La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, cuestionó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires y defendió el proyecto que pretende bajar la edad de imputabilidad, al advertir que el diálogo institucional con la gestión de Axel Kicillof resulta complejo por las diferencias ideológicas sobre el tema.
En pleno debate por el Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo en el Congreso, Monteoliva afirmó que nunca dialogó directamente con Kicillof, pero sí articuló acciones de seguridad con su par bonaerense, Javier Alonso. En ese sentido, la dirigente nacional remarcó que la cooperación técnica con Provincia se sostiene aun en medio de las tensiones políticas, especialmente en operativos vinculados al delito complejo.
En relación con la imputabilidad, Monteoliva defendió una reducción de la edad mínima acorde a los estándares de la región y Europa, al tiempo que sostuvo que la criminalidad juvenil se explica por transformaciones estructurales del crimen organizado, con nuevas formas de reclutamiento y el uso de menores en delitos de alto riesgo.
Ante este panorama, la titular de Seguridad sostuvo que la normativa argentina vigente desde 1980 quedó desfasada frente a la mutación de las organizaciones criminales, que hoy reclutan niños como “soldaditos” para el narcotráfico y otras economías ilegales. De hecho, la autoridad libertaria subrayó que, con excepción de Brasil, la mayoría de los países de América Latina fija la imputabilidad penal entre los 12 y los 14 años.
“La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando. Pero creo que debería ser incluso un poquito menos porque la tendencia y la discusión está alrededor de los 12 y los 13 años”, afirmó la funcionaria.
Por otro lado, la ministra aclaró que la reducción de la edad no puede ser una medida aislada y reclamó una reforma integral que incorpore prevención, contención social y recursos específicos para la reintegración de los menores involucrados en delitos, a los que las organizaciones criminales recurren por su capacidad de reemplazo inmediato.
En tanto, la representante del Ejecutivo libertario explicó que, si bien la competencia de la Justicia de Menores recae en los distritos, el Gobierno nacional impulsa un cambio de enfoque a nivel federal. En ese sentido, la sucesora de Patricia Bullrich puntualizó en la implementación de programas como el Plan Bandera, que demandan acuerdos políticos, incluso entre gestiones de distinto signo.
Por último, Monteoliva abordó otros ejes en agenda, como el endurecimiento de penas por incendios forestales y la continuidad del protocolo antipiquete, al que definió como una herramienta de planificación operativa. Además, la responsable de la cartera nacional reconoció una brecha entre estadísticas oficiales y la percepción social de inseguridad, ya que, según afirmó, el 19% de los homicidios se vinculan con el crimen organizado.
En qué consiste la Ley Penal Juvenil, con la que pretenden bajar la edad de imputabilidad
En paralelo al debate por la reforma laboral, el Gobierno busca avanzar en febrero, con el tratamiento de la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos prioritarios para la cartera de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva. La iniciativa forma parte del temario de sesiones extraordinarias, y el oficialismo apunta a abrir una negociación con sectores de la oposición para alcanzar consensos mínimos.
El eje central consiste en la reducción de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en 16 años, hasta los 14 años. Para este objetivo, la pata legislativa de La Libertad Avanza, intentará retomar y modificar el texto que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, con la expectativa de sumar apoyos del arco opositor dialoguista.
Entre los puntos salientes, la propuesta contempla un sistema diferenciado para menores de entre 13 y 16 años, con énfasis en tareas comunitarias, justicia restaurativa, programas educativos y acompañamiento interdisciplinario. La pena de prisión quedará reservada para delitos graves, con un tope de hasta 15 años y la posibilidad de sustituciones parciales, una vez cumplidos dos tercios de la condena.
Finalmente, desde el Gobierno confirmaron que el proyecto será enviado al Congreso en febrero, aunque reconocieron que los tiempos resultan ajustados por la conformación de comisiones. Frente a ese escenario, desde las filas libertarias no descartan que el tratamiento se extienda al período ordinario que comenzará el 1° de marzo, pese a la intención inicial de lograr la sanción durante las sesiones extraordinarias.
