos tienen falencias legislativas en su redacción, como la falta de concordancia sobre el concepto de “sobreendeudado”, la incoherencia con respecto a leyes nacionales y hasta la incompatibilidad entre proyectos. En este punto, las bancadas opositoras aseguraron que las iniciativas quedaron a merced de que puedan ser suspendidas por un juez ante una posible “inconstitucionalidad”.

Diputados: los planteos del PRO, la UCR y la CC sobre las leyes de endeudamiento
Como aquellos viejos tiempos entre 2015 y 2023, el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica se movieron en tándem para cuestionar las iniciativas de Fuerza Patria, y argumentaron distintos planteos para reforzar la idea que los textos se superponen entre sí, que avasallan leyes nacionales como el Código Civil, y que, de ser sancionados, corren la suerte de ser “volteados” por la Suprema Corte.
El que más desarrolló los justificativos fue el titular del bloque PRO, Alejandro Rabinovich. “Cuando se escucha en este recinto las búsquedas de consensos o cómo se puede llegar a buscar una solución, un problema que varios intentan simplemente ver si pueden sacar alguna chicana o algún golpe bajo político. Esto quieren venderlo hoy como una solución, y es pura y exclusivamente para tener algún título o algún copy en las redes”, denunció el marplatense.
Sobre las injerencias, Rabinovich describió que el paquete de leyes interfiere con articulados del Código Civil y Comercial, como que “se permite a un juez declarar una prescripción de oficio” (algo prohibido en el artículo 2.552), y del Banco Central, como que “se habilita al Gobierno provincial a controlar el spread“, es decir la diferencia entre dos valores como la toma de deuda y su interés (una facultad del Banco Central, según su Carta Orgánica).
Asimismo, el presidente de la bancada macrista aseguró que el proyecto del líder de los diputados peronistas, Facundo Tignanelli, para crear un procedimiento administrativo bajo la órbita de la Defensoría del Pueblo, va en contra del artículo 55 de la propia normativa que regula ese organismo. “Cuando se creó, nadie pensó que la Defensoría se iba a meter en una cuestión entre privados. Se le está dando una función por arriba cuando lo que dice es que debe intervenir en aquellas cuestiones que tienen que ver entre Estado y privados”, precisó.
Además, Rabinovich aseguró que la aprobación de estas leyes encarecerá de forma automática el crédito en la provincia de Buenos Aires y fomentará tanto el mercado informal de préstamos como la falta de competencia de entidades financieras externas. También, el diputado PRO remarcó que la ley de Tignanelli propone una mediación atribuida a la Defensoría del Pueblo sin tener en cuenta la Ley de Mediación Previa Obligatoria (Ley N° 13.951); y que ninguna de las normativas que recibieron media sanción coinciden en el plazo para cobrar deudas: “Uno suspende el cobro por 30 días hábiles, otro lo suspende hasta que la administración resuelva sin plazo y otro obliga a una refinanciación”.
“Me parece que podemos salir de acá diciendo que hemos intentado llegar a consenso. Sí vamos a acompañar una ley para frenar el hostigamiento, pero no vamos a acompañar bajo ningún concepto algo disfrazado bajo cuatro despachos que pone al acreedor como enemigo y que intenta mostrar a los bonaerenses una solución que es incompatible con las leyes federales. Si el Senado no revisa esto, seguramente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires va a terminar definiendo cuál norma se puede aplicar y cuál no”, amenazó Rabinovich.

