La investigación judicial por los presuntos abusos sexuales cometidos por dos empleados del Senado bonaerense ingresó en una etapa clave con nuevas declaraciones y medidas de prueba. La fiscalía avanzará este jueves con el peritaje de celulares y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos, una diligencia que los investigadores consideran central para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.
En los últimos días, la causa incorporó la declaración del abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, Claudio Yacoy, también señalado por las denunciantes. En ese contexto, el dirigente local se presentó de manera espontánea ante la Justicia, sostuvo que nunca recibió una notificación formal para declarar y negó haber intervenido en el expediente.
Según consta en el acta judicial, personal de la DDI intentó notificarlo sin éxito y el contacto se habría canalizado a través de Melina Gaudino, la exfuncionaria provincial mencionada reiteradamente en la causa. De acuerdo a una fuente judicial, la mujer habría facilitado un número telefónico erróneo, un episodio que los investigadores ahora evalúan bajo la hipótesis de un posible entorpecimiento de la investigación.
Por su parte, las denunciantes relataron que, tras decidir denunciar los abusos, durante meses creyeron que la causa avanzaba en la Justicia. Según los testimonios de las propias víctimas, distintas personas les aseguraron que existían escritos presentados, pedidos de protección y reuniones con la fiscalía y el juzgado interviniente.
Sin embargo, cuando las jóvenes concurrieron personalmente a la fiscalía, comprobaron que no existía ninguna actuación judicial y que las denuncias ni siquiera habían sido ingresadas. Este hallazgo expuso el rol de los presuntos intermediarios y dio impulso a nuevas líneas de investigación que hoy están en curso.
Vale precisar que Gaudino aparece mencionada por al menos tres denunciantes como la persona que se ofreció a ayudarlas y que las puso en contacto con Yacoy. En tanto, la fiscalía analiza la conducta de la referente política ante la sospecha de que pudo haber contribuido, por acción u omisión, a que las denuncias no avanzaran cuando las víctimas aún se encontraban bajo amenaza.
En paralelo al avance del expediente, el caso escaló al plano político y abrió un fuerte debate institucional en la Cámara alta bonaerense. Mientras el bloque de La Libertad Avanza impulsa la creación de una comisión especial, un puñado de senadoras de Fuerza Patria promovieron iniciativas de acompañamiento a las víctimas y de reclamo de esclarecimiento de los hechos.
Finalmente, la causa principal tiene como imputados a Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, empleados del Senado bonaerense y referentes del espacio peronista La Capitana en La Plata. Ante este panorama, la fiscal titular de la UFI N°2, Betina Lacki, deberá definir si solicita la prisión preventiva, mientras los investigadores estiman que podría haber al menos 20 víctimas, en un contexto de creciente presión política.
Abusos en el Senado bonaerense: cómo operaba la “secta” que investiga la causa
Según las denuncias incorporadas a la causa, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz se presentaban como líderes de la organización denominada “La Orden de la Luz”, una estructura con rasgos sectarios que combinaba elementos místicos, religiosos y políticos. De acuerdo con los testimonios, Rodríguez se atribuía un rol de poder absoluto bajo la figura de un supuesto “Dios Kiei”, mientras que Silva actuaba como una guía espiritual, responsable del adoctrinamiento.
Las denunciantes relataron que el mecanismo de captación comenzaba en ámbitos políticos, educativos o de militancia, donde los acusados contactaban a adolescentes o jóvenes recién egresadas del secundario. A estas víctimas les ofrecían pasantías en el Estado, becas supuestamente vinculadas a la Legislatura bonaerense o espacios de participación política, lo que generaba una relación inicial de dependencia.
Una vez dentro del grupo, las víctimas describieron ciertas prácticas de control extremo que regulaban su vida cotidiana. En ese marco, las mujeres denunciaron prohibiciones de vínculos personales, “misiones secretas” en la vía pública y mensajes con contenido apocalíptico, además de castigos físicos y escenas intimidatorias con armas blancas, que el líder utilizaba para reforzar su autoridad.
Dentro de la estructura denunciada, Rodríguez concentraba el poder simbólico y coercitivo, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol clave como nexo y garante del sometimiento. Según reza la causa, la imputada coordinaba encuentros tanto en su domicilio como en oficinas del Senado bonaerense, donde facilitaba el acceso a las víctimas y utilizaba su rol político para generar confianza.
