Este viernes, el presidente de la Autoridad del Agua de la provincia de Buenos Aires, Damián Costamagna, cuestionó con dureza al Gobierno nacional de Javier Milei al advertir que durante 2024, la administración libertaria ejecutó apenas el 7% del Fondo Hídrico de Infraestructura, un mecanismo previsto por ley para financiar obras esenciales destinadas a mitigar inundaciones.
Según explicó el funcionario de Axel Kicillof, el fondo creado por la Ley 23.966 establece que el 4% de lo recaudado en el impuesto a los combustibles debe destinarse a ese fideicomiso, aunque el Ejecutivo nacional solo aplicó 13 mil millones de los 175 mil millones recaudados. “El resto no sabemos para dónde fue, y así es muy fácil hablar de superávit fiscal, cuando la recaudación que uno tiene que destinar para este tipo de obras no se hace”, señaló Costamagna.
En ese sentido, el titular del organismo del agua sostuvo que la falta de ejecución de los recursos impide avanzar con obras estructurales claves para la provincia de Buenos Aires, entre ellas el Plan Maestro Integral del Río Salado. “Necesitamos que esa recaudación vaya para lo que establece una ley votada por el Congreso”, enfatizó Costamagna, al tiempo que remarcó que la inacción nacional afecta no solo la infraestructura hídrica, sino también la planificación provincial y la capacidad de respuesta ante las emergencias que atraviesan varias regiones bonaerenses.
En ese marco, el titular de la Autoridad del Agua bonaerense explicó que el impacto de esta situación es particularmente grave en zonas rurales del centro y oeste de la provincia de Buenos Aires, donde las precipitaciones extraordinarias superaron los 2.000 milímetros anuales, el doble del promedio histórico. “En 9 de Julio, por ejemplo, llovió más del doble de lo que la región puede soportar. Son áreas que ya de por sí están en un valle de inundación, por lo que las obras son fundamentales”, explicó.
En tanto, Costamagna insistió en que el problema de fondo no es solo la emergencia actual, sino la parálisis de obras estructurales. “La obra del Río Salado comenzó en los años noventa, tiene cinco tramos y un total de 531 kilómetros de cuenca comprometidos. De esos, 402 ya fueron finalizados, pero el tramo 4, en su etapa 2, de 33 kilómetros, está paralizado por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, detalló.
Por caso, el funcionario bonaerense explicó además que la suspensión de esa etapa genera un “efecto cuello de botella” que impide avanzar con el tramo siguiente. “Pensemos el río como una autopista: si tengo cinco carriles y de repente paso a dos, no puedo drenar el agua de la parte superior de la cuenca si la inferior está bloqueada. La etapa 5 está financiada, pero el banco que aporta los fondos no puede transferirlos hasta que no se reactive la etapa 2 del tramo 4”, puntualizó Costamagna.
Respecto de la responsabilidad de la paralización de la obra en el Río Salado, Costamagna fue tajante: “La responsabilidad del freno es del Gobierno nacional. Inclusive hay una nota del Ejecutivo dirigida al Ministerio de Infraestructura de la Provincia que informa su decisión de parar la obra. Eso quedó claramente documentado”.
En una comunicación radial, el funcionario también respondió a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien había atribuido a la Autoridad del Agua la falta de ordenamiento de los cursos fluviales. “Los cursos de agua no se ordenan como si uno fuera un oficial de tránsito. Se ordenan con obras, con inversión pública y con gestión de los comités de cuenca, que venimos reactivando desde el año pasado por decisión del gobernador y del ministro de Infraestructura, pero sin respuestas de Nación”, afirmó.
En ese sentido, Costamagna recordó que la provincia de Buenos Aires reactivó durante este año las subregiones A2 y A3, las más afectadas por las inundaciones, y que se trabajó en el proyecto ejecutivo de la obra del nuevo dragado, planificada incluso en tiempos de sequía. “Cuando no había inundación ya se estaba planificando esta obra, que ahora se incorpora al Presupuesto 2026 para poder licitarla. Es una solución estructural, no coyuntural”, sostuvo.
Respecto de la asistencia en las zonas afectadas, Costamagna destacó que la Provincia lleva nueve meses de coordinación con los ministerios de Desarrollo Agrario, Vialidad y Defensa Civil, mientras que Nación “recién se sumó a la mesa después de las declaraciones de la ministra Bullrich y del jefe de Gabinete”. Aunque el titular de la Autoridad del Agua valoró la llegada de equipos nacionales, enfatizó que “pusieron a disposición dos desobstructoras, una cargadora, un chasis y dos motoniveladoras, a pesar de que no hay garantías de que lleguen con maquinistas, que deberá aportar la Provincia”, aclaró.
En última instancia, el funcionario remarcó que, pese a la gravedad de la situación, “no estamos ante una crisis humanitaria con familias evacuadas masivamente”, sino ante una problemática concentrada en áreas rurales, donde los municipios y Defensa Civil provincial mantienen la asistencia directa, y recordó que el pedido de reactivación de las obras y la ejecución del fondo hídrico fue formalizado ante el Ministerio de Economía nacional por los intendentes de la subregión A3. “Presentaron una nota conjunta solicitando la reactivación del Salado y los fondos del fideicomiso, pero hasta ahora no hubo respuesta oficial”, concluyó.
En línea con la Autoridad del Agua, Katopodis cruzó al Gobierno por la obra en el Río Salado
Este jueves, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, desmintió las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y del ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre las obras en la cuenca del Río Salado, y afirmó que el Gobierno nacional paralizó los trabajos desde diciembre de 2023.
A través de un extenso comunicado en redes sociales, el funcionario bonaerense recordó que la interrupción del tramo 4 del Plan Maestro Integral del Río Salado frenó el acceso al financiamiento internacional previsto para completar el proyecto, considerado una pieza clave para mitigar inundaciones en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, Katopodis enfatizó que el Plan del Río Salado es una política de Estado que tiene más de 25 años de continuidad, desarrollada de manera conjunta por Nación y Provincia, y que logró avances sustanciales en etapas anteriores. Según los datos oficiales, el 75% de la obra ya fue ejecutado, lo que equivale a 402 kilómetros de canalización terminados, mientras que 33 kilómetros permanecen paralizados por decisión nacional y otros 95 kilómetros dependen de la ejecución provincial.
En tanto, el ministro de Infraestructura destacó que el ritmo de trabajo sostenido hasta fines de 2023 hubiera permitido finalizar el tramo 4 durante este año, de no haber mediado la suspensión. Es que, la etapa interrumpida forma parte de los sectores de mayor impacto hidráulico, ya que conecta áreas críticas donde se registran desbordes recurrentes.
Por eso, Katopodis explicó que la paralización impide continuar con las gestiones ante los organismos internacionales para financiar el tramo 5, lo que agrava el atraso general del plan, e indicó que los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, destinados a la obra, se mantienen inmovilizados en cuentas y plazos fijos, lo que impide su ejecución efectiva.
