Diputados bonaerenses de Fuerza Patria, el PRO, la UCR y Unión y Libertad acordaron un proyecto para modificar la ley que regula el Tribunal Fiscal de Apelación, el órgano de revisión encargado de resolver los conflictos entre los contribuyentes y la administración fiscal de la provincia de Buenos Aires.
En ese sentido, el proyecto conjunto entre oficialismo y oposición tiene el objetivo de “optimizar el funcionamiento jurisdiccional” del Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia y “dotarlo de herramientas que contribuyan a una prestación más eficiente del servicio de justicia administrativa tributaria”. Asimismo, instituye la aplicación de la Tasa de Actuación del 0,60% como contraprestación por el servicio de jurisdicción administrativa especializado.
El expediente ingresado a la Cámara baja provincial, que comenzará su recorrido esta semana en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, lleva las firmas de los titulares de bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli; del PRO, Alejandro Rabinovich; de UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena; y de Unión y Libertad, Martín Rozas.
“Las reformas propuestas no persiguen ampliar las competencias del Tribunal Fiscal de Apelación, sino actualizar su estructura y su funcionamiento conforme a las actuales exigencias de eficiencia y especialización y calidad institucional”, puntualizaron los legisladores firmantes.
En primer término, los diputados plantearon aumentar de 1 a 3 la cantidad de relatores que asisten a los nueve vocales integrantes del organismo, por lo que se crearían 18 nuevos puestos laborales. “Cada vocal será asistido por hasta tres relatores, con título de abogado o contador, teniendo al menos uno de ellos título profesional diferente al de quien asista”, establece el proyecto.
Asimismo, la reforma al decreto ley 7603/70 contempla la incorporación de un mecanismo que permite prescindir del tercer voto cuando exista coincidencia de fundamentos entre los dos primeros vocales. Según precisaron los diputados del oficialismo y la oposición, este cambio se inspira en el funcionamiento de los tribunales colegiados del Poder Judicial bonaerense. “Redunda en una mayor celeridad sin menoscabo de las garantías del debido proceso”, indicaron.
En detalle, el Tribunal Fiscal de Apelación de la provincia está compuesto de nueve vocales, los cuales son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de ambas Cámaras, y divididos en tres salas, integradas por dos abogados y un contador público. Entre sus funciones, está la de resolver apelaciones referidas a la imposición de multas o reclamos vinculados al Catastro provincial.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de la “Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal de Apelación”, que se calculará sobre el importe de los saldos del impuesto determinado en la apelación y/o el monto correspondiente a multas aplicadas. En detalle, fija una alícuota general del equivalente al 0,60% aplicable sobre la base imponible determinada.
“Su configuración responde a la naturaleza propia de las tasas retributivas de servicios. La cuantía prevista procura mantener una incidencia económica razonable y proporcional respecto de la pretensión discutida, evitando que constituya un obstáculo para el acceso a la jurisdicción administrativa tributaria”, argumentaron los diputados de Fuerza Patria, el PRO, UCR y Unión y Libertad.
Por último, el proyecto crea el “Fondo de Jerarquización y Especialización Técnico-Tributaria (FOJET)” para el personal del Tribunal Fiscal de Apelación, donde el 100% de lo recaudado por la tasa de actuación será destinado a “financiar procesos de modernización tecnológica, adquisición de equipamiento y capacitación continua de magistrados y agentes”.
En concreto, el Tribunal Fiscal de Apelación es un organismo autárquico que funciona como una suerte de “árbitro” especializado entre el Estado y los contribuyentes. Cuando la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) reclama una deuda impositiva o aplica una multa a una empresa o a un particular y estos no están de acuerdo, pueden recurrir al organismo. Su función es revisar el caso y resolver la controversia dentro del ámbito administrativo, actuando como un filtro antes de que el conflicto llegue a los tribunales ordinarios y derive en un proceso judicial más largo y costoso.
