En las últimas horas, el PRO salió a cuestionar al kirchnerismo por los presuntos casos de abuso sexual denunciados en el Senado bonaerense, y reclamó explicaciones concretas y colaboración con la Justicia por parte del gobernador Axel Kicillof y la vice y titular de la Cámara alta, Verónica Magario. En tanto que, desde Concejo Deliberante La Plata interpretaron que se trata de una “desagradable película de terror”.
El PRO Buenos Aires exigió que tanto Kicillof como Magario realicen los aportes correspondientes a la investigación judicial en curso. Es que, desde el espacio opositor remarcaron que “no se puede permitir que situaciones de extrema gravedad pasen desapercibidas”, y plantearon que la falta de definiciones públicas y acciones concretas por parte de las máximas autoridades provinciales “agrava el cuadro institucional”.
En la misma línea, el diputado nacional Cristian Ritondo, titular del bloque del PRO en la Cámara de Diputados y presidente del PRO Buenos Aires, apuntó contra el oficialismo provincial al sostener que el “silencio del kirchnerismo frente a los casos de abuso sexual en el Senado resulta aturdidor”, y cuestionar que, a casi un mes de que trascendiera la noticia, ni el Kicillof ni Magario colaboraron con la Justicia para impulsar la investigación en profundidad.
En ese sentido, el dirigente macrista señaló una “contradicción política” que, a su entender, deja expuesta una doble vara del oficialismo, al plantear que “el kirchnerismo suele presentarse como abanderado de los derechos humanos y de determinadas causas vinculadas a la protección de las víctimas, y en este caso optó por no fijar posición ni aportar información relevante”.
Las críticas también llegaron desde el plano local, donde el concejal platense Nicolás Morzone formuló una serie de cuestionamientos públicos y avanzó con iniciativas concretas. Es que, el edil se preguntó “por qué el kirchnerismo guarda silencio frente a los abusos sexuales investigados en el Senado bonaerense“, y describió el caso como una “desagradable película de terror” que lleva casi un mes bajo investigación judicial.
Es preciso mencionar que, la organización señalada por los representantes del PRO está liderada por Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, y habría funcionado en un domicilio ubicado en calle 51 entre 7 y 8. En tanto, Morzone subrayó que, pese al tiempo transcurrido desde que el caso tomó estado público, el kirchnerismo mantiene una postura de silencio que el edil consideró “injustificable”.
Por eso, Morzone presentó dos pedidos de informes dirigidos a la vicegobernadora Verónica Magario y al secretario de Seguridad del Municipio de La Plata, Diego Pepe, en los que solicitó precisiones sobre varios puntos centrales, como los motivos por los que no se fijó ninguna comunicación o postura institucional desde los organismos involucrados, qué aportes concretos se realizan a la Justicia, qué medidas administrativas o disciplinarias se adoptaron, y quién fue responsable de permitir el ingreso de las personas denunciadas al Senado.
Finalmente, el concejal informó que presentó un proyecto de ordenanza para crear una comisión especial e instar al intendente Julio Alak a que se presente de manera inmediata como particular damnificado en la causa, con el objetivo de motorizar la investigación en nombre de los vecinos de la ciudad.
De esta manera, desde el PRO sostienen que quienes ocupan cargos de representación “no pueden permanecer indiferentes ni evitar fijar postura” frente a lo que definen como una patología de crimen organizado, y advierten que el caso “seguirá siendo un eje de confrontación política mientras no haya respuestas claras desde el oficialismo provincial”.
El kirchernismo y La Libertad Avanza también apuntaron a la cúpula del Senado bonaerense
En enero, tres legisladoras kirchneristas presentaron el primer proyecto del bloque oficialista en el Senado bonaerense para expresar su solidaridad con las mujeres que denunciaron a dos empleados de la Cámara alta por abuso sexual y sometimiento en el marco de una presunta secta. La iniciativa fue impulsada por Mónica Macha y Laura Clark, de Nuevo Encuentro, y María Rosa Martínez, de Kolina.
En los fundamentos, las legisladoras cuestionaron la falta de pronunciamiento institucional del Senado ante la gravedad de los hechos y reclamaron que el cuerpo no permanezca indiferente frente a una causa que ya se encuentra en manos de la Justicia. Además, pidieron el rápido esclarecimiento de lo ocurrido, la determinación de responsabilidades penales y la contención y reparación de las víctimas.
En paralelo, mientras el oficialismo fijó posición por primera vez, senadores de La Libertad Avanza impulsaron un proyecto para crear una Comisión Especial de Seguimiento Institucional con el objetivo de analizar responsabilidades administrativas y fortalecer los mecanismos de control interno. En el plano judicial, el juez de Garantías Juan Pablo Masi autorizó el peritaje de dispositivos electrónicos secuestrados, una medida clave para avanzar en la causa y definir eventuales nuevas responsabilidades dentro del Senado bonaerense.
Abusos en el Senado: cómo operaba la “secta” que investiga la causa
Según las denuncias incorporadas a la causa, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz se presentaban como líderes de la organización denominada “La Orden de la Luz”, una estructura con rasgos sectarios que combinaba elementos místicos, religiosos y políticos. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez se atribuía un rol de poder absoluto bajo la figura de un supuesto “Dios Kiei”, mientras que Silva actuaba como una guía espiritual, responsable del adoctrinamiento.
Las denunciantes relataron que el mecanismo de captación comenzaba en ámbitos políticos, educativos o de militancia, donde los acusados contactaban a adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario. A estas víctimas les ofrecían pasantías en el Estado, becas supuestamente vinculadas a la Legislatura bonaerense o espacios de participación política, lo que generaba una relación inicial de dependencia.
Una vez dentro del grupo, las víctimas describieron ciertas prácticas de control extremo que regulaban su vida cotidiana. En ese marco, las mujeres denunciaron prohibiciones de vínculos personales, “misiones secretas” en la vía pública y mensajes con contenido apocalíptico, además de castigos físicos y escenas intimidatorias con armas blancas, que el líder utilizaba para reforzar su autoridad.
Dentro de la estructura denunciada, Rodríguez concentraba el poder simbólico y coercitivo, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol clave como nexo y garante del sometimiento. Según reza la causa, la imputada coordinaba encuentros tanto en su domicilio como en oficinas del Senado bonaerense, donde facilitaba el acceso a las víctimas y utilizaba su rol político para generar confianza.
