En medio de la polémica por el traspaso de los docentes extraprogramáticos y del personal no docente de colegios privados al régimen previsional del Instituto de Previsión Social (IPS), el senador bonaerense de Hechos – UCR Identidad, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el impacto económico, financiero y actuarial de la medida establecida en el Presupuesto 2026.
La controversia se originó a partir del artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobada en diciembre por la Legislatura bonaerense , que establece que el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los colegios privados, es decir aquellos que dictan actividades o materias por fuera de la planta funcional obligatoria, dejarán de aportar al sistema nacional administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y pasen a realizar sus aportes al IPS.
En ese contexto, Leguizamón pidió conocer cuántos trabajadores serán alcanzados por el nuevo régimen y cuántos ya fueron incorporados al IPS desde la entrada en vigencia de la ley, al tiempo que solicitó que esa información sea discriminada entre docentes extraprogramáticos y personal no docente, así como por región educativa y distrito.
Asimismo, otro de los principales ejes del pedido de informes del senador bonaerense apunta a determinar si el Ejecutivo de Kicillof realizó estudios técnicos antes de implementar la medida. En ese sentido, el legislador reclamó una copia de los informes actuariales, económicos, financieros o presupuestarios elaborados previamente, y pidió conocer cuál será la proyección de ingresos adicionales para el IPS por aportes personales y contribuciones patronales durante los próximos 10, 20 y 30 años.
Sin embargo, la solicitud de Leguizamón no se limita únicamente a los ingresos que recibirá el organismo previsional, sino que también pone la lupa sobre cuál será el incremento de las futuras obligaciones jubilatorias derivadas de la incorporación de estos trabajadores de colegios privados, el impacto sobre el déficit financiero y actuarial del IPS y el costo fiscal que deberá afrontar la Provincia en las próximas décadas.
Cabe señalar que, la iniciativa del legislador bonaerense de La Plata aparece pocos días después de que la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) cuestionara que los trabajadores del sector deben dejar el sistema nacional para incorporarse al IPS. La entidad advirtió que la medida incrementará los costos laborales de los establecimientos educativos, por lo que presentó una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad de la norma.
Inclusive, a principios de julio el propio gobierno de Javier Milei presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema contra la Provincia y el IPS, donde alegó que la medida no respeta las competencias federales, pone en juego las arcas financieras del ANSES y puede llegar a generar un conflicto entre ambos sistemas jubilatorios.
“No se desconoce que la medida adoptada por la provincia de Buenos Aires pueda perseguir objetivos vinculados con la equiparación de derechos previsionales entre trabajadores que desarrollan tareas en un mismo establecimiento educativo. Sin embargo, toda decisión que amplía el número de beneficiarios potenciales de un régimen previsional debe encontrarse respaldada por estudios técnicos que permitan evaluar su sustentabilidad en el tiempo“, expuso el senador bonaerense en los fundamentos.
En ese sentido, el platense señaló que el IPS administra un régimen previsional de reparto, lo que significa que los aportes efectuados por los trabajadores activos financian las prestaciones de los actuales jubilados y pensionados. De esa manera, Leguizamón alerta que la incorporación de un importante número de nuevos aportantes como lo son los no docentes de todos los colegios privados podría generar un incremento de los recursos del organismo, pero también una inminente generación de obligaciones futuras que deberán afrontarse cuando los trabajadores accedan a los beneficios jubilatorios.
Por eso, el senador de Hechos – UCR Identidad pidió conocer si el Gobierno de la provincia de Buenos Aires prevé realizar aportes extraordinarios al IPS para sostener el sistema previsional cuando se incorporen los nuevos trabajadores, y si solicitó opiniones técnicas, jurídicas o actuariales a universidades, colegios profesionales u otros especialistas antes de avanzar con la inclusión de miles de nuevos afiliados.
En esa misma línea, Leguizamón incorporó a los datos requeridos la edad promedio de los trabajadores alcanzados por la medida, la cantidad estimada de futuras jubilaciones y pensiones que generará el cambio durante los próximos 30 años, y conocer si el IPS elaboró distintos escenarios de proyección que contemplen las variables como la evolución salarial, la expectativa de vida, la edad efectiva de retiro y la relación entre aportantes activos y beneficiarios. “La sostenibilidad financiera del Instituto constituye una cuestión de interés público”, enfatizó el legislador.
Por último, el senador sostuvo que el Poder Legislativo necesita contar con información “objetiva y verificable” sobre las proyecciones financieras de la medida, y remarcó que la transparencia en la administración de los recursos previsionales resulta indispensable para brindar previsibilidad tanto a los actuales beneficiarios como a quienes accederán al sistema en el futuro. “La adopción de medidas con impacto de largo plazo requiere que sus fundamentos técnicos sean públicos y puedan ser evaluados por los representantes de la ciudadanía”, completó.
AIEPA cuestionó el traspaso de los no docentes al régimen previsional del IPS
A principio de este mes, AIEPA asistió a la Justicia para solicitar la inconstitucionalidad de la medida dictada por el Ejecutivo bonaerense en el Presupuesto 2026 con la que busca traspasar el personal no docente y los docentes extraprogramáticos de los colegios privados al régimen jubilatorio del IPS.
Desde AIEPA advirtieron que la medida fue adoptada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires sin ninguna instancia previa de diálogo con los representantes de los colegios privados y sin brindar un marco normativo, administrativo y operativo claro que otorgue seguridad jurídica a las instituciones educativas alcanzadas.
“El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales de los no docentes, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Los colegios privados siguen alcanzados por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que los libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”, explicó Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA.
De acuerdo a las estimaciones realizadas por el sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, correspondiente a personal auxiliar, no docente y docentes a cargo de actividades extraprogramáticas que dejarían de aportar al sistema nacional para comenzar a realizar sus contribuciones previsionales al régimen de la provincia de Buenos Aires.
