La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará este viernes un paro “a la japonesa” en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ante una nueva amenaza de despidos en el organismo, con el objetivo de visibilizar la efectividad de la gestión de los empleados. El sindicato votó la medida en asamblea y definió una modalidad de protesta que buscará visibilizar el rol de los trabajadores en la defensa del derecho a la salud.
La conducción gremial explicó que la protesta consistirá en atender reclamos en la puerta de ingreso del organismo y acelerar los trámites para evidenciar el funcionamiento interno. El sindicato señaló que la acción apunta a mostrar la centralidad del personal en la resolución de conflictos sanitarios que afectan a los usuarios.
En ese marco, el secretario general de la ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la gestión del actual superintendente Claudio Stivelman y denunció irregularidades en el funcionamiento del organismo supervisor. “Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas”, afirmó Aguiar.
El dirigente sindical profundizó las acusaciones y cuestionó el accionar de la conducción del organismo. A su vez, el gremio advirtió que las autoridades paralizan expedientes vinculados a reclamos sanitarios y agravan la situación de quienes necesitan respuestas urgentes para acceder a prestaciones médicas.
“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar al fundamentar la protesta.
Por otra parte, Aguiar también sostuvo que desde la Superintendencia se favorecen negocios millonarios con consecuencias graves para los pacientes. El representante de ATE advirtió que ese escenario avanza junto a la falta de control sobre las prepagas y a la acumulación de reclamos sin resolver dentro del organismo, lo que expone fallas estructurales en su funcionamiento.
A partir de ese diagnóstico, la entidad que representa a los trabajadores estatales alertó que la situación compromete la capacidad del organismo, mientras que la ausencia de controles efectivos permite el cobro de coseguros ilegales y vulnera las prestaciones establecidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO).
Finalmente, el gremio vinculó el conflicto con un escenario más amplio de ajuste sobre el sistema público y denunció una persecución laboral contra los trabajadores del organismo. Por caso, la organización sindical afirmó que la reducción de personal y la paralización de funciones afectan de manera directa el acceso al derecho a la salud de los beneficiarios, por lo que reclamó su cumplimiento.
La Superintendencia de Servicios de Salud avanza con nuevas medidas, en plena tensión con ATE
En paralelo al conflicto gremial en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo esquema para la cobertura de monotributistas. A través de la Resolución 492/2026, el organismo creó una sección específica en el Registro de Agentes de Salud, para reasignar afiliados ante la baja de obras sociales.
La medida establece que solo podrán recibir a estos beneficiarios aquellas entidades que se inscriban y acrediten solvencia, mientras que las obras sociales en crisis quedarán excluidas del sistema. En ese marco, la iniciativa apunta a evitar interrupciones en la atención médica y garantizar la continuidad de tratamientos.
Asimismo, el mecanismo prevé una reasignación automática de los afiliados, con el objetivo de eliminar períodos sin cobertura sanitaria. La disposición alcanza exclusivamente a monotributistas y se implementará a partir del listado de prestadoras habilitadas dentro del registro oficial.
Vale precisar que la decisión oficial se conoce en un contexto de cuestionamientos al funcionamiento del organismo, donde los trabajadores denuncian demoras en expedientes y falta de control sobre las prestadoras. En ese escenario, la administración libertaria busca ordenar el sistema con mayores exigencias sobre las entidades, en medio de una creciente tensión interna en la SSS.
