El legislador bonaerense de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto para solicitar a la Cámara de Diputados de la Nación el “pronto y expreso” tratamiento de la derogación del DNU 70/23, uno de los primeros decretos promulgados por la gestión de Javier Milei que derogó o sustituyó casi 100 leyes nacionales.
En ese sentido, Lissalde instó a los diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires a que “arbitren los medios necesarios” para garantizar el pronto tratamiento del expediente en el recinto, puesto que la derogación del DNU 70/23 cuenta con media sanción del Senado nacional desde marzo de 2024.
En rigor, el DNU titulado “Bases para la reconstrucción de la Economía argentina”, incluyó la modificación de más de 300 artículos y la derogación completa de diversas leyes. Además de la derogación de la Ley de Alquileres, el DNU quitó la ley de abastecimiento, la de góndolas, la de compre nacional, la del observatorio de precios del Ministerio de Economía y la de promoción industrial.
“El decreto tuvo un impacto directo y significativo sobre la vida cotidiana de los vecinos de la provincia de Buenos Aires, en materias tales como la regulación laboral, el régimen de alquileres, los topes a las tasas de interés en créditos personales, la Ley de Tierras y el acceso a servicios de salud, entre otras”, afirmó el diputado bonaerense de Fuerza Patria.
Según precisó Lissalde la ley Ley N.º 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Para que deje de tener vigencia y sea derogado, un DNU debe ser rechazado por las 2 cámaras, es decir, tanto por Diputados como Senadores.
Asimismo, el diputado bonaerense por la Séptima sección electoral sostuvo que varios Concejos Deliberantes de la Provincia se pronunciaron solicitando el tratamiento del proyecto de derogación, en el entendimiento de que corresponde los cuerpos legislativos hacer llegar al Congreso las inquietudes de la comunidad que representan.
“Resulta necesario que la Cámara de Diputados de la Nación se expida en forma expresa sobre la validez del decreto, tal como ya lo hizo el Senado, de manera de dar cumplimiento acabado al procedimiento constitucional previsto para el control legislativo de los DNU”, concluyó Lissalde.
El reclamo a la Cámara de Diputados para trate la derogación del DNU 70/23 también tuvo eco en otras provincias. Productores de Misiones avanzaron en una presentación judicial declarar la inconstitucionalidad del decreto, que entre otras cosas redujo funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).
Según precisaron varios legisladores nacionales de la oposición, la demora en el tratamiento del DNU 70/23 obedece a la dificultad de conseguir las 129 voluntades para obtener el quórum, debido a que ni el oficialismo ni las bancadas aliadas como el PRO y la UCR aceptarían sentarse a discutir la iniciativa.