En la misma línea fue el titular del bloque radical, Diego Garciarena. “Los proyectos de ley que estamos tratando, además de tener contradicciones, se meten en cuestiones de fondo que no son poderes de la provincia. Son cosas delegadas al Gobierno federal, lo marca el artículo 75 inciso 12 de nuestra Constitución”, declaró en su intervención en el recinto.
“Nosotros no podemos regular materia de fondo, como la prescripción de oficio. No podemos regular regular hipotecas ni ninguno de los derechos reales que regula el Código Civil y Comercial. No podemos regular concursos y quiebras porque es una ley federal. No podemos regular el tema crediticio porque nos regimos generalmente por las normas del Banco Central. Hay cuestiones que comparto y cuestiones que no comparto de los textos legislativos, pero me parece que no estamos dando una solución al tema”, enumeró el también diputado marplatense.
En ese sentido, el legislador por la Quinta sección electoral confesó que las leyes serán discutidas por la Justicia debido a sus incompatibilidades, y trajo a la mesa de debate la reciente medida tomada por el presidente de Brasil, Lula Da Silva, para prohibir las apuestas online y para ayudar a los morosos del país a través de la compra de paquetes de deudas a los bancos, con descuentos del 90%. “¿No podría el Banco Provincia poner tasas testigo y que eso condicione a todos los demás para el acceso al crédito? Esas son medidas que podrían tener un efecto rápido en la recuperación del crédito de los deudores”, remarcó.
“Nosotros tenemos voluntad de acompañar las decisiones que esta Cámara tome en defensa de los usuarios, de los consumidores y de las familias endeudadas. Nos parece que la técnica legislativa que se está tomando no es buena, estamos haciendo un sistema jurídico de endeudamiento difuso, con muchas normas, reglas y procedimientos que después van a ser difíciles de compatibilizar y de aplicar porque tampoco son claros. Muchas veces, y creo que esta es una de ellas, el espíritu de la ley no se pone de acuerdo con la letra de la ley”, finalizó el titular del bloque UCR + Cambio Federal que, a diferencia del PRO, se abstuvo en la votación para no entorpecer el avance de las leyes.
Al igual que sus excompañeros de interbloque, la diputada lilita, Romina Braga, tomó la palabra para anunciar la postura de la Coalición Cívica que, a pesar de acompañar la lucha contra el endeudamiento, decidió abstenerse por el tratamiento que el oficialismo le imprimió a esta batería de leyes. Nuevamente, hubo críticas por las incoherencias entre proyectos.

“Me preocupa que esta Cámara tenga algunos proyectos se contradigan. En dos expedientes estamos dando herramientas distintas. Un expediente obliga a agotar la instancia ante la Defensoría del Pueblo, pero otro se permite acudir ante un juez sin la necesidad de tramitar previamente el procedimiento administrativo. Hay algunas cosas que aparecen en los dictámenes que son de materia nacional. Por más que ya haya pasado por comisión, la manera no es correcta”, castigó Braga.
Asimismo, la nacida en Tandil relacionó la toma de deuda con el crecimiento de las apuestas en línea, otro tema incómodo para el oficialismo, que sigue sin sacar una ley marco para afrontar la participación lúdica de menores de edad. “Mucha de esta toma de deuda termina en apuestas online. Nadie lo dice, pero creo que no es un dato menor. Muchos de los canales que habilitan estas situaciones terminan en el juego online y en la ludopatía”, objetó.
“Si esto pasa a Senado, debe ser revisado de manera profunda, porque hay algunos cruces de frontera entre el derecho del consumidor, la legislación final y algunas herramientas que hoy ya tenemos. Pareciera que de repente tenemos que salir a buscar todas las herramientas que están faltando. Hoy tenemos una Ley Provincial de Defensa de la Competencia, del Derecho del Consumidor, cuyos procedimientos deberían estar más aceitados, y eso no se encuentra en estos proyectos. Tal vez estamos sancionando proyectos que van a caerse ante un planteo judicial”, deslizó la legisladora opositora.
Por último, Braga criticó que durante el tratamiento express de estas leyes se hayan dejado de lado propuestas nacidas desde la oposición, como una iniciativa de su autoría para crear un “Régimen Provincial de Prevención, Tratamiento y Reestructuración del Sobreendeudamiento de Consumo”, una idea muy similar a una de las normativas que esta tarde recibió media sanción.
“Desde nuestro bloque creemos que estas medidas no terminan de tener la técnica legislativa que por ahí podría terminar de fortalecer la problemática. Nos vamos a abstener y frente a eso esperamos que puedan seguir tratándose proyectos que realmente vayan de fondo a lo que son nuestras competencias y cambios de la realidad de los bonaerenses”, cerró Braga.
Así las cosas, el paquete de leyes peronistas sorteó la Cámara de Diputados bonaerense bajo la amenaza opositora de que muy probablemente caerán ante la Justicia. Quedará en el oficialismo ver si atenderán las observaciones del exJuntos por el Cambio o si presionarán con el mismo texto, sin importar ni la postura de la Suprema Corte ni tampoco la mirada de otros bloques opositores del Senado, que tienen la posibilidad de rechazar la iniciativa si es que Fuerza Patria no da el brazo a torcer.





