El titular de bloque de La Libertad Avanza en el Senado bonaerense, Carlos Curestis, pidió explicaciones al gobierno de Axel Kicillof por el traspaso de los docentes extraprogramáticos y del personal no docente de colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), una medida que ya generó cuestionamientos de la oposición y judicializaciones de organizaciones educativas.
La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, la cual establece que el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los colegios privados, es decir aquellos que dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria, dejarán de aportar al sistema nacional administrado por la ANSES y pasen a realizar sus aportes al IPS.
En ese sentido, Curestis presentó un pedido de informes para conocer si el Ejecutivo nacional realizó consultas formales con las asociaciones representativas de los establecimientos educativos de gestión privada, con los sindicatos que representan al personal alcanzado y con organismos nacionales competentes, en particular con el Ministerio de Capital Humano.
“El nudo del problema radica en que, al día de la fecha, no existe un acto normativo nacional que libere expresamente a los empleadores del sector de sus obligaciones de aportar al sistema administrado por ANSES respecto del personal reubicado. Esta situación coloca a las instituciones educativas ante un riesgo concreto de superposición de obligaciones”, puntualizó el senador libertario.
En detalle, Curestis manifestó que si el organismo nacional no reconoce la transferencia, el Estado podrían recibir reclamos simultáneos de ANSES y del IPS. Asimismo, la fragmentación de las historias previsionales de los docentes extraprogramáticos y no docentes de educación privada podría impedirles reunir en el futuro los años mínimos necesarios para acceder a una jubilación por cualquiera de los dos regímenes.
En ese marco, el pedido de informes hace foco en si el gobierno de Kicillof realizó un estudio de impacto económico sobre las instituciones educativas de gestión privada y sobre el ingreso de bolsillo de los trabajadores alcanzados, previo a la incorporación del artículo 59 en el Presupuesto 2026.
En particular, si el relevamiento incluyó los ejes de la eventual pérdida o inaplicabilidad del régimen diferencial de contribuciones patronales previsto por la normativa nacional y la diferencia entre el porcentaje de aporte personal al IPS y el vigente en el sistema nacional, y su incidencia sobre la remuneración neta del trabajador.
Cabe señalar que, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) advirtió en julio de este año que la medida incrementará los costos laborales de los establecimientos educativos, por lo que presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores de la provincia, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas que dejarían de aportar al sistema nacional para comenzar a realizar sus contribuciones previsionales al IPS.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales de los no docentes, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Los colegios privados siguen alcanzados por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que los libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
Al igual que Curestis, el senador de Hechos – UCR Identidad, Marcelo Leguizamón, puso la lupa sobre cuál será el incremento de las futuras obligaciones jubilatorias derivadas de la incorporación de estos trabajadores de colegios privados, el impacto sobre el déficit financiero y actuarial del IPS y el costo fiscal que deberá afrontar la Provincia en las próximas décadas.
