En las últimas horas se reactivó la tensión por un presunto entramado en el que confluirían el empresario Leandro Camani, el fiscal platense Álvaro Garganta y el dirigente de la Coalición Cívica Matías Yofe y que estaría operando en una serie de causas que nuevamente incomodan al peronismo bonaerense y que, en el pasado reciente, tuvieron consecuencias directas en el Gabinete de Axel Kicillof.
En rigor, no se trataría de una alianza formal, ni de un esquema orgánico declarado. Según deslizan, hay una secuencia que se repetiría con llamativa regularidad: denuncias promovidas por Camani, expedientes que recaen en la fiscalía de Garganta y derivaciones políticas que encuentran amplificación en sectores opositores, entre ellos Yofe. Son misilazos al corazón del Gobierno provincial.
El antecedente más contundente fue la crisis que desembocó en la salida de Jorge D’Onofrio del Ministerio de Transporte bonaerense. Si bien el exfuncionario tenía anclaje político en el massismo y su relación con el gobernador Kicillof atravesaba tensiones internas, el impacto acumulado de las denuncias vinculadas al sistema de VTV y al esquema de fotomultas terminó por erosionar su continuidad.
En aquel momento, las presentaciones impulsadas por Camani pusieron bajo la lupa a empresas como TNG Group SA y CECAITRA, además de los convenios asociados al sistema de control vehicular. La escalada judicial, sumada al desgaste mediático y político, configuró un escenario insostenible para el entonces ministro. Yofe venía denunciando a D’Onofrio. Ambos militan en Pilar.
Ahora, el foco parece haberse desplazado hacia otro organismo clave: la empresa Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, muchísimo más conocida como CEAMSE. El conflicto entre Camani y el presidente del ente, Claudio “Chiqui” Tapia, derivó en nuevas denuncias que rápidamente adquirieron dimensión pública y volvieron a tensionar al oficialismo bonaerense.
La causa, que incluye acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes de funcionario público, quedó radicada en la fiscalía de Garganta. El dato no pasó desapercibido en los pasillos políticos donde, de acuerdo a lo que se pudo reconstruir, se interpreta como la reedición de un circuito que habría mostrado capacidad de daño institucional.
El empresario refiere que el presidente de la CEAMSE, alineado a Kicillof, “maliciosa e intencionalmente” incumple “un acto administrativo dictado por el Ministro de Transporte, por el cual se dispone la colocación de equipos de control de infracciones en el Camino del Buen Ayre”.
Precisamente, Camani fue incluido por el “Chiqui” Tapia en una denuncia contra los “lilitos” Yofe y Facundo del Gaiso. Tapia sostuvo que lo extorsionan con la denuncia sobre la mansión de Pilar y afirma que Camani está vinculado a ellos porque pretende que el CEAMSE le otorgue a su empresa la provisión de los equipos de fotomultas en el Camino del Buen Ayre, que administra.
En paralelo, Matías Yofe volvió a ganar protagonismo en el debate sobre el sistema de multas y radares. El dirigente no solo reactivó objeciones a los convenios, sino que además impulsó un jury contra el juez de Garantías Juan Pablo Massi, luego de que este resolviera apartar a la empresa Secutrans —propiedad de Camani— como particular damnificado en una causa vinculada al esquema de fiscalización.
Según fuentes del sector, la secuencia volvería a repetirse: denuncia judicial, expediente en curso, amplificación política y presión sobre el Ejecutivo. La preocupación no es menor. Ya hubo un Ministro de Kicillof que perdió su cargo en un contexto similar. Ahora la tensión alcanza a un dirigente con peso propio dentro del armado político del Gobernador, lo que eleva el volumen del conflicto.
Radares, fotomultas y frentes de conflicto en el Gabinete de Kicillof
El trasfondo de esta nueva escalada no puede escindirse del debate abierto en torno al sistema de radares y fotomultas en la provincia de Buenos Aires, administrada por Kicillof. El entramado de convenios, empresas privadas y organismos públicos volvió al centro de la escena tras la reconfiguración de áreas estratégicas vinculadas al control del tránsito.
El CEAMSE, bajo la presidencia de Claudio “Chiqui” Tapia, quedó en el radar político en medio de cuestionamientos cruzados sobre la administración y el alcance de decisiones institucionales. Aunque el organismo tiene como función principal la gestión de residuos, su conducción se vio salpicada por el clima de sospechas que rodea a distintos esquemas de contratación y control en la órbita provincial.
En ese contexto, la discusión sobre las fotomultas y los sistemas de fiscalización electrónica volvió a escalar. Los convenios firmados con municipios y empresas privadas, así como la distribución de los ingresos derivados de las infracciones, constituyen un terreno sensible que combina intereses económicos y disputas políticas.
